Paraná – 16 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La preocupación por el avance del narcotráfico en Entre Ríos volvió a quedar instalada tras nuevas denuncias periodísticas sobre presuntos vuelos clandestinos en zonas rurales del sur provincial, especialmente en áreas de difícil control territorial y con antecedentes vinculados al tráfico aéreo de drogas.
El tema golpea de lleno al gobierno de Rogelio Frigerio y, especialmente, al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal Argentina, ex titular de Drogas Peligrosas y especialista reconocido en grandes organizaciones de narcotráfico. Justamente por ese antecedente, llama aún más la atención que la provincia aparezca bajo creciente presión narco y que, en ese contexto, se denuncie la baja del único helicóptero operativo afectado a tareas de vigilancia, patrullaje y apoyo policial, sin reemplazo inmediato conocido.
La contradicción es evidente: mientras el narcotráfico se mueve por aire, tierra y agua, el Estado provincial discute o reduce capacidades aéreas. En seguridad, perder movilidad aérea no es un detalle administrativo. Es ceder tiempo, cobertura, capacidad de reacción y presencia disuasiva.
Un informe periodístico volvió a poner el foco sobre la presunta utilización de sectores rurales del sur entrerriano para vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico. La publicación advierte sobre la necesidad de reforzar controles aéreos, investigar pistas improvisadas y monitorear campos, caminos vecinales, zonas de islas y corredores próximos a rutas estratégicas.
La inquietud no surge en el vacío. Entre Ríos ya tiene antecedentes concretos de utilización de aeronaves en maniobras narco. En enero de 2025, una avioneta aterrizó en la zona de Ibicuy con más de 350 kilos de cocaína, en una causa federal que luego derivó en allanamientos, secuestro de dinero, oro, municiones, dispositivos de comunicación y hasta un simulador de vuelo que, según los investigadores, podría haber sido usado para entrenar pilotos de la organización.
Ese caso reveló una estructura mucho más sofisticada que una simple avioneta perdida en el campo. La investigación apuntó a logística internacional, adquisición de aeronaves, abastecimiento, rutas irregulares, pilotos entrenados y vínculos transnacionales. En otras palabras: el narcotráfico no improvisa. Estudia el terreno, mide las capacidades del Estado y elige dónde operar.
En los últimos días, la provincia también fue escenario de uno de los operativos antidrogas más importantes de su historia reciente. Fuerzas provinciales secuestraron más de 250 kilos de cocaína tras una persecución en el norte entrerriano, en un cargamento valuado en millones de euros en el mercado internacional. El procedimiento fue presentado por Frigerio y Roncaglia como una señal de fortaleza institucional. Faltan investigaciones profundas, solo caen los que “caen”.
Sin embargo, ese golpe también mostró la magnitud del problema. Si cargamentos de semejante volumen circulan por rutas entrerrianas, la pregunta no es sólo cuánta droga se secuestra, sino cuánta logra pasar. Y si además existen sospechas sobre vuelos clandestinos en el sur provincial, el cuadro obliga a una respuesta integral, no a medidas aisladas ni a gestos de comunicación.
La geografía entrerriana vuelve el desafío todavía más complejo. La provincia tiene ríos, islas, pasos fronterizos, rutas nacionales, caminos rurales, zonas productivas extensas y una ubicación estratégica entre Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Uruguay. Ese mapa puede ser una ventaja para el desarrollo, pero también una oportunidad para organizaciones criminales que buscan corredores alternativos para mover cocaína, marihuana, armas o dinero.
El propio Roncaglia reconoció en distintos operativos que Entre Ríos se ubica en una zona sensible por sus rutas, ríos, hidrovía y conexiones interprovinciales. Esa admisión vuelve más delicada la decisión de dejar a la Policía entrerriana sin una herramienta aérea clave, si se confirma que el helicóptero fue quitado de servicio sin reemplazo.
En una provincia bajo amenaza narco, un helicóptero no es un lujo. Es una herramienta de vigilancia, persecución, búsqueda, apoyo táctico, monitoreo de caminos rurales, control de zonas de islas y asistencia en operativos de alto riesgo. También tiene valor disuasivo: donde el Estado puede mirar desde arriba, el narco tiene menos margen para moverse con impunidad.
