La ministra de Trabajo admitió que el “Puente al empleo” consiguió un nivel de adhesión decepcionante e irrisorio, en lo que se configura como un nuevo fracaso en el largo haber del oficialismo.
La administración de Alberto Fernández se puede anotar un nuevo fracaso a la larga lista de hechos desafortunados desde diciembre de 2019. La ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó los resultados del programa “Puente al empleo”, que tuvo vigencia a partir del 1 de octubre de 2022 y cuya aplicación regía sobre las relaciones laborales que se inicien durante los primeros 24 meses a partir de esa fecha.
El programa pretendía una rápida transformación de planes sociales en empleo privado formal. Para ello, el Estado establecía que los programas sociales no dejarían de ser percibidos aún consiguiendo un empleo, y se estipulaba una leve y temporal reducción de las cargas sociales.
Las modalidades de contratación para los aplicantes al programa fueron las siguientes: contratos de trabajo por plazo indeterminado, tiempo parcial, trabajo a plazo fijo, por temporada, trabajos trabajo agrario permanentes, de prestación continua y discontinua, y temporarios, y contratos para el personal de la industria de la construcción.
Los beneficios demostraron ser muy poco asignativos, y por lo tanto los incentivos para favorecer la contratación formal jamás fueron dinamizados. La ministra Olmos admitió que la adhesión voluntaria al programa fue decepcionante, el “puente” entre los programas sociales y el empleo formal jamás apareció.
“Como en la práctica no hemos logrado adhesión debemos hacerlo en conjunto. Ahí hay una tensión que hay que resolver. Para nosotros es muy importante que se lleve a cabo y que los planes se transformen en trabajo genuino”, anunció la ministra de Trabajo.
El presidente Alberto Fernández declaró orgulloso su enfática negativa hacia cualquier tipo de reforma laboral, pero en su lugar no ofreció ninguna garantía para aminorar el creciente trabajo en el sector informal del mercado del trabajo, y la falta de recuperación en los puestos de trabajo del sector privado formal.
Los pequeños paliativos anunciados no dieron resultaron favorables, y cada vez se hace más evidente la necesidad de una reforma integral sobre la legislación laboral. Los elevados impuestos al trabajo, los costos adicionales por el pago de indemnizaciones, la centralización excesiva de las negociaciones salariales y la vigencia indefinida de convenios por ultra-actividad son solo algunos de los muchos factores que condicionan la generación de empleo formal en el sector privado.
De hecho, y pese a la recuperación económica entre mediados del 2020 y principios del 2022, la mayor parte del rebote laboral provino del sector informal de la economía, junto con el incremento del empleo en el Estado, pero no hubo un gran dinamismo del sector privado formal.
La flexibilización sobre el mercado laboral acaba por producirse de todos modos: o bien puede conseguirse con una legislación moderna y ordenada para fomentar la formalidad, o bien se termina produciendo de manera de facto a través del trabajo informal sin ninguna contemplación ni derechos legales.
Fuente Derecha a Diario
