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Fueron arrestados Jonathan Morel, líder de la organización, Sabrina Basile y otros dos supuestos integrantes de la agrupación; la orden la dio el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y otros tres integrantes de esa agrupación libertaria extrema que combate al kirchnerismo, fueron detenidos hoy en una causa donde se investiga a la agrupación por incitación e la violencia, apología del crimen e intimidación pública. Entre los detenidos ahora también quedó incluida Sabrina Basile, hija del director técnico Alfio Basile, quien había estado prófuga durante varias horas. También fueron detenidos otras tres personas vinculadas a esa organización, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.
Sabrina Basile había sido buscada en allanamientos realizados esta mañana y esta tarde se puso a disposición de las autoridades judiciales, dijeron fuentes del caso.
La Justicia investiga a la agrupación por arrojar bombas molotov, y lanzar mensajes violentos. Los tres delitos que se investigan son incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos, informaron fuentes judiciales. Los detenidos serán indagados mañana.
Los investigadores les secuestraron a los detenidos tablets, teléfonos y computadoras cuyos mensajes se van a analizar. Por ahora el contacto con a causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner es la apreciación del fiscal Gerardo Pollcita acerca de que estas personas levaron a la realización de actos violentos sus protestas contra el kirchnerismo, con un discurso de odio que planteó el clima que desembocó en el atentado contra la vicepresidenta.
Ahora, el resultado de los peritajes sobre los teléfonos y las tales va a determinar si además hay algún nexo concreto, alguna orden, o conspiración de revolución Federal con la banda de los vendedores de copos de algodón para cometer el atentado.
El punto de contacto de este caso con el del atentado contra Cristina Kirchner es Brenda Uliarte. La chica, novai de Fernando Sabag Montiel, autor del disparo fallido y detenida por el intento de homicidio, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada).
Se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados. Las detenciones ordenadas hoy fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el caso del intento de homicidio lo lleva la jueza María Eugenia Capuchetti.
Cristina Kirchner fue tenida como querellante en el caso de Revolución Federal. Su abogado José Manuel Ubeira dijo en un escrito presentado en el caso en nombre de su representada que “es probable” que Revolución Federal o algunos de sus miembros hayan participado del ataque en su del 1° de septiembre.
“Es probable que el actuación del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la vicepresidenta en el texto.
Las expresiones de odio de los integrantes de Revolución Federl dejaron de ser una mera manifestación de su libertad de expresión cuando se trasladaron al terrenos de las acciones concretas: Por ejemplo las amenazas, la embestida contra la camioneta de Sergio Massa, las intimidaciones a Victoria Donda, a periodistas, ataques al Instituto Patria, donde se identificó a Sabrina Basile, o la marcha de las antorchas en la Plaza de Mayo, estimaron el juez y el fiscal.
La instrucción de la causa contra Revolución Federal por sus expresiones violentas y amenazas está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes del caso informaron que Pollicita dijo el mes pasado que los hechos bajo investigación en esta causa forman parte de un clima social de violencia que tuvo su máxima expresión con el atentado contra Cristina Kirchner.
Hoy se realizaron en total 11 allanamientos y se detuvo, además de a Morel, a otras dos personas vinculadas a Revolución Federal: Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, según pudo saber LA NACION de fuentes vinculadas al expediente.
Los tres fueron detenidos en sus domicilios, informaron fuentes del caso. Morel, en Munro; Sosa, en Villa Ballester, y Guerra, en Moreno.
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La fuerza encargada de los procedimientos fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los allanamientos incluyeron operativos en la carpintería de Morel y la sede de dos fideicomisos a través de los cuales él habría recibido dinero.
Según Morel, el dinero en cuestión era el pago por objetos de carpintería. Como sus supuestos compradores, Morel identificó a la firma Caputo Hermanos. Fuentes judiciales dijeron hoy que se allanaron los domicilios de Caputo Hermanos que administra los fideicomisos.
El abogado Matías Cuneo, que representa a Caputo Hermanos se presentó anoche a la justicia con un escrito donde explicó la relación de la familia con Morel. En esa presentación, que ingresó anoche, luego de que ua se habrán librado las órdenes de allanamiento ecplivó que la empresa Caputo Hermanos es de Flavio y Hugo Caputo. Ambos tienen un hermano, Luis “Toto” Caputo, que fue secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri. Toto no integra Caputo Hermanos y de hecho no tiene relación con ellos. Completa cuadro familiar Nicolá Caputo, que es primo de los dueños de Caputo Hermanos, pero no tiene ninguna relación con a empresa.
El escrito de Cuneo aclara que Hugo y Flavio Caputo con la firma Caputo Hermanos se dedican a los desarrollos inmobiliarios, En esa condición construyeron dos desarrollos; Espacio Añelo, en Neuquén y Santa Clara al Sur, en Buenos Aires. entre los 250 proveedores con los que trabajan contrataron a Morel como carpintero, que convocó a otros colaboradores para realizar el mobiliario de las viviendas de Espacio Añelo y un trabajo en el Salón de Usos Múltiples de Santa Clara al Sur.
La Unidad de Información Financiera investiy e informó que enero y agosto del 2022 hubo transferencias de los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur por unos 6,5 millones de pesos que fueron pagados a Morel, a Ailen Vallero, emplead de su carpintería, y Evelyn Balboa, su ex pareja.
La empresa informó que los pagos se hicieron contra la emisión de facturas y remitos por la entrega de las mercadería.
Esta causa penal se inició por una denuncia que recibió por mail la Policía Federal Argentina, en la que un hombre informaba que en las redes sociales estaba circulando “un perfil que atentaría contra la democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma directa al Presidente y Vicepresidenta de la Nación”, relató en el expediente el juez Martínez de Giorgi.
El perfil al que el denunciante se refería era la cuenta de Instagram @revolucionfederal. La publicación que citaba decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”.
Cuando Martínez de Giorgi recibió esta denuncia le preguntó a la jueza María Eugenia Capuchetti si ella estaba investigando a Revolución Federal dentro de la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. La jueza le respondió que no. “No obstante -dijo Martínez de Giorgi en uno de sus fallos-, se remitió a este juzgado un informe elaborado por la Agencia Federal de Inteligencia, que da cuenta que personas integrantes de dicha agrupación se encontraban vinculadas al hecho — de público conocimiento- investigado en dicho expediente”. El juez se refería así al nexo de Uliarte con Revolución Federal.
Fuente La Nación
