Por RR
Buenos Aires-4 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- En medio del ruido político que provocó la difusión de créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo, la ministra Sandra Pettovello decidió hacer lo que en otros despachos todavía dudan o directamente evitan: actuar rápido, cortar por lo sano y enviar una señal política nítida. La titular de Capital Humano desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, después de que trascendiera que había accedido a uno de esos préstamos, y en el Gobierno dejaron trascender una explicación sencilla pero potente: más allá de la legalidad formal de la operación, se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada y que terminó generando un ruido público innecesario en un momento de extrema sensibilidad política.
La reacción de Pettovello sobresale justamente porque no se apoyó en excusas burocráticas ni en tecnicismos bancarios. La ministra no salió a refugiarse detrás del argumento de que el crédito estaba abierto al público, ni eligió la estrategia de mirar para otro lado mientras escalaba la polémica. Hizo otra cosa: entendió que en política no alcanza con que un movimiento sea eventualmente defendible en papeles si, al mismo tiempo, erosiona la credibilidad del discurso de austeridad, orden y ejemplaridad que el oficialismo busca sostener. En un gabinete donde muchas veces los problemas se administran con demoras, matices o silencios, el gesto de Pettovello fue leído como una demostración de reflejos políticos y de disciplina interna.
El caso explotó después de que se difundieran datos de la Central de Deudores del Banco Central, sistematizados en el sitio “¿Cuánto deben?”, a partir de los cuales comenzaron a circular nombres de funcionarios, asesores y legisladores oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios por montos muy elevados. Entre ellos aparecieron dirigentes del área económica, del Banco Central, de la comunicación oficial y diputados de La Libertad Avanza. La oposición reaccionó con pedidos de informes y reclamos de investigación, mientras el Banco Nación respondió con un comunicado en el que sostuvo que el proceso de acceso a esos préstamos es “homogéneo y sin excepciones”, aunque también quedó expuesto que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos con condiciones más favorables que la línea general.
En ese contexto, la decisión de Pettovello adquirió un valor adicional. No porque resuelva por sí sola toda la controversia, sino porque marca una diferencia de conducta dentro del propio oficialismo. Mientras otras áreas quedaron atrapadas entre explicaciones formales y silencios incómodos, la ministra eligió desactivar de inmediato una situación que amenazaba con complicar aún más a un Gobierno ya castigado por otros frentes sensibles. Fuentes citadas por distintos medios coincidieron en que la titular de Capital Humano no objetó la existencia del crédito como mecanismo legal, pero sí el costo político de que un funcionario de su riñón tomara una decisión de semejante exposición sin medir el impacto institucional. Esa lectura, en términos políticos, parece difícil de discutir.
La actitud de Pettovello también puede leerse como un mensaje interno hacia el resto del gabinete. En un gobierno que hizo de la crítica a los privilegios, a la política tradicional y al desorden del Estado una de sus banderas centrales, no hay demasiado margen para convivir con conductas que, aunque encuadren en reglamentos o líneas crediticias abiertas, se perciban como desalineadas del clima de época que la propia administración intentó construir. Dicho sin vueltas: la ministra entendió que, cuando el contexto aprieta, la política exige prudencia, ejemplaridad y costo personal. Y actuó en consecuencia.
Por eso, en lugar de quedar sólo como una baja más en medio del escándalo, la salida de Massaccesi terminó destacando otra cosa: la disposición de Pettovello a tomar decisiones incómodas para preservar una línea de conducta. En la práctica, fue una forma de recordarle al oficialismo que la coherencia no se declama, se ejerce. Y que cuando una gestión promete terminar con los viejos hábitos de la política, no puede darse el lujo de relativizar episodios que, aun sin configurar necesariamente una irregularidad penal, sí golpean la credibilidad pública. En tiempos donde abundan las justificaciones y escasean los gestos, la ministra eligió dar uno. Y ese gesto, dentro del Gobierno, no pasó inadvertido
