Buenos Aires – 16 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La causa que investiga presuntas maniobras irregulares para acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández podría ingresar en una etapa de alto impacto político y judicial. El financista Francisco Hauque decidió avanzar con un pedido para convertirse en imputado colaborador, una figura procesal que podría aportar información sobre funcionarios, intermediarios y operadores que habrían participado en el supuesto circuito de compra de divisas al tipo de cambio oficial para luego derivarlas al mercado informal.
Según trascendió, su abogado, Carlos Pousa, presentará un escrito para formalizar la voluntad de su defendido de acogerse al régimen del arrepentido. La presentación no implica una incorporación automática a esa figura, ya que primero Hauque debería ser convocado a declaración indagatoria y, en ese marco, ofrecer información útil, verificable y orientada a responsabilidades de igual o mayor jerarquía.
La estrategia de la defensa apunta a dejar asentado que, si la Justicia lo llama a indagatoria, Hauque está dispuesto a colaborar. A partir de allí, el eventual acuerdo deberá atravesar las instancias previstas por la ley: aceptación del fiscal, evaluación de la calidad de la información aportada y posterior homologación judicial.
La figura del imputado colaborador, regulada por la Ley 27.304, no funciona como una simple declaración mediática. El arrepentido debe aportar datos concretos, comprobables y relevantes para la investigación. Además, sus dichos no alcanzan por sí solos para sostener una acusación: deben ser corroborados con prueba independiente. En términos procesales, no basta con hablar; hay que probar.
El movimiento de Hauque se produce días después de que realizara fuertes señalamientos públicos contra el ex presidente Alberto Fernández y contra ex funcionarios del Banco Central de la República Argentina. El viernes pasado aseguró que Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y apuntó también contra María Valeria Fernández, una de las ex funcionarias mencionadas en el expediente.
La investigación analiza un presunto circuito diseñado para obtener dólares en el mercado oficial de cambios mediante autorizaciones de importación y luego volcarlos al mercado blue o a operatorias paralelas, con ganancias millonarias derivadas de la brecha cambiaria. La hipótesis judicial sostiene que empresarios, financistas, intermediarios y personas con llegada a organismos públicos habrían articulado un esquema para facilitar el acceso a divisas a cambio de pagos clandestinos.
Uno de los ejes principales de la causa está vinculado al sistema SIRA —Sistema de Importaciones de la República Argentina—, implementado durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y utilizado para administrar autorizaciones de importación en plena vigencia del cepo cambiario. En ese contexto, conseguir una aprobación no era un trámite administrativo menor: podía significar acceso a dólares baratos en una economía partida por la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Entre los nombres que aparecen en el expediente figuran Francisco Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio. La fiscalía analiza qué rol habría cumplido cada uno dentro de la operatoria. Según la reconstrucción judicial, Migueles habría actuado como intermediario con capacidad para acelerar aprobaciones SIRA a cambio de pagos calculados sobre el monto involucrado y referenciados al valor del dólar blue.
En audios incorporados a la investigación, Migueles aparece hablando de supuestos costos para destrabar autorizaciones. En una de esas conversaciones habría dicho: “Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”. En otro intercambio agregó: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Para los investigadores, esos diálogos podrían reflejar una cadena de intermediación destinada a obtener autorizaciones mediante pagos informales, con márgenes de ganancia repartidos entre operadores privados y presuntos contactos dentro de organismos públicos.
El expediente también puso bajo la lupa a funcionarios y ex funcionarios vinculados al Banco Central. Entre las personas mencionadas aparecen Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime. La fiscalía busca determinar si alguno de ellos desplegó conductas contrarias a los deberes funcionales o facilitó el acceso irregular al mercado oficial de cambios.
En ese marco surgió una referencia especialmente sensible: la llamada “vieja del Central”, mencionada en conversaciones entre Hauque y Migueles. En uno de los diálogos incorporados al expediente, Hauque habría afirmado que esa mujer “se llevó una fortuna” y que continuaba exigiendo dinero. La Justicia intenta establecer si esa expresión aludía a una persona con influencia real dentro del organismo monetario o si formaba parte del lenguaje interno de los operadores.
