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IsraelPor Nicolás Wiñazki
Un juez provincial allanó las oficinas que usa Macri y detuvo a un abogado y ex diputado nacional violando derechos constitucionales. Sería otro caso de presión de Gerardo Zamora contra la oposición.
El 29 de septiembre pasado, agentes federales de las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de trabajo de Mauricio Macri. Libertador al 2700, Olivos, Buenos Aires. Una torre. Piso 3. Sesenta policías, seis patrulleros y un carro de asalto rodeó el edificio.
El expresidente recibe allí a políticos, empresarios, periodistas, en un despacho con una foto del líder sudafricano Nelson Mandela, y otras imágenes de sí mismo en las marchas que lideró para intentar dar vuelta en el balotaje el resultado adverso de las elecciones del 2019. La policía no lo buscaba a él. Tampoco a sus principales colaboradores que lo acompañan en sus labores en ese lugar, como el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.
No secuestraron documentos ni computadoras. Los agentes se presentaron allí para requisar el lugar en busca del empresario que figura como dueño de ese inmueble. Se llama Guillermo Masoni. Tiene un pedido de captura ordenado por un juez de Santiago del Estero, misma medida que afecta a su hermano Daniel.
El episodio pasó desapercibido salvo para la dirigencia del PRO. Los Masoni, sobre todo Guillermo, son dos de los ejecutivos influyentes, aunque de perfil muy bajo, algo que acaba de romperse. Ambos son accionistas de diferentes firmas dedicadas al desarrollo inmobiliario, entre otros negocios, como la llamada Compañía Inversora Libertador (CILSA), o Los Mimbres SA. Desde hace setenta años la familia Masoni es propietaria de más de cien mil hectáreas de campos en Santiago del Estero.
Quien presentó un pedido de detención para llevarlos a la cárcel es un juez de esa provincia, Darío Alarcón, en el marco de una denuncia presentada hace nueve años sin que haya ninguna novedad al respecto hasta fines de septiembre, hace pocas semanas. Según el magistrado, los Masoni son parte de una asociación ilícita que se dedicó a usurpar terrenos de grandes extensiones en el distrito que gobierna Gerardo Zamora, en intermitencia con la actual vicepresidenta provisional del Senado, su esposa, Claudia Ledesma, de confianza de Cristina Kirchner. La acusación judicial indica que los Masoni, Posse y otros imputados más ocuparon de modo ilegal 250 mil hectáreas. El caso se reactivó de modo vertiginoso y con escándalo.
El ex diputado nacional del PRO y referente del partido en Santiago del Estero, Rodrigo Posse, fue encarcelado por decisión del mismo juez Alarcón, quien lo incluyó como integrante de la asociación ilícita que, según él, liderarían los Masoni. Posse es abogado de los empresarios vinculados a Macri. Fue legislador nacional y concejal de la capital de su provincia. Un opositor muy duro de la familia Zamora. Cuando se enteró que el que la denuncia presentada hacía nueve años en su contra y la de sus clientes había empezado a moverse, se presentó tres veces ante el magistrado Alarcón para ponerse a su disposición. Nunca fue atendido ni por el juez ni por la fiscal de la causa.
Posse salía de su casa el miércoles anterior al allanamiento de las oficinas de Macri. Iba a nadar, a hacer deporte. Vio de golpe que varios hombres lo rodeaban de atrás, por adelante, por los costados. Le preguntaron su nombre. Pensó que era víctima de un robo. Los inquisidores se identificaron entonces como policías y le dijeron que tenían orden detenerlo. No llevaban uniforme. Lo subieron a una camioneta común. No era un patrullero, según denunció. Reconoció a un agente de la fuerza al que trató por su labor de abogado. Le exigieron que les entregue la clave de su celular para que pudieran abrirlo. Posse se negó. Argumentó que, además de su actividad política opositora a Zamora, guardaba allí conversaciones con sus clientes que son confidenciales. Sin notificación alguna y sin que su familia ni su abogado supieran nada de él, fue encerrado en un calabozo del llamado Centro Único de Detención, en la capital santiagueña. Su esposa supo de él después de recorrer varias comisarías. Posse estaba preso acusado de ayudar a robar miles y miles y miles de hectáreas para los Masoni. A las cuarenta y ocho horas de encierro el juez Alarcón le tomó declaración indagatoria. El abogado le pidió que le informen qué delitos había cometido. Pidió leer el expediente que antes se le había negado conocer. El interrogatorio chocaba con las normas habituales que deben garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano argentino. Fue liberado. Los Masoni aun son buscados por la policía.
