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Hablar de justicia en la Provincia de Mendoza es pensar en uno de los pilares de nuestra democracia y república. No puede construirse la democracia sin justicia, y no puede hacerse justicia sin un estado democrático. Por ello la justicia es condición necesaria de la institucionalidad provincial.
Las instituciones mendocinas se han erigido sobre una sólida tradición política y social. Esa tradición institucional que supo enorgullecernos está pronta a sufrir un daño que debemos evitar. Como mendocinos siempre hemos sentido que en nuestra Provincia las instituciones se respetan, y la alternancia partidaria garantiza ese respeto. Pero si no la defendemos ahora, esa institucionalidad mendocina será parte de un eslogan desactualizado.
Si el radicalismo avanza con la reforma de nuestra Suprema Corte en la forma que está planteada, solo algunos poderosos decidirán la suerte de Mendoza. Por ello la reforma, tal como está planteada ahora, no debe prosperar
Además ésta reforma no es necesaria a los intereses de la sociedad mendocina, al menos para la gente, en los términos que está planteada. Es solo necesaria para que el Gobierno de turno defina la suerte de algunos fallos. Hay que reformar la justicia, claro, pero para hacerla más trasparente, más ágil, más moderna, más justa.
Rodolfo Suarez se confía. Sabe que éste es un asunto que la gente entiende lejano de sus preocupaciones diarias. Y como no está en la agenda del día a día del ciudadano común, avanza contra toda opinión técnica en contrario. Kemelmajer le dice que no, que afecta la independencia del poder judicial, y no toman nota. Pérez Hualde insiste que es importante que tengamos jueces especialistas, pero no lo oyen y avanza. Lafalla insiste en la tradición institucional de la provincia, tampoco escuchan.
Es una reforma que no tiene consenso de nadie, y casi todos los expositores invitados a la legislatura se manifestaron rotundamente en contra. Solo la defienden algunos funcionarios del oficialismo. Ningún expositor ajeno al radicalismo aportó argumentos a favor de la reforma. Como abogada me hubiese gustado ver más operadores del derecho opinar con conocimiento del proyecto, ya que en mi caso brego por que los procesos lo resuelvan jueces probos e imparciales.
Y lo peor de todo no tiene consenso en la propia Suprema Corte. Tres de los cuatro jueces que integran el tribunal no han podido incorporar modificaciones al proyecto y se han manifestado en contra, no de todo el proyecto, pero si de su parte principal. El Gobernado no tiene el aval de todos los jueces para avanzar con la ley propuesta. Imagínese señor lector si se esta reforma se ha decidido sin el consenso entre los miembros de Suprema cómo funcionará luego el tribunal cuando le toque resolver en pleno.
No debe aprobarse tampoco en los términos planteados porque le da un poder al Presidente de la Suprema Corte para considerar, con su solo criterio, cuando una causa la decidirán algunos jueces, y cuando lo harán otros magistrados. Si la reforma se aprueba el presidente de Suprema Corte podría tener ese poder de decidir quién resolverá. Y ese poder se lo estaría dando la Legislatura mediante un proyecto presentado por el Gobernador, siendo él mismo el que propuso al Presidente de la Suprema Corte como miembro del tribunal. Es decir, Suarez nombra a Garay en la Corte, luego envía un proyecto a la Legislatura para que Garay sea quien resuelva que jueces de la Suprema Corte emitirán fallos.
Si comparamos el funcionamiento de los demás tribunales superiores de otras provincias, vemos en general que hay dos modelos. Uno con funcionamiento en pleno, es decir que todos los jueces participan de todos los fallos; y otro con funcionamiento mediante salas y que en ciertas cuestiones funcionan en pleno. Pero los casos sometidos al plenario o a la sala siempre están taxativamente enumerados, y los supuestos están reglamentados cuándo y cómo funcionará el tribunal en pleno. No existe ninguna provincia que tengo un sistema en que una persona discrecionalmente pueda decidir si se resuelve en sala o en pleno. Solo Mendoza, de aprobarse el proyecto tendrá ese sistema discrecional. Solo en Mendoza una cuestión podrá quedar a criterio del Presidente de la Suprema Corte, resolverse mediante el voto de algunos jueces, o el voto de todos.
Justamente, las instituciones existen para evitar que esto pase. Para evitar que tanto poder recaiga sobre una sola persona. Porque esa persona es evidente que tendrá una opinión política, social, filosófica, religiosa, y no es conveniente que las cuestiones trascendentes para la vida de los mendocinos dependan de la decisión de una sola persona. Eso es afectar la institucionalidad, darle tanto poder a una sola persona.
Cabe recordar que los jueces, inclusive los de la Suprema Corte, se eligen por el voto mayoría absoluta. Es de destacar que en el proyecto de reforma constitucional, Suarez mantiene la posibilidad de nombrar jueces por mayoría absoluta. Pensar en una corte imparcial, más técnica y más justa, podría resolverse también requiriendo mayorías agravadas de dos tercios. Para que los jueces sean nombrados con consenso de todas las fuerzas políticas.
Para que la justicia pueda dar a cada uno lo suyo, para lograr una sociedad más justa, equitativa y en paz, necesariamente se requiere que los poderes del estado actúen con independencia y transparencia, que tengamos jueces especialistas en lo que resuelven, y que de todas formas intentemos diseñar sistemas de funcionamiento del máximo tribunal en donde las decisiones de muchos eviten que la voluntad de uno solo se imponga, para que la gente pueda vivir en paz, y ante un conflicto jurídico encuentre magistrados con sabiduría e imparcialidad necesaria para resolverlo a tiempo y en derecho. Ojalá gane la sensatez, la razonabilidad y los valores republicanos por sobre los intereses mezquinos y partidarios, para que la institucionalidad vuelva a ser orgullo mendocino.
(*) Adriana Cano es Senadora Provincial, abogada y profesora.
Fuente Mendoza Today
