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Por Nicolas Wiñazki
La diputada Graciela Ocaña denunció en la Justicia a Luana Volnovich y Martín Rodríguez, su pareja y número dos el organismo. Enviaban fondos a centros de jubilados manejados por la agrupación K.
En la última emisión de PPT, el programa que conduce por El Trece Jorge Lanata, se difundió un informe que mostraba posibles irregularidades con desvíos de fondos del PAMI de Hurlingham a centros de jubilados de ese distrito que nunca funcionaron de acuerdo a las normas. El total del dinero que la obra social de los jubilados destinó a diferentes planes estatales en ese distrito es de $47.115.900. El intendente de Hurlingham se llama Damián Scelci y milita en La Cámpora.
La directora del PAMI es Luana Volnovich, otra militante de la misma agrupación K, igual que el sub director, Martín Rodríguez. Éste último funcionario es dirigente “camporista” en Hurlingham, la localidad en la que el flujo de fondos públicos que el PAMI giró a la comuna es llamativa no solo por la cantidad, alta, si no también por el modo a quiénes beneficiaron esos montos. La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, presentó una denuncia en la Justicia enfocada en estas cuestiones. La tramita el titular de la UFI PAMI, Javier Arzúa.
Clarín pudo saber que existe más documentación que podría comprometer a las autoridades de la obra social bajo mando “camporista”. Las autoridades de los centros de jubilados bajo sospecha, por ejemplo, son empleados de la Municipalidad del distrito de Scelci y Rodríguez, o trabajan en el PAMI. Que sean municipales o militantes de La Cámpora quiénes cobraron esos millones de pesos genera aún menos transparencia y más intrigas a esta trama: funcionarios de La Cámpora del PAMI Hurlingham ordenaron pagar fondos millonarios a centros de jubilados integrados por jóvenes de La Cámpora.
Luana Volnovich junto a su pareja y dos del PAMI Martín Rodríguez
Tras conocerse esta información, y desatado un escándalo político, el PAMI no contestó de modo institucional sobre el asunto. Rodríguez, pareja de Volnovich, lo hizo a través de sus redes. Afirmó que todo lo cuestionado estaba en regla y calificó a la denuncia de Ocaña como “fake news”, es decir, como una noticia falsa. Hay muchos papeles oficiales que podrían indicar lo contrario. Eso, aunque en el programa PPT una de las titulares de los dos centros de jubilados ahora bajo pesquisa judicial admitió que formaba parte del entramado, después de se detectara que efectivamente se le había girado esa plata desde PAMI.
Los expedientes internos de la institución a los que accedió este diario muestran además que parte de ese dinero pudo ser cobrado por el centro de jubilados “Güemes” antes de que éste fuera reconocido legalmente como tal.
El informe de PPT se basó en dos hechos, pero en la denuncia de Ocaña se enumeran muchas más supuestas irregularidades en el distrito de Scelci-Rodríguez por un valor total ya mencionado: casi 50 millones de pesos.
La denuncia de Ocaña primero intenta delimitar los hechos con los siguientes delitos, y se señala quiénes serían funcionarios responsables: “Luana Volnovich, -Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)-, Jorge Martín Rodríguez Alberti – Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y Damián Gabriel Selci -Intendente interino del Municipio de Hurlingham- por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la Administración Pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica”.
En pleno confinamiento obligado por la pandemia, el PAMI de Hurlingham aprobó, junto con la municipalidad, la creación de dos de esas asociaciones que tienen como fin funcionar realizando actividades de diversos rubros dedicadas a jubilados y pensionados que conforman así grupos colectivos de pertenencia en los que comparten diferentes acciones.
Uno de los beneficiados en plena cuarentena es el ya nombrado centro Güemes.
Según el propio expediente del PAMI, se constituyó como tal en un acta fechada el 1 de febrero del 2021. El 2 de marzo fue registrado por el PAMI como un nuevo centro de jubilados de la zona. Dos días después, fue elegido para realizar un proyecto “socio preventivo”. Esa misma fecha, el PAMI le otorga una suma extraordinaria para el promedio que destina a subsidios de ese tipo: $2.652.000. Lo extraordinario -o un posible delito- es que se especifica que ese abono de fondos corresponde a los meses de enero-febrero-marzo.
En enero, el centro Güemes no existía.
Algo similar pasó con el llamado centro San Javier. La denuncia de Ocaña remarca una variable fundamental de esta historia: “Dicho centro fue creado -conforme su estatuto- el 12 de Abril de 2021. En la comisión directiva aparecen los nombres de Juan Manuel Novillo, de 27 años, (Secretario), Gonzalo Nicolás García, de 31 años, (Tesorero) y Melisa Gisel Gonzales (Revisora de Cuentas), quienes casualmente también serían empleados del Municipio de Hurlingham”.
Novillo fue designado en el PAMI Hurlingham en noviembre del 2021.
Este centro de jubilados tiene una particularidad notable: la dirección que figura en su acta de creación, en la calle Liosaga al 2700, no existe. ¿Donde funciona? Nadie supo responder. Por tres meses de trabajos hechos en principio en ninguna parte, San Javier cobró $2.547.000. El convenio que firmó con PAMI fue fechado un mes antes de que la obra social lo reconociera como centro de jubilados. Se dijo: quienes cobraron esa plata en nombre de San Javier eran funcionarios de la comuna de Hurlingham, del “camporista” Scelsi, que recibió los fondos del PAMI también bajo control de La Cámpora.
En el caso de los centros “Güemes” y “San Javier”, el argumento del PAMI para transferir tal cantidad de dinero (de acuerdo a la denuncia los fondos son aún mayores) fue que debían ayudar a la entidad a implementar un relevamiento de los afiliados del PAMI en Hurlingham ya que en ese distrito la única clínica que atendía a los jubilados con esa obra social, cerró. Esto se habría instrumentado a través de la contratación de jóvenes a los que se identifica como “llamadores”.
Su función era comunicarse por teléfono con casa uno de los afiliados PAMI de la localidad de Scelci para orientarlos ante cualquier necesidad o duda. ¿Por qué desviar la plata de los “llamados” a través de centro de jubilados? En el PAMI dicen que pueden explicarlo.
Las dudas son más y las acciones que se denuncian como irregulares, también.
Ocaña, la denunciante, dice tener la certeza de que con la documentación que transformó en denuncia judicial muestra cómo “La Cámpora usa a organismos públicos como ‘cajas’ para recaudación y contrataciones políticas”. El caso PAMI Hurlingham recién empieza.
Fuente Clarin