A través de su presidenta Patricia Bullrich, el PRO a nivel nacional emitió un comunicado en defensa de Posse. El texto condena su detención, la describe como “arbitraria” y “extemporánea”, y afirma que la causa por el supuesto robo de 250 mil hectáreas donde los Masoni son los principales acusados es parte de una denuncia presentada “en el 2013 por una persona ya fallecida”.
Se señala también que nunca existió notificación alguna a los defensores de los acusados de su imputación o de nuevas medidas que se tomaron en las últimas semanas. No se conoce la prueba que recolectó el magistrado Alarcón. El comunicado del PRO pide que se “respeten los derechos civiles y procesales” Posse, como los de “cualquier ciudadano de la Nación”.
Bullrich apuntó de modo directo a los Zamora por la detención del ex diputado Posse: “No puede haber en la Argentina un rincón del país donde no rija la ley”.
El diputado nacional Cristian Ritondo hizo declaraciones en el mismo sentido, entre otros dirigentes de su partido.
En diálogo con Clarín, Bullrich enfatizó que el encarcelamiento de Posse se produjo solo por razones políticas debido a que el dirigente es opositor al régimen de los Zamora y había vuelto a trabajar para su precandidatura presidencial.
Los Masoni no solo son dueños de las oficinas que usa Macri en la avenida Libertador, en Olivos.
También denunciaron al presidente Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su inacción ante la toma de las tierras de grupos de supuestos mapuches en la Patagonia.
Eso ocurrió antes de que el Gobierno desalojara de esos terrenos a los usurpadores.
El abogado de los Masoni en este expediente es Hugo Wortman Jofré. Afirmó que pidió la excarcelación de sus clientes pero que esa solicitud no fue tratada por el magistrado Alarcón, que ni siquiera le dio vista a la fiscal del caso.
El ex diputado Posse no tiene dudas de que su detención en un calabozo no solo no se ajustó a Derecho. Afirmó que el gobernador de la provincia, Zamora, influyó en el Poder Judicial para “castigarlo” a él y los empresarios Masoni por su cercanía con el PRO, con Bullrich, con Macri.
Los Masoni donaron varias veces terrenos que eran de su propiedad en Santiago del Estero para evitar conflictos con comunidades que exigían ocuparlos. Son noticias que se encuentran en los diarios santiagueños. Los convenios que firmaban los empresarios sobre esas cuestiones culminaban, por ejemplo, con firmas en actos en los que participó varias veces la ex gobernadora Claudia Ledesma de Zamora.
¿Cuáles son las pruebas por las que ahora se los acusa de haberse adueñado de 250 mil hectáreas cuando ya demostraron en una causa ratificada por la Corte Suprema de la Nación de que son propietarios de más de 100 mil hectáreas en esa provincia? También con el patrocinio de Wortman Jofré, los Masoni habían denunciado en el año 2000 que existía en Santiago una “banda mafiosa que roba tierras”. Los afectados eran los Masoni. Ahora están acusados con orden de prisión preventiva de ser ellos los usurpadores.
El juez de la causa, Alarcón, es un viejo amigo del gobernador Gerardo Zamora.
En sus épocas de estudiantes de Derecho ambos trabajaron en el estudio del doctor Julio Abate.
El mandatario provincial nombró a Abate fiscal de Estado de Santiago del Estero.
