Argentina
España
USA
Israel
Por Patricia Blanco
La jueza tomó la decisión tras recibir el peritaje de Gendarmería Nacional, que se incorporó al expediente. Allí se determinó que ambas fuerzas tuvieron responsabilidad en el bloqueado y reseteado del aparato
La jueza María Eugenia Capuchetti denunció este lunes a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a los fines de esclarecer si hubo delito en el accionar de ambas fuerzas cuando manipularon el teléfono de Fernando Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner, apenas horas después del intento de homicidio de la Vicepresidenta. La orden de Capuchetti es consecuencia del informe de la Gendarmería Nacional que, a través de un peritaje, estableció que en la madrugada del 2 de septiembre un experto de la PFA bloqueó el teléfono al intentar extraer la información y añadió que el celular quedó reseteado cuando ya estaba en poder de la PSA.
En un breve escrito, la magistrada afirmó que en función de los resultados del peritaje correspondía hacer la denuncia sobre las dos fuerzas involucradas a los fines de establecer si existió un delito de acción pública. Por sorteo, la causa recayó en manos de la jueza María Servini.
El informe técnico, revelado el sábado por Infobae, apareció en la causa a raíz de la decisión de Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo para saber que pasó con ese teléfono. Es que inicialmente el equipo fue manipulado por un agente de la PFA. Según el acta de la PSA, el teléfono llegó a las 23 del 2 de septiembre. De acuerdo a la versión dada, el equipo llegó reseteado. Parte del material se pudo recuperar, pero aún se está intentado recuperar la totalidad.
Fernando Sabag Montiel
En el mientras tanto, la causa sigue y lo que el peritaje de Gendarmería sobre el teléfono de Sabag Montiel estableció fue:
-que el perito de la PFA “no tomó los recaudos pertinentes respecto de su debida preservación/resguardo”
-que no resulto factible determinar la causales, fecha y marco de tiempo en que el dispositivo de Sabag presentó el error de inicio avisando “warning: cdmline parameter”, una leyenda que suele aparecer en algunos dispositivos al intentar realizar una adquisición de información y se encuentra contemplado por la herramienta UFED al contar con una opción que permite volver al equipo en modo arranque;
-que sí fue factible determinar la fecha y marco de tiempo en que el equipo de Sabag volvió a valores de fábrica: fue a las 0.19.26 del 3 de septiembre de 2022;
-que, según el peritaje, eso sucedió al desbloquear el “bootloader”, un proceso preestablecido por el fabricante para posibilitar la carga de un sistema operativo personalizado, “lo que pudiera haber producido tras ingresar al modo ‘download’ y manipular las opciones correspondientes en los intentos de realizar una adquisición forense”;
-el equipo presentaría configuraciones particulares que se ejecutan manualmente por un usuario, que lo convertía en “un equipo propenso a recibir cambios en su sistema operativo original, colisionando la medida de seguridad del fabricante con la operatividad que pudiera realizar la herramienta forense utilizada al momento de intentar la adquisición de información”.
Si bien no existe un protocolo específico que dictamine los lineamientos particulares a seguir sobre dispositivos bloqueado, dijo el informe, el personal de la PFA debió aconsejar a la jueza “la necesidad de utilizar herramientas especializadas en desbloqueo e inmediatamente preservar el dispositivo conforme a las buenas prácticas de la informática forense”. La Gendarmería estableció las “falencias” detectadas en la labor de la PFA y de la PSA. “El equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimiento, lo que hace que el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha. En las actividades del ‘history’, el equipo presentó un error de integridad, lo que causó un “wipe data”, o lo que se conoce como un borrado seguro”, se añadió.
En la causa están detenidos Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, considerados coautores del intento de homicidio agravado; y Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los copitos y señalado un partícipe secundario. Cristina Kirchner pidió agravar las acusaciones a una asociación ilícita e incluir allí a más sospechosos.
El viernes pasado, la Cámara Federal rechazó la recusación de la vicepresidenta contra la magistrada y dio instrucciones sobre avanzar con medidas de pruebas vinculadas a la pista que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman. La magistrada delegó la instrucción en el fiscal Rívolo.
Fuente Infobae
