En noviembre de 1990 el Gobierno de Menem decidió ponerle fin a cuatro décadas de una planificación centralizada que había destruido la telefonía argentina. La privatización modernizó los servicios y permitió las inversiones que hacen posible las telecomunicaciones de hoy en día.
Hace pocos días se cumplieron 32 años de la privatización de la antigua empresa Entel, el 13 de noviembre de 1990 bajo la dirección del Gobierno de Carlos Saúl Menem y María Julia Alsogaray como gestora de la transferencia al sector privado.
El gigante estatal concentraba el monopolio de las telecomunicaciones del país, y administraba la provisión de servicios, la inversión y las tarifas de los usuarios de manera centralizada, bajo el mismo esquema de organización que imperaba en las economías socialistas detrás del paño de la Unión Soviética.
El Estado argentino había tomado posesión de los servicios telefónicos en 1946 tras la expropiación de la Unión Telefónica, para dar paso a “Teléfonos del Estado” que más tarde pasó a llamarse Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) desde 1948 y hasta su disolución.
44 años de control estatal centralizado habían conseguido destruir el sistema de telecomunicaciones, descapitalizandolo permanentemente y produciendo un proceso de atraso tecnológico en comparación a las economías que optaron por la provisión descentralizada y de mercado.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el Estado podía demorarse hasta 10 años en proveer una sola línea telefónica a sus clientes. La situación fue tan dramática que incluso los departamentos cotizaban a un valor significativamente superior si contaban con una línea telefónica ya instalada, y la falta de teléfonos hacía que fuese común su uso compartido en edificios y condominios.
El crecimiento en la cantidad de teléfonos fijos por habitante perdió su dinamismo desde la década de 1950, y todos los intentos por revertir la situación devinieron en fracaso como ocurrió con el “Plan Télex Nacional” lanzado por la última dictadura o el “Plan Megatel” lanzado por Raúl Alfonsín. El problema era estructural e imposible de sortear bajo una administración centralmente planificada.
La privatización y desregulación impulsada por Carlos Menem y María Julia Alsogaray permitió devolverle las telecomunicaciones al país. La administración privada rápidamente modernizó los servicios, y trajo consigo nuevas tecnologías e inversión que hoy permiten sostener el sistema de telecomunicaciones actual.
Las líneas de teléfono pasaron de entregarse con demoras de hasta 10 años a entregarse en cuestión en días, y se más que duplicaron entre 1990 y 2001. La cantidad de teléfonos fijos por cada 100 habitantes registró un aumento del 120% en ese período, consiguiendo el crecimiento más rápido de la historia hasta ese entonces.
Las tarifas pagadas por los usuarios se abarataron en términos reales, y se desplomaron en comparación a las costosas facturas que enviaba la administración estatal en 44 años de gestión. El valor promedio de la tarifa telefónica entre 1991 y 2001 fue hasta un 63% inferior al valor promedio registrado entre 1946 y 1990.
Todos estos factores contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los usuarios argentinos que habían recuperado un servicio esencial, hasta ese entonces relegado por décadas.
El traspaso al sector privado coordinado por Alsogaray se considera una de las gestiones más exitosas en las privatizaciones de la década del 90. El Estado logró desprenderse de la carga por un fuerte y crónico déficit que ya no podía financiar, y a cambio obtuvo recursos frescos que sirvieron para la cancelación de servicios de deuda externa.
Fuente Derecha a Diario
