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Por Bernardo Vázquez
Unos 30.000 millones son por la suba del salario mínimo, que incide en los que cobran 1,36 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se suman a unos 44.000 millones más por el aumento en la tarjeta alimentar
La suba del Salario Mínimo Vital y Móvil decidida en la tarde del martes repercutirá directamente en los recursos del programa Potenciar Trabajo. En simultáneo, esta semana el Gobierno decidió una actualización en los montos de la Tarjeta Alimentar, que también impactará en Políticas Alimentarias, el otro programa central del Ministerio de Desarrollo Social
Se prevé que los cambios, como mínimo, representen un incremento extra de $ 75.000 millones hasta marzo, según el cálculo que hizo Clarín y chequeó con fuentes oficiales. Se agregarán al presupuesto actual de ambos programas, a los que en lo que va del año se les transfirieron casi $ 700.000 millones y que para 2023 tienen establecidos fondos globales por más de $ 1 billón.
En el caso del Salario Mínimo Vital y Móvil el aumento fue de 20% en cuatro cuotas, lo que elevará la mensualidad a partir de $ 69.500 con los haberes de marzo. Teniendo en cuenta que rebota directamente en el Potenciar Trabajo, ese programa pasará a tener un piso de $ 34.750, ya que los 1,3 millones de beneficiarios del plan perciben medio sueldo.
En total, son $ 7.475 millones por mes en promedio, que sumando los cuatro períodos que vienen serán exactamente $ 29.990 millones extra al Potenciar Trabajo que tendrán que destinar desde Desarrollo Social a un programa que en lo que va del año ya recibió fondos por $ 364.000 millones y que cerrará el año, como mínimo, con recursos por $ 416.000 millones.
El Potenciar Trabajo está a cargo del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita quien quedó en la mira después de que se detectaran irregularidades en el cobro de planes sociales. A Pérsico, desde la oposición, lo acusan de estar “de los dos lados del mostrador”.
De acuerdo a un informe de la AFIP, hubo beneficiarios que compraron dólares y que además presentaron declaraciones de Bienes Personales. A partir de eso, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz decidió la baja de 3.190 beneficiarios y la suspensión de otros 947.
En paralelo, esta semana el Gobierno anunció que actualizará los montos que se pagan a la Tarjeta Alimentar. El incremento será del 40% y lo que cobrarán los titulares con un hijo a cargo será a partir de noviembre $ 12.500, mientras que los que tengan dos niños cobrarán $ 19.000 y los que tengan tres percibirán $ 25.000 con los haberes de este mes.
El aumento de recursos de la Tarjeta Alimentar impacta directamente en Políticas Alimentarias, el otro programa central del Ministerio de Desarrollo Social, que en lo que va de 2022 ya tiene un devengado de $ 372.909 millones. Según Tolosa Paz, el nuevo aumento equivale a una inversión del Gobierno de casi $ 11.000 millones por mes.
“Esta ministra cree en la inversión pública, es por eso que aumentamos el monto de la prestación alimentaria que pasa de $ 27.616 millones a $ 38.519 millones, lo que significa un incremento de casi $ 11.000 millones en el presupuesto destinado directamente a las infancias”, tuiteó Tolosa Paz, que asumió en el cargo en octubre, en reemplazo de Juan Zabaleta.
Por tanto, se estima que de aquí a marzo serán unos $ 44.000 millones como mínimo los que demandará el programa alimentario, que controla La Cámpora a través de la secretaria de Inclusión Social Laura Valeria Alonso, que responde políticamente a Máximo Kirchner.
Para 2023, el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias administrarán recursos, en conjunto, superiores a $ 1 billón. Más de $ 590,000 millones en el caso del programa que conduce Pérsico, y unos $ 442.000 millones en el de la caja que encabeza Alonso.
Un ministerio loteado, con cajas para todas las organizaciones sociales
Con La Cámpora y el Movimiento Evita repartiéndose el 90% del presupuesto, la grieta interna de Desarrollo Social se hace cada vez más evidente entre esos dos grupos. Pero también hay otras organizaciones que juegan en la interna.
Si bien el resto de los programas manejan fondos marginales en comparación, sobresale, entre otros, la Secretaría de Integración Socio Urbana, de Ramona Fernanda Miño, una funcionaria que reporta a Juan Grabois y que en 2023 tendrá a su cargo una caja de más de $ 11.000 millones anuales.
Abordaje Territorial, con $ 51.922 millones, y la Secretaría de Gestión Administrativa, con $ 19.665 millones serán otras cajas importantes del Estado. La primera la maneja María Eugenia Meana, otra dirigente camporista; la segunda, Javier Caruso, designado recientemente por Tolosa Paz.
Otro dirigente de organizaciones piqueteras con peso dentro del ministerio es Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, grupo alineado a Alberto Fernández, y que ocupa el cargo de subsecretario de Políticas de Integración y Formación. La semana pasada, el propio Presidente envió un mensaje de apoyo a su agrupación, en la previa a unas jornadas de debate que realizaron.
A fines de octubre, Clarín dio a conocer que las organizaciones sociales habían cobrado más de $ 10.000 millones en los últimos dos años en fondos discrecionales, por fuera de lo presupuestado. Cooperativas relacionadas al Movimiento Evita, de Pérsico, y la CTEP de Juan Grabois y Esteban “Gringo” Castro, fueron las más beneficiadas.
Fuente Clarin
