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IsraelLa Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales de la Unión Europea, defendiendo un diseño más específico dependiendo de la situación de los Estados miembros en el que los Gobiernos tengan un mayor poder de decisión respecto a cómo reducir su deuda en el medio plazo, además de dar más poder a las autoridades fiscales independientes de los distintos países, como la Airef en España, pero sin modificar los dos grandes pilares: el objetivo de mantener el déficit presupuestario por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60% del PIB, pero eliminando la norma, escrita pero no aplicada, de la reducción de 1/20 al año de la deuda pública. Además, Bruselas apuesta por multas más pequeñas pero más efectivas a nivel político.
En la propuesta de la Comisión Europea los Estados miembros se clasificarán en tres grupos, los países con un “desafío de deuda pública sustancial”, que tienen una deuda pública superior al 90% de su PIB, como es España, los que tienen un desafío “moderado”, con una deuda pública entre el 60% y el 90%, y los que tienen un nivel bajo, es decir, que mantienen su déficit y su deuda pública por debajo de los niveles marcados. Los países tendrán planes a cuatro años negociados con el Ejecutivo comunitario. Los Estados con mayor riesgo tendrán que cumplir con su plan de ajuste fiscal dentro de esos cuatro años, aunque podrán contar con una prórroga hasta los siete años si están bien encaminados, mientras los que tengan un riesgo moderado tendrán que completarlo en los tres años siguientes al horizonte del plan.
El control por parte de la Comisión Europea se producirá sobre un único indicador operativo, el gasto neto, excluyendo el gasto de intereses y el de desempleo cíclico, y que será la base para establecer la ruta de ajuste fiscal que debe recogerse en esos planes a cuatro años. Este gasto neto funcionará como un techo a la hora de diseñar los presupuestos. “La senda de gasto primario neto plurianual acordada debe garantizar que la deuda se sitúe o se mantenga en una senda descendente a más tardar al final del período de ajuste o se mantenga en niveles prudentes, al tiempo que garantiza que el déficit presupuestario se mantenga por debajo del 3% del PIB durante el término medio”, señala el Ejecutivo comunitario en su propuesta.
Nacho Alarcón. Bruselas
El plan del Ejecutivo comunitario, presentado por Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y por Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, es más una orientación general que una propuesta detallada. De hecho los continuos retrasos en su presentación, así como la falta de detalle de esta primera propuesta, han provocado nerviosismo en el Eurogrupo, el foro de ministros de Finanzas de la Eurozona. “Estas propuestas tienen como objetivo reconciliar tres imperativos, que son complementarios y no contradictorios”, ha explicado el comisario italiano. La aplicación literal de las actuales reglas fiscales está descartada. Hay unas normas y lo que decide la Comisión Europea es qué margen hay para salirse de ellas, porque aplicarlas “podría ser dañino para el crecimiento y no muy realista”, explica una fuente comunitaria.
La propuesta de la Comisión Europea, que todavía tendrá que presentarse formalmente y tendrá que acordarse con el Parlamento Europeo y el Consejo, representando a los Estados miembros y donde encontrará resistencias importantes, establece planes a cuatro años que se adapten a las situaciones de los distintos países. Pero esta idea de hacer planes “a medida” para cada Estado miembro y que sean negociados entre el Gobierno nacional y la Comisión no gusta a todos. Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán, ya ha mostrado en el pasado su oposición a la lógica que está detrás de toda la reforma, es decir, la idea de planes específicos para cada país. Una fuente comunitaria ha subrayado que no se tratará de “acuerdos bilaterales” entre la Comisión y el Gobierno, sino que el Consejo jugará un papel. El Gobierno español apoya la propuesta y considera que se inspira en el documento de trabajo que España publicó junto con Países Bajos en marzo de 2022.
Multas más efectivas
A cambio de esta aproximación más flexible y adaptada, la Comisión Europea se quiere dotar de un sistema de control más efectivo, con multas más pequeñas que en la actualidad, pero precisamente por ello más efectivas. Una de las razones que hacía que el Ejecutivo comunitario tuviera problemas a la hora de hacer cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento era que las multas eran tan altas que era políticamente muy costoso imponerlas. La nueva estrategia de Bruselas serían multas más pequeñas y más automáticas compaginadas con un sistema que aumentará la presión política sobre los incumplidores.
“Tenemos multas muy grandes y en el pasado se ha comparado con una bomba nuclear. Y la cuestión es que no quieres usar una bomba nuclear, por muchas buenas razones”, ha explicado una fuente comunitaria a la hora de señalar las razones por las que se apuestan por multas más pequeñas. En el nuevo sistema de control que propone la Comisión Europea se defiende la necesidad de medidas que sean más “reputacionales” porque “pueden ser más efectivas”, ha explicado la misma fuente.
Un ejemplo de esas “sanciones reputacionales” sería que los ministros de Estados miembros que estén en un procedimiento de déficit excesivo tengan que estar “obligados a presentar en el Parlamento Europeo para medidas para cumplir con las recomendaciones”. Además, el Ejecutivo comunitario abre la puerta a que haya una condicionalidad macroeconómica en los fondos europeos, con la posibilidad de que la financiación de la Unión Europea pueda “suspenderse cuando los Estados miembros no hayan tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo”.
Nacho Alarcón. Bruselas
Las reglas fiscales de la Unión Europea llevan suspendidas desde 2020 para hacer frente primero a los efectos de la pandemia y después a la guerra en Ucrania y la crisis energética, y el objetivo era completar una reforma antes de que sean reactivadas, algo que está previsto que ocurra en 2024. A estas alturas ya se da por hecho que será prácticamente misión imposible tener un acuerdo sobre el nuevo régimen fiscal antes de que concluya la congelación de las viejas reglas.
Esa revisión de las normas estaba ya prevista y de hecho se lanzó antes del impacto del coronavirus en Europa, pero se ha ido retrasando el inicio de las negociaciones. La razón para la reforma es que las normas son demasiado complejas y se han ido complicando a lo largo de los años, a medida que se han ido añadiendo parches para afrontar distintas situaciones.
La suspensión de las reglas fiscales se produce cuando se activa la llamada “cláusula general de escape” para hacer frente a situaciones excepcionales, como por ejemplo fue el coronavirus, y este mecanismo seguirá existiendo. De hecho la propuesta del Ejecutivo comunitario lo que hace es poner sobre la mesa la posibilidad de que la suspensión de las reglas se produzca para un país en concreto o para un grupo de países que sufran una situación extrema que lo justifique, sin la necesidad de que la suspensión sea para todos los Estados miembros. En todo caso la decisión seguiría estando en manos del Consejo, donde se sientan los ministros de Finanzas del resto de Estados miembros.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales de la Unión Europea, defendiendo un diseño más específico dependiendo de la situación de los Estados miembros en el que los Gobiernos tengan un mayor poder de decisión respecto a cómo reducir su deuda en el medio plazo, además de dar más poder a las autoridades fiscales independientes de los distintos países, como la Airef en España, pero sin modificar los dos grandes pilares: el objetivo de mantener el déficit presupuestario por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60% del PIB, pero eliminando la norma, escrita pero no aplicada, de la reducción de 1/20 al año de la deuda pública. Además, Bruselas apuesta por multas más pequeñas pero más efectivas a nivel político.
Fuente El Confidencial
