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Por Lucía Salinas
La Cámara Federal de Casación Penal realizará las primeras audiencias para revisar el cierre de esos dos expedientes, que se hizo sin hacer el juicio.
Después de que el Procurador general, Eduardo Casal, pidió que se haga el juicio en el caso conocido como Dólar Futuro -donde Cristina Kirchner fue sobreseída- la Cámara de Casación inicia las audiencias en otros dos expedientes donde la vicepresidenta logró un sobreseimiento sin realización del debate oral. En la causa conocida como Pacto con Irán este martes las querellas pedirán que la vice vaya a juicio y el jueves en Hotesur y Los Sauces, la fiscalía solicitará lo mismo. Luego de las audiencias, los camaristas tendrán veinte días hábiles para resolver
La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa comenzará a analizar dos expedientes claves en los que la vicepresidenta -junto a otros acusados- logró ser sobreseída sin la realización del juicio oral por parte de los Tribunales Orales que ya se habían pronunciado a favor de realizar el debate, como es lo habitual.
Este martes se dará inicio a la primera de las dos audiencias dispuestas para el expediente que se inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanzó en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. La acusación en la causa fue por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.
Pese a que el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) había dispuesto un cronograma de audiencias previas, fijado un listado de cerca de cien testigos dando conformidad a la realización del debate oral, un año después bajo otro criterio, firmó el sobreseimiento de Cristina Kirchner.
En este expediente se buscaba juzgar el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.
Luego del singular cambio de parecer, para los jueces del TOF 8, “el presente se trata de un proceso penal cuyo objeto procesal no tiene ningún tipo de anclaje legal“.
En esa misma línea consideraron que el caso “deja al descubierto que la intención de los funcionarios y las funcionarias públicas de nuestro país involucrados en la presente causa tenían como objetivo lograr que la justicia argentina pueda recibir las declaraciones indagatorias de los prófugos iraníes por el caso AMIA, así como también, que la República Islámica de Irán conteste las rogatorias cursadas por la justicia de nuestro país”.
Dándole la razón a Cristina, el Tribunal señaló que dichos objetivos “fueron vehiculizados a través de un instrumento internacional (Memorándum de Entendimiento), que nunca entró en vigencia; sumado a que fue declarado inconstitucional por la justicia federal de nuestro país”:
Por último, indicaron que se trata de una medida en el marco de la política exterior de un gobierno que la justicia no debe ponderar. “No corresponde valorar el acierto o desacierto de la política exterior argentina. Sino por el contrario poner enérgico control sobre las cuestiones federales que podrían afectar los intereses de la sociedad dentro del cartabón penal”.
Frente a estos argumentos las querellas, por un lado la que representa Tomás Farini Duggan y por otro, la DAIA bajo el asesoramiento letrado de Gabriel Camiser -y por escrito-, insistirán con algo ya planteado: es el juicio oral el ámbito por excelencia para dirimir si los acusados cometieron algún delito penal o no.
En consecuencia, pedirán ante los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, que Cristina Kirchner junto a los demás imputados en este expediente –Carlos Zannini, ahora procurador del Tesoro; Andrés Larroque, ministro bonaerense; Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, Luis D’Elía y otros seis imputados- comparezcan ante un Tribunal en el juicio oral.
A su vez, las causas que involucran a los hijos de la vice, Máximo y Florencia Kirchner tendrá su correspondiente audiencia este jueves a partir de las 10.30. Se trata de los expedientes Hotesur y Los Sauces, las dos empresas familiares investigadas por maniobras de lavado de activos.
El año pasado, dos jueces del TOF 5, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, firmaron el sobreseimiento sin realización del juicio. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia. La causa llevaba más de tres años radicada en el Tribunal y se habían impulsado medidas complementarias y aceptado listado de testigos con miras al inicio del debate.
Sin embargo, los dos magistrados resolvieron firmar el sobreseimiento de Cristina Kirchner, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros acusados.
El primero en hablar ante la Cámara de Casación será el fiscal de dicha instancia, Mario Villar. Fue quien sostuvo la apelación de su par de la instancia anterior, Diego Velasco quien insistió en que el juicio debe realizarse.
El fiscal Villar, que cuenta con 75 minutos para exponer sus argumentos, había señalado en su dictamen que “no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento” sin la realización del debate. Además sostuvo que los dos jueces que decidieron anular el juicio oral, buscaron “cerrar la causa” sin “fundamentos” y pidió el apartamiento de Daniel Obligado y Adrián Grunberg.
Estos dos expedientes fueron unificados porque en ambos se investigó una misma maniobra, porque además tienen 16 imputados en común y bajo investigación estuvo una presunta asociación ilícita creada para lavar en total 130 millones entre 2008 y 2015. Se sostuvo en la elevación a juicio que tanto Hotesur (firma hotelera) como Los Sauces (del rubro inmobiliario) “nunca tuvieron fines comerciales reales, sino sólo ser una pantalla para maniobras de blanqueo”.
Fuente Clarin
