Cáritas alerta del auge de la pobreza: “España vive un proceso inédito de fragmentación social”

La clase media española se está deteriorando, llevando a muchas personas a los estratos más bajos y disparando la exclusión social severa un 52% desde el año 2007. En total, en España viven 4,3 millones de personas en la exclusión severa, de los cuales, un tercio (1,4 millones) son menores de edad. “No fallan las personas, está fallando el sistema”, advierte Cáritas en su IX Informe sobre exclusión y desarrollo social, elaborado por su fundación Foessa.

Cáritas muestra con crudeza la realidad que viven de las clases bajas en España. Precariedad laboral, precios de la vivienda disparados, desigualdades heredadas, servicios públicos insuficientes… La situación es límite en muchas familias que ven cómo ni siquiera tener un trabajo les permite salir de la pobreza. No se trata de una situación coyuntural, sino de un modelo socioeconómico que Cáritas cree que está haciendo aguas.

Los datos son desgarradores. España es uno de los países europeos con las tasas de desigualdad más altas. El golpe es especialmente duro entre los niños, ya que el 29% de los menores sufre exclusión social. El problema de la vivienda agrava aún más esta situación. Uno de cada cuatro hogares sufre exclusión en el acceso a la vivienda, lo que les impide emanciparse.

En el pasado, tener un empleo era una garantía para escapar de la pobreza, pero esto ya no ocurre. El 67% de los hogares en situación de exclusión moderada tiene al menos uno de sus miembros con trabajo. Y esto ocurre también en el 53% de los hogares en exclusión severa.

Cáritas argumenta que “la exclusión social no es un problema que hayamos importado”, ya que el 69% de las personas que viven en esta situación son españolas. Eso sí, la pobreza golpea a los inmigrantes con mayor crudeza. El 24% de los inmigrantes de fuera de la Unión Europea viven en una situación de exclusión severa, cuatro veces más que la media española y de los inmigrantes comunitarios.

También descarta que se deba a la “pasividad” de estas personas y que quieran “vivir de prestaciones”. El 81% de los hogares en exclusión social realiza actividades de inclusión, porcentaje que baja al 77% en el caso de los hogares en exclusión severa. Cáritas entiende como actividades de exclusión hogares cuyos miembros están cursando estudios reglados, se están formando para el empleo, están buscando trabajo activamente o que estén siendo atendidas por los servicios sociales.

El problema es que muchos empleos son una condena a la pobreza. La parcialidad involuntaria, la temporalidad (que en buena medida, se mantiene pese a la reforma laboral), los falsos autónomos y los bajos salarios han provocado el surgimiento de trabajadores pobres en las dos últimas décadas.

La situación se agrava en el caso de los jóvenes, que entran en el mercado laboral con sueldos que son entre un 15% y un 30% inferiores a los que tuvieron las generaciones anteriores. Además, Cáritas constata que esta cicatriz se arrastra durante toda la vida laboral, ya que los afectados por estas peores condiciones de trabajo no consiguen cerrar la brecha ni con el paso de los años.

En paralelo, ha surgido un segundo gran problema en los últimos años, el de la vivienda. El informe de Cáritas se muestra tajante a la hora de asegura que “la vivienda se consolida como factor determinante que redefine la estructura social incluso más que los ingresos“.

“La vivienda es un factor determinante, incluso superior a los ingresos”

El modelo de desarrollo actual, critica, genera situaciones contradictorias como la existencia de 3,9 millones de viviendas vacías mientras, en paralelo, cada vez más capas de la sociedad tienen muy difícil poder acceder a un hogar, lo que poco a poco va generando bolsas de pobreza, mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos, siendo la vivienda su principal motor. La situación llega al extremo de que casi la mitad (el 45%) de las personas que viven de alquiler a precios de mercado están en riesgo de exclusión social. No hay datos peores en toda Europa.

“La vivienda exige una respuesta estructural que priorice derecho frente a especulación“, señala el informe de Cáritas, ONG ligada a la Iglesia Católica que no duda en recordar en este trabajo el artículo 47 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

La progresiva brecha social que se está produciendo entre aquellos que sí tienen casa en propiedad o quienes no, está derivando en que el alquiler esté pasando de ser una opción vital o una alternativa a la compra, a consolidarse como “vía hacia la exclusión residencial”, señala el estudio. La situación llega al extremo de que el 10% de la población más rica concentra el 54% del patrimonio del país, mientras que el 50% inferior apenas posee el 7%.

La herencia

Cáritas pone sobre la mesa otro fenómeno bien conocido: el ascensor social se ha roto y la pobreza se hereda. “Desde la acción social de Cáritas observamos la importancia del código postal“, explica Raúl Flores, coordinador del informe. La exclusión social no vive en todos los barrios.

Los autores del informe detectan que los hijos de las personas con bajo nivel educativo tienen el doble de probabilidades de sufrir exclusión social. Y el riesgo de pobreza se multiplica por 2,4 veces si al menos uno de los progenitores nació fuera de la Unión Europea.

El cortafuegos para evitar que la pobreza pase de padres a hijos es la educación pública. El problema es que ésta también falla, aunque las tasas de fracaso escolar se han reducido significativamente. Según los datos de Cáritas, un joven que no consigue superar la ESO tiene 2,7 veces más probabilidades de caer en riesgo de exclusión severa.

Salir adelante

España está experimentando un intenso avance del PIB compatible con un ensanchamiento de las desigualdades. “El crecimiento económico, por sí solo, no corrige la desigualdad ni sus consecuencias, incluso puede agravarla”, ha advertido Flores.

En su opinión, “las políticas actuales, encaminadas a paliar los síntomas, se muestran insuficientes para atajar las causas estructurales“. Medidas como el ingreso mínimo vital, el ensanchamiento de la cobertura del desempleo o la protección a los mayores de 52 años son parches que no atajan el verdadero problema. “Necesitamos un nuevo pacto social que cuestione consensos asumidos como la meritocracia o como el crecimiento ilimitado”, argumenta Flores.

“Necesitamos un nuevo pacto social que cuestione consensos asumidos como la meritocracia”

El aumento de la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de una parte creciente de la población conduce al deterioro de la democracia. La situación es especialmente grave entre los jóvenes, la generación peor tratada. Un 75% cree que vivirá peor que sus padres y un 80% se siente desatendido por las instituciones. Con estos porcentajes, no extraña que el 43% de los jóvenes se declare insatisfecho con la democracia.

“No es una crisis juvenil, es una crisis de la sociedad que nos está hipotecando a todos”, advierte Cáritas. En su opinión, hay que reconstruir el pacto intergeneracional que se ha roto, porque “mientras la exclusión severa se consolida en la juventud, desaparece en los mayores”. Por este motivo, pide tomar como ejemplo las pensiones públicas y destinar el mismo esfuerzo en proteger a los niños, los jóvenes y las personas vulnerables. “No es una utopía, es una cuestión de decisión y de prioridad”, culmina.

Fuente El Confidencial