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Por Carlos Manfroni
La muerte del ciudadano argentino Alejandro Benítez en Bolivia por falta de atención médica puso sobre la mesa un tema que debió haberse discutido al menos hace 20 años.
Cuando cualquiera insinuaba la posibilidad de terminar la prodigalidad con la que la Argentina ocupa las camas de los hospitales con extranjeros no residentes o regala medicamentos de elevadísimo costo que ellos se llevan a sus países, llovían las acusaciones de xenofobia y chauvinismo. Y entonces, quienes formulaban esos reparos, que son mayoría, retrocedían.
El gobernador de Jujuy declaró que el sistema público de salud de su provincia atiende a 2200 bolivianos por año y que gasta en esa atención unos 300 millones de pesos. Se quejó, por tanto, de la falta de cumplimiento por Bolivia del convenio de reciprocidad.
El hecho de que exista un convenio de reciprocidad ya representa una posición perdedora para la Argentina. El mismo gobernador reconoció que “la relación es de un argentino atendido frente a 100 bolivianos”. ¿Entonces para qué queremos la reciprocidad? Imaginemos que la Argentina, Bolivia o Paraguay pretendieran firmar un convenio de reciprocidad en materia de visas de trabajo con los Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o Noruega.
Desde hace mucho tiempo se sabe que llegan tours sanitarios a los hospitales argentinos, especialmente desde el Paraguay, compuestos por viajeros que se trasladan en ómnibus y que regresan muy pronto a su país con los pasajeros ya atendidos y, a veces, cargados de medicamentos que se llevan gratuitamente. Gratuitamente para ellos, por supuesto, porque los pagamos los argentinos con nuestros impuestos.
La solidaridad es una gran virtud, pero nadie da a los extraños lo que resulta estrictamente indispensable para sus hijos. Incluso Santo Tomás de Aquino se refirió a un orden de la caridad, cuando escribió: “Hacer beneficios es acto de caridad para con otros; por eso es menester que seamos más beneficiosos con los más allegados”. Y como un ejemplo de los más allegados nombra a los conciudadanos. Vaya esta cita para quienes defiendan esta situación anómala invocando una virtud cristiana.
El sistema de salud argentino hace agua por los cuatro costados, el público y el privado. Como siempre, el gobierno –denominado ampulosamente Estado– es el motor desencadenante de este potencial naufragio, tanto por su desidia y su corrupción en el sector público como por sus regulaciones respecto del sector privado.
Soluciones puede haber muchas. En Perú, para ser atendido en un hospital, el ciudadano debe estar asociado a alguna de las instituciones del sistema, que son muchas; algunas públicas, otras privadas, otras mixtas. Todos deben pagar para asociarse, excepto quienes carecen de recursos, quienes, demostrada su necesidad, reciben el beneficio de ser incorporados sin cargo.
Tampoco se trata aquí de cobrar a los extranjeros que se atienden, porque las camas del sistema público están destinadas a los argentinos o residentes que carecen de una cobertura privada. Por tanto, aunque los extranjeros pagaran, estarían ocupando camas que deben reservarse para los habitantes de nuestro país. Se exceptúan los casos de emergencias sobrevenidas en el territorio, por supuesto, que reciben atención en cualquier lugar del mundo, pero una atención que después se paga.
Por esos motivos, no hay razón para que la Argentina deje de pedir, como condición para el ingreso, la contratación previa de un seguro de salud internacional, como lo hacen la mayoría de los países que cuidan a su gente, incluso Chile, que es nuestro vecino más cercano y con el que compartimos más kilómetros de frontera.
Por otro lado, el centro informático de Migraciones debería estar conectado con los sistemas de los hospitales de todo el país. Esto hoy, con herramientas como la Blockchain, es muy sencillo. Incluso lo era antes, pero ahora resulta inexcusable. En tal situación, debería pedirse al visitante una declaración jurada que asegure que no ingresa en el país para utilizar el sistema de salud gratuito de la Argentina y, si se comprueba una violación deliberada, proceder a la expulsión y cancelación del permiso de ingreso por cierta cantidad de años.
Hemos esperado demasiado tiempo y pasaron muchos gobiernos, de diferente color, sin que nadie se atreviera a tocar este derroche de lo poco que tenemos, en medio de nuestra pobreza, y que nos convierte en el seguro médico gratuito de Sudamérica con el dinero que nos falta a los argentinos y, lo peor, con la atención sanitaria de la que carecemos.
Fuente La Nación