La decisión de Hauque de buscar la figura del arrepentido podría ser determinante si aporta nombres, fechas, mecanismos de pago, cuentas, sociedades, funcionarios involucrados y documentación que permita reconstruir el circuito de dinero. En causas de corrupción o maniobras financieras complejas, la colaboración sólo tiene valor si permite subir en la cadena de responsabilidades.
El capítulo Piccirillo agrega otra dimensión al expediente. La Justicia investiga una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo reconoció mantener con Hauque y busca determinar si esos fondos tuvieron relación con las maniobras cambiarias investigadas. Según documentación incorporada a la causa, Piccirillo aceptó cancelar esa obligación mediante 39 cheques emitidos por Constructora 11 S.A., con montos que iban de 140 a 190 millones de pesos.
Varios de esos cheques fueron rechazados por falta de fondos tras ser depositados en Sur Finanzas – NEBlockchain S.A., otra firma mencionada en la investigación. La deuda también había aparecido en un reconocimiento firmado ante escribano público, mediante el cual Piccirillo se comprometía a entregar cerca de 40 cheques por un total aproximado de 6.530 millones de pesos.
El entorno de Hauque sostuvo que no recibió el dinero y denunció irregularidades en parte de la documentación. La defensa de Piccirillo, en cambio, rechazó esas acusaciones y afirmó que los cheques eran genuinos y contaban con respaldo económico. La disputa comercial terminó convertida en una pieza más de un rompecabezas judicial mucho más amplio.
Los investigadores también analizan la posible relación entre esa deuda y el procedimiento realizado contra Hauque en enero de 2025. Aquella noche, el financista y su pareja fueron interceptados por efectivos de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los policías afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa de Hauque denunció que se trató de un operativo armado.
Posteriormente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló aquella causa al detectar irregularidades en el procedimiento. Siete policías de la Ciudad quedaron bajo investigación y uno de ellos se convirtió en imputado colaborador. Ese antecedente refuerza el interés judicial por determinar si detrás de la pelea entre financistas hubo maniobras de extorsión, encubrimiento o intentos de neutralizar a un acreedor incómodo.
La causa SIRA se vuelve especialmente sensible porque remite al funcionamiento del cepo cambiario durante el último tramo del gobierno del Frente de Todos. En aquel período, el acceso a dólares oficiales era administrado con criterios restrictivos, mientras empresas, importadores e intermediarios competían por autorizaciones que podían transformarse en beneficios extraordinarios. La brecha cambiaria generó incentivos para todo tipo de maniobras: importaciones sobrefacturadas, autorizaciones direccionadas, intermediaciones opacas y presuntas coimas.
El punto que ahora deberá resolver la Justicia es si ese sistema fue aprovechado por operadores privados aislados o si existió una estructura con protección o participación de funcionarios. La eventual colaboración de Hauque podría ser clave para responder esa pregunta.
El impacto político también es evidente. Las menciones a Alberto Fernández, a ex funcionarios del Banco Central y a operadores vinculados al sistema SIRA pueden abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de dólares oficiales durante los años de cepo. Para el kirchnerismo, el expediente amenaza con reactivar cuestionamientos sobre una de las zonas más opacas de la administración económica: la discrecionalidad para autorizar importaciones y divisas.
El caso también expone un problema estructural de la economía argentina. Cuando el Estado administra dólares baratos en un mercado intervenido, cada autorización se convierte en un activo de enorme valor. En ese terreno, la frontera entre gestión administrativa, lobby empresario, intermediación financiera y corrupción puede volverse peligrosamente difusa.
La presentación de Carlos Pousa será apenas el primer paso. Luego deberá intervenir el fiscal, evaluar si la información prometida por Hauque es útil y determinar si corresponde avanzar hacia un acuerdo de colaboración. Finalmente, el juez deberá homologarlo si considera que se cumplieron las condiciones legales.
Hasta entonces, Hauque seguirá siendo un investigado que ofrece hablar. Pero si la Justicia acepta su colaboración y sus dichos encuentran respaldo documental, la causa por los dólares oficiales podría dejar de ser un expediente financiero entre cambistas y empresarios para transformarse en una investigación política de alto voltaje sobre el corazón del esquema cambiario del gobierno de Alberto Fernández.
