Ganancias: la oposición frena la embestida contra la Justicia y el oficialismo no alcanzaría la mayoría en Diputados

Por Laura Serra

Juntos por el Cambio y el interbloque Federal coinciden en abrir una ronda de diálogo con la Justicia para explorar alternativas para que el Poder Judicial tribute el impuesto sin que sea considerado inconstitucional; crujidos en el bloque del Frente de Todos

sí planteado, el artículo que obliga al Poder Judicial a pagar el impuesto a las ganancias que promueve el oficialismo en el proyecto de presupuesto 2023 no prosperará en la Cámara de Diputados. El bloque del Frente de Todos no cuenta con la mayoría de los votos para impulsarlo: el grueso de la oposición, si bien está de acuerdo en la consigna de que no haya privilegios en ningún poder del Estado, coincide en que el tema debe discutirse por fuera del marco del presupuesto y que las voces del sector judicial deben ser previamente escuchadas en el Congreso.

Más allá de estas formalidades, hay otra razón que unifica a los opositores de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal en su resistencia: nadie quiere ser usado como ariete del kirchnerismo para embestir contra la Justicia –un blanco de ataque recurrente por parte de Cristina Kirchner- ni ser cómplice de una eventual parálisis de la Justicia justo en momentos en que avanza el juicio contra la expresidenta por irregularidades en la obra pública durante su gestión.

Esta actitud de cautela que muestra este sector de la oposición no implica, necesariamente, que el Poder Judicial se salga con la suya y preserve indemne el privilegio de no pagar Ganancias. La opinión unánime de los opositores es que esta prerrogativa debe ser revertida; la cuestión es cómo avanzar para que la medida no sea declarada inconstitucional, el obstáculo que hasta ahora impidió su aplicación. Por esta razón, en Juntos por el Cambio quieren abrir una ronda de debate en el Congreso y escuchar de boca de los propios magistrados las propuestas para enmendar la situación.

“No sirve avanzar de manera torpe e improvisada, como pretende ahora el oficialismo en esta ley de presupuesto. Así planteada va a ser declarada inconstitucional por vulnerar derechos adquiridos y la intangibilidad de los sueldos. Nosotros lo intentamos durante el gobierno de Mauricio Macri y llovieron los amparos. Pero también es cierto que los funcionarios judiciales no pueden mantener mucho más esta situación de privilegio, menos aún en un país con un 50% de su gente en la pobreza. Algo hay que hacer y los jueces lo saben”, señaló un encumbrado miembro de Juntos por el Cambio.

En la principal bancada opositora es unánime la opinión de no solo los jueces, sino también los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, hoy exentos del pago de Ganancias, paguen el tributo. Por esa razón, cuando el oficialismo, en la voz del diputado Marcelo Casaretto, incorporó un artículo en ese sentido en la ley de presupuesto 2023, fueron varias las voces opositoras de la Comisión de Presupuesto que celebraron la propuesta. “Es de estricta justicia”, enfatizaron.

Con el correr de las horas, sin embargo, imperó la cautela. Los jueces hicieron lo suyo y, en contactos reservados con los referentes más empinados de la oposición, solicitaron que antes de que se avance con la medida en la ley de presupuesto, este martes en el recinto, se los escuche en el Congreso.

En busca de alternativas

Ante el reclamo de los magistrados, los opositores frenarán la pelota y propondrán que la Cámara de Diputados se dé un tiempo para explorar alternativas que sean viables al objetivo común de que el Poder Judicial tribute el impuesto. Por de pronto sostienen que semejante medida debería formalizarse por medio de una modificación del impuesto a las Ganancias y no por una ley de presupuesto; así lo impiden las normas legales.

“Los jueces, funcionarios y empleados judiciales deben pagar el impuesto a las Ganancias. Pero hay una valla en el artículo 110 de la Constitución, que prohíbe reducir las remuneraciones de los magistrados ‘en manera alguna’ –explicó el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio-. Por eso, para evitar la violación de esa norma constitucional, en 2016 impulsamos la ley que dispuso que los jueces y empleados judiciales designados desde 2017 paguen el impuesto. Porque respecto de ellos no se produce la prohibida disminución de la remuneración.”

“Es un camino más largo, pero respetuoso de la Constitución y de la intangibilidad de las remuneraciones que esa norma consagra en beneficio de la independencia de los jueces. El actual intento del oficialismo para que todos los jueces, aun los designados antes de 2017, paguen el impuesto es inconstitucional y constituye un nuevo embate contra la justicia”, sostuvo.

Desde el interbloque Federal, el cordobés Carlos Gutiérrez coincidió y reclamó que se abra el debate. “El oficialismo vuelve a cometer los mismos errores. Sin tratar en comisión, y a horas de que el proyecto vaya al recinto, el Frente de Todos quiere incluir a jueces en el impuesto a las Ganancias –sostuvo-. Si hay que generar cambios, deben ser por diálogo y consenso.”

También el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez pidió cautela antes de avanzar en el recinto. “A lo guapo y con gritos para la tribuna no se llega a ningún lado; se frena rápido. El diálogo es la clave para un cambio viable”, sostuvo.

Así planteada la situación, le resultará muy difícil al bloque del Frente de Todos alcanzar la mayoría agravada de 129 votos para aprobar el artículo propuesto por Casaretto. Tampoco hay unanimidad en su propia bancada: la diputada Vanesa Siley, miembro del Consejo de la Magistratura y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju) reaccionó indignada ante la cúpula de su bloque cuando se enteró de la inclusión del polémico artículo en el proyecto de presupuesto.

Es más, Siley –cuyo gremio nuclea al grueso de los empleados judiciales- es una de las más activas promotoras del paro de actividades al que convocaron los gremios judiciales para el martes próximo. “El salario no es ganancia –reza el comunicado por el cual se convoca a la medida de fuerza-. No hay épica en esta medida, hay negligencia, hay discurso tribunero, pero no reparto real de la riqueza”. Evidentemente, el oficialismo tampoco contará con su voto en el recinto.

Fuente La Nación