Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 16 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La crisis judicial y política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo de fuerte impacto: la Justicia investiga transferencias millonarias realizadas por Grupo Foggia a +BE, la consultora de coaching organizacional de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, mientras esa misma trama empresaria aparece vinculada al proceso de concesión de Tecnópolis, un negocio estatal por 25 años bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado – AABE, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Según publicaciones periodísticas incorporadas al debate público, la Justicia habría detectado pagos por al menos 48 millones de pesos —y otros reportes elevan la cifra a cerca de 55 millones— desde Grupo Foggia hacia la consultora de Angeletti. El dato encendió nuevas alarmas en Comodoro Py porque la firma aparece mencionada en la causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención de los fiscales Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
El punto sensible no es sólo el monto. Es el cruce de intereses. Grupo Foggia, vinculado a Mara Gorini y Marcelo Dionisio, aparece relacionado con estructuras empresariales interesadas en la explotación de Tecnópolis. Gorini, a su vez, es señalada como una persona de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
La causa apunta a determinar si las contrataciones privadas de +BE con empresas proveedoras o vinculadas al Estado pudieron funcionar como un mecanismo indirecto de retorno o financiamiento, bajo la fachada de servicios de consultoría, coaching u organización empresarial. La hipótesis judicial todavía debe ser probada, pero el entramado ya expone una zona de conflicto de intereses de altísima sensibilidad institucional.
El juez Lijo pidió información a Datco, National Shipping y Foggia Group para que detallen qué servicios contrataron con la consultora de la esposa de Adorni, qué montos pagaron, bajo qué conceptos, con qué documentación respaldatoria y en qué períodos. También se requirió información a la Inspección General de Justicia – IGJ y a la Oficina Nacional de Contrataciones, con el objetivo de establecer si esas firmas fueron contratistas recurrentes del Estado y si existió algún patrón de adjudicaciones o beneficios.
El caso Foggia se vuelve especialmente explosivo por su conexión con Tecnópolis. El predio de Villa Martelli, de más de 509 mil metros cuadrados, fue incluido en un proceso de concesión de uso y explotación comercial por 300 meses, es decir, 25 años. La convocatoria oficial fija un canon base de 611 millones de pesos y habilita el desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas no competitivas, de esparcimiento, ocio y explotación comercial.
En la práctica, se trata de uno de los activos estatales más codiciados del Área Metropolitana de Buenos Aires. No es un terreno menor ni un espacio residual: Tecnópolis fue durante años la megamuestra pública de ciencia, tecnología, cultura y arte más importante del país. Ahora, bajo el gobierno libertario, aparece en proceso de concesión al sector privado, con un valor político, inmobiliario y comercial enorme.
El problema para Adorni es que la licitación quedó bajo sospecha desde el inicio. La AABE, encargada del procedimiento, depende de la Jefatura de Gabinete, que conduce el propio Adorni. Al mismo tiempo, la esposa del jefe de Gabinete aparece vinculada profesionalmente con Grupo Foggia, una de las firmas que, según denuncias legislativas y periodísticas, orbita alrededor de los grupos interesados en quedarse con el predio.
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial apuntando a esa red de relaciones empresariales y políticas. En el Congreso también ingresaron pedidos de informes que advierten sobre un eventual conflicto de intereses, dado que la cónyuge del jefe de Gabinete mantendría vínculos profesionales con una empresa relacionada al proceso licitatorio de un organismo que depende del propio funcionario.
La trama empresaria es compleja. Foggia Group fue vinculada a Mara Gorini y Marcelo Dionisio. Gorini habría pasado luego a trabajar en el entorno de Karina Milei, con participación en actividades públicas y eventos del Presidente. A su vez, medios y denuncias legislativas señalaron conexiones societarias entre Foggia, Arena Power, ejecutivos del Grupo Werthein, DirecTV Argentina y Torneos y Competencias, firmas que aparecieron relacionadas con propuestas o intereses sobre la concesión del predio.
La pregunta que empieza a tomar forma en la Justicia es directa: ¿una empresa con intereses en un negocio estatal millonario le pagó a la consultora de la esposa del funcionario bajo cuya órbita se tramita ese negocio?
