Bruselas podría pronunciarse en cualquier momento sobre la legalidad de las prórrogas de la autopista AP-9. En septiembre de 2021, la Comisión Europea (CE) inició los trámites de un expediente de sanción a España al entender que la renovación de la concesión a favor de Audasa no se había hecho conforme al derecho comunitario. España se la había otorgado directamente a la empresa, entonces pública, sin mediar ningún concurso para que otros candidatos pudiesen ofrecer sus propuestas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido defender la prórroga y ha remitido sus argumentos a la CE. Pero no los hace públicos. El Ministerio de Transportes asevera que «este tipo de procedimientos» están sujetos a la «confidencialidad». El expediente de infracción partió… Ver Más
Fuente ABC
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