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Por Agustín De Beitia
Alberto Assef, Victoria Villarruel, Francisco Sánchez y Carlos Zapata se reunirán con el ex cabo de la Fuerza Aérea que lleva más de siete años en prisión preventiva y le niegan la domiciliaria. Se están violando sus derechos humanos, denuncian.
Después de que se hiciera público por distintos medios el caso del ex militar Julio Narciso Flores, en huelga de hambre desde hace 44 días en la cárcel de Güemes, Salta, un grupo de diputados nacionales viajará a esa provincia en respaldo al ex cabo de la Fuerza Aérea, quien perdió ya trece kilos y se encuentra muy debilitado, y cuya situación consideran “absolutamente injusta”. Flores, quien lleva más de siete años en prisión preventiva acusado de delitos de lesa humanidad que insiste en no haber cometido, adelantó en una carta que está dispuesto a dejarse morir porque ni siquiera le conceden la prisión domiciliaria.
Los legisladores Alberto Asseff (PRO), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) y Francisco Sánchez (PRO, Neuquén), viajarán mañana para entrevistarse con el detenido, y a ellos se les sumará el diputado nacional Carlos Zapata (Cambiemos, Salta).
“Estamos preocupados por la salud de Flores y con nuestra presencia queremos manifestar que la Justicia debe actuar, debe responder a la petición que ha formulado este ciudadano, justamente en nombre de los derechos humanos”, explicó Asseff en un diálogo con La Prensa. “En un juicio de lesa humanidad le pedimos a la Justicia que actúe con humanidad”. Para Asseff, el ex cabo Flores se encuentra en “una situación absolutamente injusta”.
El diputado bonaerense cuestionó tanto la condena como el reiterado rechazo a concederle la prisión domiciliaria, algo que a su juicio es una muestra de “ensañamiento”.
Sobre la condena, expresó que “hay un único testigo que lo habría reconocido como parte de un centro clandestino de detención, pero en sus manifestaciones muestra una imprecisión muy grande”.
“La duda razonable de la que habla el derecho penal debió exculpar a Flores y en lugar de ello, con ese solo e impreciso testimonio, se lo ha condenado”, indicó.
El diputado recordó que el detenido es “una persona sexagenaria, que necesita atención de su salud”, y añadió que “la prisión domiciliaria le correspondería porque es un derecho humano fundamental”.
`LESION A LOS DERECHOS HUMANOS’
“Hay un ensañamiento con Flores pero también, debo decirlo, con prácticamente todos los prisioneros militares por lesa humanidad. Hay una desigualdad de tratamiento notorio. No se aplica el código procesal penal de la Nación, que establece que a los 70 años, salvo que haya peligro de fuga o alguna posibilidad de que pueda reincidir en el delito, corresponde automáticamente la concesión de la prisión domiciliaria”, recordó.
Respecto de Flores, apuntó que “el hecho de que rechace la comida, que esté en esta huelga de hambre, muestra que tiene el temple y la certeza de su inocencia. El exige que se haga justicia. Y nosotros vamos a acompañar esa exigencia porque consideramos que ya no se trata de juicios de lesa humanidad, sino que están cometiendo mediante estos procedimientos penales justamente una lesión a los derechos humanos aquí y ahora, no sólo los de 40 años atrás”.
“Este es un caso que desborda la institución de la prisión preventiva, que puede aplicarse por dos años, y que puede ser prorrogable por uno más, pero de ninguna manera por la cantidad de tiempo que lleva esta persona”, añadió.
“Y, además, este detenido no es un peligro para la sociedad. Estamos hablando de una persona mayor, enferma, que tiene el respaldo de su familia, y al que evidentemente la prisión no lo ha transformado, como suele pasar en las prisiones, que son universidades del delito”, continuó el diputado.
“El se ha comportado con una actitud ejemplar, de gran templanza, de gran temple para poder sobrellevar su situación. Esos son todos elementos que el juez tendría que evaluar a la hora la conceder la petición de la prisión domiciliaria. Y debería considerar también las razones de enfermedad”, expresó.
Asseff enfatizó que van a Salta a tratar de “prestar un servicio, no solamente a este ciudadano, Flores, sino a todos los casos análogos. Porque evidentemente se ha confundido Justicia con revancha”.
SUPUESTA PARCIALIDAD
Sobre cómo interpretar la supuesta parcialidad de la jueza María Claudia Morgese Martin, del Tribunal Oral Federal Nro 5 de San Martín, quien dijo a Flores “no le voy a conceder la prisión domiciliaria”, pese a que durante la pandemia se la otorgó incluso a un violador, Asseff dijo que eso se debe a “las contradicciones profundas de un sistema que está descompuesto”.
“El sistema judicial se ha descompuesto hace ya mucho tiempo y eso viene agravándose. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires hemos sufrido las excarcelaciones masivas a partir de marzo del 2020, a raíz de la actuación del juez Victor Violini”, recordó.
“Violini dictó “per se”, aunque integra un tribunal colegiado, la excarcelación de más de 2.500 presos. Fue una excarcelación, ni siquiera fue domiciliaria. Y ahí hubo todo tipo de delincuentes que salieron a la calle”, consideró.
“SISTEMA DE VENGANZA”
El diputado Francisco Sánchez, por su parte, manifestó que con este viaje a Salta para visitar a Julio Flores quieren “mostrar que en la Argentina el sistema de venganza que instaló la izquierda afecta a personas de carne y hueso, tuvieran o no que ver con lo que pasó en la década del setenta”.
“Mientras el kirchnerismo trata de instalar que hay una persecución judicial contra sus líderes, que son corruptos y criminales por comprobar, en la Argentina rige este sistema de impunidad que se lleva puesta la vida de un montón de personas. Flores es el caso más notable porque está en huelga de hambre, pero hay decenas de casos como ese”, puntualizó Sánchez.
“La idea es interiorizarnos por su salud, reclamar para él la prisión domiciliaria, aunque, en realidad, ni siquiera tendría que estar preso. No había elementos para enjuiciarlo”, sostuvo.
“Nosotros somos de otro poder. Creemos que lo que nos corresponde es tratar de lograr que esta persona cumpla su sentencia en su domicilio, que no es más que el beneficio que obtienen muchísimas otras personas que en Argentina parece que sí tienen derecho”, opinó.
“Parece que cuando se trata de una persona acusada por hechos de los años setenta no se le respeta ningún derecho, ninguna garantía constitucional, ningún derecho humano”, denunció.
Sánchez recordó que este hombre está en prisión preventiva desde hace más de siete años, y subrayó que está alojado “en una cárcel común, entre delincuentes peligrosos”.
“Es como si la culpa que se le atribuye, que todavía no está firme, fuera más grave que cualquier otro crimen. Pero lo más importante es que no se le respeta ninguna garantía constitucional, y nadie parece asombrarse por eso”, reflexionó el neuquino.
Fuente La Prensa
