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Por Nicolás Diana
Se trata del diputado Diego Santilli y el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro. Les tomaron el control de la línea e hicieron llamados y enviaron mensajes. Un juez del juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner ya había sufrido un ataque similar.
El diputado de Juntos Diego Santilli y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, fueron víctimas de un hackeo en sus teléfonos. Durante al menos 20 horas tomaron el control de las líneas de sus celulares e incluso mandaron mensajes e hicieron varios llamados. El “colorado”, que se anota en la carrera para ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia en la Justicia el miércoles pasado que recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini, según confirmó Clarín de fuentes judiciales. El ministro porteño irá a los tribunales esta semana.
La denuncia de Santilli es por los presuntos delitos de violación de correspondencia y violación de sistemas informáticos y por infracción al artículo 42 de la Ley de Inteligencia 25.520. En ese apartado se pena a quienes “intercepten, capten o desvíen” todo tipo de comunicaciones telefónicas.
El diputado y el ministro porteño sufrieron los ataques con pocos días de diferencias. En el caso de D’Alessandro, según pudo reconstruir Clarín, el ministro advirtió que se habían quedado con su línea el día 19 de octubre durante la Cumbre Mundial de Alcaldes que se realizó en la Ciudad. Tras una reunión con jefes de gobierno de diferentes ciudades, D’Alessandro intentó hacer un llamado, pero el teléfono estaba desactivado.
El ministro recién logró recuperar su linea tras 20 horas y luego de contactarse con la compañía telefónica Movistar. La empresa emitió un informe -al que accedió Clarín- donde quedó asentada la maniobra de sustracción de la línea. Según se lee en ese documento “el día 19/10/2022 a las 15:26, se registra una operación de cambio de SIM Card, mediante la modalidad de autogestión”
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El diputado de Juntos Diego Santilli. Foto Federico Lopez Claro.
Los presuntos delincuentes compraron un chip en El dorado, Misiones, llamaron a Movistar y tras responder una serie de preguntas lograron quedarse con la línea. Las preguntas para validar la línea eran de índole privado e incluían datos personales. Por eso en la oposición sospechan que detrás de la intercepción podrían haber tareas de inteligencia.
Con el teléfono en manos de los hackers se hicieron una serie de llamados al exterior y además se enviaron varios mensajes de texto. El contenido de esos mensajes es una incógnita.
El caso de Santilli es calcado y sucedió unos días después del episodio de D’Alessandro. El diputado detectó que su línea de teléfono ya no estaba en su poder durante una recorrida por la Provincia. Estuvo varias horas sin poder comunicarse hasta que logró reactivarla tras comunicarse con la empresa de telefonía que le informó que se había realizado un cambio de chip que el diputado no había avalado ni gestionado
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Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Según fuentes de la investigación, la operatoria también se realizó desde El Dorado, en Misiones, una ciudad que limita con Paraguay y que está ubicada a 120 kilómetros de la Triple Frontera, una zona caliente donde se mezclan actividades ilegales, espionaje y todo tipo de delitos.
Santilli y D’Alessandro tienen una relación cercana. De hecho trabajaron Juntos cuando el ahora diputado era ministro de Seguridad en la Ciudad y D’Alessandro su segundo.
Pero el episodio de presunto hackeo telefónico no fue el único que se produjo en los últimos tiempos. A mediados de septiembre el Juez Rodrigo Giménez Uriburu denunció que le hackearon el teléfono con la misma metodología. Giménez Uriburu es uno de los tres magistrados que está al frente del juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner. El hackeo se produjo unos días antes de que la vicepresidenta presentara su alegato en el juicio.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, que también fue hackeado, en una audiencia del juicio oral contra Cristina Kirchner.
Giménez Uriburu hizo al denuncia ante el fiscal Horacio Azzolin que comanda la fiscalía de Ciberdelincuencia. El juez del caso es Marcelo Martínez de Giorgi.
Giménez Uriburu advirtió las anomalías en su teléfono cuando recibió un mail de la compañía de teléfonos Movistar en el que le informaban que le habían cambiado el chip de su dispositivo. Y luego le aclaraban que si no había realizado él la gestión podía comunicarse al teléfono de atención al cliente de la compañía.
Fue en ese momento que el magistrado se dio cuenta que algo no andaba bien con su celular. En la denuncia judicial el magistrado dejó consignado que luego de comunicarse con la empresa le informaron que para realizar el cambio de chip “Movistar pide los datos de cuenta corriente” del cliente. Esa información es privada y solo el juez debería conocer esos datos. Por eso las sospechas de un presunto espionaje también crecen en este caso.
Fuente Clarin