Esa es la línea que puede transformar el caso de simples facturaciones privadas en una investigación por presuntas negociaciones incompatibles, tráfico de influencias o retornos encubiertos. La existencia de pagos no prueba por sí sola un delito. Pero cuando esos pagos se cruzan con empresas contratistas, funcionarios con poder de decisión y licitaciones públicas de enorme valor, el estándar de explicación exigible se vuelve mucho más alto.
Adorni ya venía golpeado por las investigaciones sobre su patrimonio, la compra y refacción de propiedades, pagos en efectivo, inconsistencias en declaraciones juradas y su adhesión al régimen de regularización fiscal. Ahora, el frente Foggia-Angeletti-Tecnópolis suma un elemento todavía más delicado: el posible vínculo entre dinero privado recibido por su entorno familiar y decisiones administrativas bajo su área de responsabilidad.
El oficialismo sostiene que no existe irregularidad y que los servicios de +BE corresponden a una actividad privada de Angeletti. Sin embargo, la Justicia quiere saber qué se pagó, por qué se pagó, quién autorizó esos desembolsos, si los servicios fueron efectivamente prestados y si las empresas pagadoras tenían o esperaban tener beneficios del Estado nacional.
La causa también abre un problema político para Karina Milei. Si se confirma que Mara Gorini, persona vinculada a su entorno, tuvo participación o influencia en estructuras empresariales interesadas en Tecnópolis, el expediente puede escalar desde el jefe de Gabinete hacia el núcleo más cerrado del poder presidencial.
El dato es especialmente sensible porque el gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad pública sobre la denuncia contra la “casta”, el combate a los privilegios y la promesa de terminar con negocios cruzados entre funcionarios, familiares y contratistas del Estado. La sospecha de que empresas con intereses en una concesión pública hayan transferido dinero a la esposa del jefe de Gabinete golpea directamente sobre ese discurso.
El proceso de Tecnópolis ya tenía puntos controvertidos. La primera convocatoria no registró ofertas confirmadas y luego la AABE avanzó con nuevos llamados y modificaciones. El pliego prevé la entrega del predio a partir del 1 de julio de 2026, un dato que aumentó las especulaciones sobre apuros, contactos previos y eventuales compromisos comerciales asumidos antes de una definición formal.
En paralelo, legisladores opositores advirtieron que el caso podría configurar violaciones a normas de administración financiera, ética pública, contrataciones del Estado e incluso figuras penales como administración fraudulenta, malversación o negociaciones incompatibles, si se comprobara que hubo direccionamiento o utilización del cargo público para beneficiar a terceros.
El punto central será la prueba. La Justicia deberá determinar si las transferencias de Foggia a +BE tuvieron respaldo real en servicios prestados o si fueron pagos sin contraprestación suficiente. También deberá reconstruir si existió relación temporal entre esos pagos, el avance de la concesión de Tecnópolis y las decisiones adoptadas por organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete.
Para Adorni, el problema no es sólo judicial. Es político e institucional. Como jefe de Gabinete, tiene responsabilidad sobre áreas clave de la administración nacional y debe rendir cuentas ante el Congreso. Si una empresa vinculada a un negocio bajo su órbita pagó millones a la consultora de su esposa, la explicación pública ya no puede reducirse a una cuestión familiar o privada.
La oposición ya encontró en este expediente una nueva línea para presionar por la interpelación del funcionario y, eventualmente, por una moción de censura. La causa patrimonial, las refacciones en efectivo, las declaraciones juradas bajo sospecha y ahora la ruta de pagos desde empresas vinculadas a contrataciones estatales conforman un cuadro que erosiona la autoridad política del jefe de Gabinete.
Tecnópolis, mientras tanto, dejó de ser sólo una discusión cultural o inmobiliaria. Se convirtió en el punto donde convergen negocios privados, vínculos familiares, funcionarios de máxima cercanía presidencial, empresas del mundo del espectáculo y decisiones administrativas del Estado.
La pregunta que sobrevuela Comodoro Py y el Congreso es simple: ¿Foggia le pagó a la esposa de Adorni por servicios reales o esos millones fueron parte de una trama de influencia alrededor de un negocio público?
Hasta que esa respuesta aparezca con documentos, facturas, contratos, transferencias y explicaciones consistentes, la sospecha seguirá creciendo. Y cada nuevo dato complica más al funcionario que, hasta hace poco, era la voz diaria del Gobierno y hoy aparece acorralado por su propio patrimonio, su entorno familiar y una licitación millonaria que apunta al corazón del poder libertario.
