La fiscal de Bariloche defendió el desalojo en Mascardi y expuso las irregularidades del grupo que se reivindica mapuche

Etchepare contó que la comunidad nunca intentó acreditar su derecho ni registrarse y que, en cambio, sí había tramitado la propiedad ancestral de predios a kilómetros de la zona

Mientras el oficialismo aún se debate entre quienes defienden y critican el desalojo de las usurpaciones en Villa Mascardi, la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, dio a conocer en un escrito los fundamentos de ese operativo, pero expuso también detalles poco conocidos del grupo que se identifica como mapuche y protagonizó las tomas y ataques en la zona, así como de los obstáculos que interpusieron para derribar las negociaciones.

En una columna publicada en El Cordillerano, Etchepare señala que el reclamo del grupo de personas autodenominadas Lof Lafken Winkul Mapu “no se origina en la ocupación tradicional y pública de las tierras”, como sucede con otras comunidades de la región, muchas de ellas reconocidas oficialmente y asentadas pacíficamente, “sino en una visión que tuvo en 2017 una niña de por entonces 16 años, que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”.

Se refirió así a la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida en el operativo del martes 4 de octubre y casada con Matías Santana, más conocido como “el mapuche de los binoculares”, que tras la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut afirmó que había visto cómo la Gendarmería se llevaba al joven tatuador, desviando una investigación que concluiría cuando Maldonado fue hallado ahogado en el río. LA NACION reveló cómo Colhuan, pese a desconocer al Estado, percibe cinco planes de la Anses.

“En esa oportunidad la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”, continuó la fiscal, para marcar un detalle no menor de esta comunidad: “No canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada”, como permite la ley 26160.

“El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas”, continuó la fiscal, para destacar otro punto singular: que varios de los integrantes de la nueva comunidad ya se habían inscrito en 2012 pero como miembros de otra comunidad, la “Lof Colhuan-Nahuel”, que reclamó “su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el barrio Virgen Misionera”. Se trata de un barrio ubicado en el ejido urbano de Bariloche, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Pioneros. Un ambiente mucho menos singular los once lotes tomados frente al lago Mascardi.

“Con el tiempo, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. En concreto, han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años”, afirma la fiscal.

Tras recordar que la fiscalía solicitó “en reiteradas oportunidades” el desalojo, y hacer un racconto de cómo el grupo fue sumando propiedades en base a ataques e incendios, la fiscal recuerda que el quiebre se dio luego del ataque del grupo con tiros, piedras y fuego al puesto de Gendarmería que custodiaba una de las cabañas incendiadas.

“Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales”.

También señaló cómo fracasaron todas las audiencias intentadas por la Justicia, la Casa Rosada y la Provincia. Las “mesas de diálogo” fueron, de hecho, la única respuesta que el gobierno de Alberto Fernández propuso desde 2019, pese a las órdenes de desalojo vigentes. “Incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades. Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos”, indicó.

La fiscal también explica los motivos por los que cuatro detenidas fueron derivadas a Ezeiza, lo que desató fuertes críticas al interior del Frente de Todos y la renuncia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reemplazada hoy por Ayelén Mazzina. La fiscal señaló que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene cárceles de mujeres en La Pampa, Formosa y Ezeiza; mientras que la provincia no tiene ninguna, salvo un pabellón en la cárcel de hombres de Roca.