El contraste con Santa Fe resulta inevitable. Mientras la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro avanzó en la incorporación y renovación de aeronaves para patrullaje y apoyo operativo, Entre Ríos aparece bajo cuestionamientos por retirar de servicio su única aeronave afectada a esas tareas. Santa Fe, que enfrenta desde hace años el fenómeno narco en Rosario y otras zonas críticas, entendió que la lucha contra el crimen organizado exige presencia aérea, tecnología, inteligencia criminal y coordinación permanente.
La comparación incomoda a la administración Frigerio. Si una provincia vecina, golpeada por la violencia narco, invierte en patrullaje aéreo, Entre Ríos no puede darse el lujo de retroceder en capacidades justo cuando aparecen denuncias sobre vuelos clandestinos y se multiplican decomisos de gran escala.
La figura de Roncaglia agrega una carga política adicional. No se trata de un funcionario improvisado en materia de seguridad. Fue jefe de la Policía Federal, estuvo al frente de áreas especializadas en narcotráfico, recibió capacitación internacional y conoce de primera mano cómo operan las organizaciones criminales. Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede una provincia conducida en seguridad por un experto en narcotráfico aparecer tan vulnerable frente al avance de vuelos clandestinos, cargamentos millonarios y presuntas zonas rurales utilizadas por bandas narco?
La respuesta oficial suele destacar operativos, decomisos y despliegues policiales. Frigerio presentó la “Operación Blindaje Provincial” con 1.600 efectivos distribuidos en los 17 departamentos, controles en pasos estratégicos y coordinación con fuerzas de provincias vecinas. Pero la magnitud del desafío exige más que presencia en rutas y anuncios de patrullaje. El narcotráfico no se combate sólo con controles visibles: requiere inteligencia, seguimiento financiero, vigilancia aérea, radarización, cooperación federal, control de pistas, monitoreo de hangares, trazabilidad de aeronaves y presencia sostenida en territorio.
También exige no desarmar capacidades. Si el helicóptero provincial fue efectivamente dado de baja sin reemplazo, la decisión merece explicaciones urgentes. ¿Cuál fue el motivo técnico o presupuestario? ¿Qué evaluación de riesgo se hizo? ¿Qué herramienta lo reemplaza? ¿Qué cobertura aérea tiene hoy la Policía de Entre Ríos? ¿Qué coordinación existe con Nación para vigilancia de vuelos irregulares? ¿Cuántas pistas rurales fueron relevadas en el sur provincial? ¿Cuántos vuelos sospechosos fueron informados a la Justicia Federal?
La ciudadanía tiene derecho a conocer esas respuestas. Más aún cuando las denuncias sobre vuelos clandestinos no son una fantasía abstracta: existen antecedentes concretos de avionetas con cocaína, investigaciones federales abiertas y patrones regionales de narcotráfico aéreo que ya afectaron a Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias del litoral.
El avance narco suele comenzar en silencio. Primero aparecen vuelos aislados, campos usados como puntos de descarga, caminos vecinales sin control, logística de combustible, hangares discretos, celulares satelitales, vehículos de apoyo y operadores locales. Después vienen el lavado, la violencia, la corrupción y la captura territorial. Cuando el Estado reacciona tarde, el costo social ya es mucho más alto.
Por eso la situación de Entre Ríos no admite complacencia. El secuestro de más de 250 kilos de cocaína fue un golpe importante, pero también una advertencia. El antecedente de Ibicuy con más de 350 kilos en una avioneta fue otro aviso. Las denuncias sobre vuelos clandestinos en el sur provincial suman una tercera señal. La eventual baja del helicóptero policial, en ese contexto, parece una decisión difícil de defender.
El gobierno de Frigerio y Roncaglia enfrenta una prueba de consistencia. No alcanza con decir que se combate al narcotráfico. Hay que demostrar que se fortalecen las herramientas para hacerlo. Si el crimen organizado amplía su logística aérea, el Estado no puede responder reduciendo su capacidad aérea.
En seguridad, los vacíos se ocupan rápido. Si no los ocupa el Estado, los ocupan los narcos.