Zamora ascendió en el poder de Santiago del Estero tras la caída del otro caudillo que gestionó esa provincia por más de medio siglo sin respetar la independencia de los tres poderes del Estado, Carlos Juárez. Tras la intervención de esa gobernación, decisión que tomó Néstor Kirchner, el entonces dirigente de la UCR Zamora ganó las elecciones y pasó de ser intendente de la municipalidad de la capital de la provincia a gobernador. Jamás dejó el poder al que llegó en el 2005. Intentó competir en elecciones por un tercer mandato en el 2013. Por unanimidad, la Corte Suprema de la Nación se lo impidió acusándolo de intentar violar la Constitución provincial.
Zamora se bajó entonces de esos comicios pero la candidata fue su esposa, Claudia Ledesma.
Un ardid que igualmente fue premiado con votos en comicios no impugnados.
Los Zamora se alternan el poder desde entonces.
En sus épocas de jefe comunal, Gerardo Zamora recordó la vieja amistad que lo unía con el compañero Alarcón, su compinche en el estudio del abogado Abate, y lo designó como Defensor del Pueblo del Municipio que él comandaba.
Como mandatario provincial lo eligió para ser juez de instrucción.
La influencia del gobernadora y la ex gobernadora en el Poder Judicial de su provincia es evidente.
Del mismo modo que se repitieron, a lo largo de los últimos años, denuncias en contra de ambos dirigentes por persecución a opositores y periodistas críticos. Incluso también a abogados que aceptan trabajar con clientes que litigan en contra del Estado provincial.
Posse, por ejemplo, fue detenido en un expediente en el que en rigor era defensor de los empresarios Masoni. Nunca se le notificó que había pasado a ser imputado.
No tiene dudas que la Gobernación influye en este causa. “Ser opositor en Santiago del Estero es transformarte en un enemigo total de los Zamora. Es muy frustrante”.
Esta semana, visitó la provincial a Consejera de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre. Los abogados deben votar para su nuevo representante en ese organismo que regula y selecciona a los jueces.
Según la web visionsantiago.com, De la Torre afirmó “el panorama de la justicia en Santiago es muy oscuro… una justicia muy funcional al gobernador; es el modelo de justicia que quiere imponer el kirchnerismo a nivel nacional”.
En las gestiones de los Zamora, varios denunciantes de casos de corrupción no pudieron testificar en las causas que impulsaron porque antes de hacerlo aparecieron muertos. Sus familias están convencidas de que esos fallecimientos fueron producto de sus denuncias. Uno de los más emblemáticos fue el un empleado de Rentas de la Provincia, Raúl Domínguez, quien descubrió un desfalcó contra el Estado provincial cometido por sus compañeros de oficina durante años y con cifras millonarias.
Tras declarar dos veces ante la policía, Domínguez debía ratificar sus dichos en sede judicial.
Desapareció.
Su cuerpo, mutilado, descuartizado, apareció cerca de su casa, en un descampado del barrio El Vinaral.
Tenía esposa y un hijo.
La tragedia, según el diario Página12, “un crimen mafioso”, ocurrió en mayo del 2008, permanece impune.
Muchos otros muertos que habían denunciado delitos contra al administración pública perdieron la vida de repente.
El diputado de la Coalición Cívica, Rubén Manzi, presentó dos informe sobre violaciones a los derechos humanos y abusos desde el poder durante el confinamiento de la pandemia en las provincias del norte argentino.
Los dos documentos se inician con casos de tortura y muertes en Santiago del Estero.
Manzi escribió que en esa provincia “periódicamente se registran muertes provocadas bajo la responsabilidad del Estado”, y profundizó: “En Santiago las persecuciones políticas” y “las policiales” usan “tecnología de monitoreo y control” avalados por el Estado.
Los hermanos Masoni aun no se presentaron en el juzgado que ordenó su detención, el mismo que encarceló a su abogado. El juez Alarcón no estudió aun su pedido de excarcelación.
Zamora no hizo declaraciones al respecto.
Fuente Clarin
