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Los fiscales de Delitos Complejos les atribuyeron la persecución ilegal de políticos, empresarios y abogados para influir en la vida institucional. Dinero de por medio y DDHH en juego, parte de una causa sin antecedentes.
En una acusación sin precedentes para la democracia de Santa Fe y con el gobierno de Omar Perotti bajo la lupa, Marcelo Sain quedó al borde de ir preso tras ser imputado por más de 20 delitos en base a una asociación ilícita por hechos cometidos entre comienzos de 2021 y finales de 2021, cuando fue ministro de Seguridad provincial y mantenía un doble comando irregular con parte del Organismo de Investigación.
Sain y otros ex funcionarios, todos comprometidos, escucharon inicialmente por videoconferencia los hechos adjudicados por los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg. Un segundo grupo iba presencialmente este martes al Ministerio Público de la Acusación.
Tras ello, los fiscales quedaron en condiciones de pedir ante un juez medidas cautelares. Por la cantidad y gravedad de hechos, la acumulación de causas en su contra y la alta pena en expectativa, Sain quedó al borde de quedar detenido -en prisión preventiva- si el magistrado avala los hechos y la prueba y rechaza que hayan tenido facultades para realizar investigaciones sin control judicial.
Asociación ilícita
Según los fiscales, “la organización criminal poseía estructura piramidal y era encabezada por Marcelo Sain -en carácter de Jefe-, seguido por Nadia Schujman -en carácter de organizadora en el Ministerio de Seguridad- y Débora Cotichini -como organizadora en el Organismo de Investigaciones”.
Relataron que “se utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente, etc.) la información personal cuya obtención ilegal ordenó”.
También que “utilizó con los mismos fines información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva”.
Para todo eso, realizaron “acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la Provincia de Santa Fe“.
“Con ello procuraron además influir en la situación institucional, política, policial y social de la Provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones de la Provincia de Santa Fe. Ello fue realizado además sin respetar los principios de necesidad y pertinencia, utilidad, proporcionalidad y legalidad de la inteligencia criminal“, agregaron.
“A su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial”, añadieron.
De la descripción de los hechos surge que el ex secretario de prensa y comunicación Federico Llumá fue clave para la divulgación.
Para los hechos, Sain atribuía órdenes del entonces senador nacional Roberto Mirabella -ahora diputado- y del gobernador Omar Perotti. En el caso de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, su voz aparece expresamente.
Todo sucedió, además, mientras la violencia e inseguridad mostraban índices de alarmante crecimiento en Rosario
Sain expresó que, por consejo de su defensa -el abogado Hernán Martínez- no iba a declarar sobre los hechos. Sólo formuló manifestaciones “personales”.
En ese aspecto, él y Montenegro coincidieron en que actuaron bajo facultades propias de la gestión y con conocimiento pleno del gobernador Omar Perotti. En particular, Sain dijo tener audios para probarlo aunque sostuvo que no iba a divulgarlos.
Las víctimas
Entre las víctimas aparecen políticos, funcionarios judiciales, abogados, empresarios de la salud, medios y la construcción, sindicalistas, militantes sociales y organizaciones sociales y profesionales y empresas vinculadas a la salud.
Los casos son muchos y extensos. Sólo como ejemplo, los fiscales expusieron que al Defensor Regional Rosario Gustavo Franceschetti lo investigaron ilegalmente “con la única y expresa motivación de sus opiniones acerca de la situación de la población carcelaria santafesina en el marco de la pandemia de COVID”.
Las actividades irregulares incluyen malversar gastos reservados de la Unidad Especial de Asuntos Internos, destruir documentos existentes en oficinas y ordenar y consentir la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de fuerzas de seguridad.
También, que ante los crecientes rumores de modificación en la plantilla de funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad, la asociación ilícita se abocó a obtener información de muchos de los funcionarios políticos de esa cartera que no integraban la organización delictiva“. Uno de los afectados fue Jorge Lagna, sucesor por esos días de marzo de 2021 de Marcelo Sain.
Por último, los fiscales sostienen que Marcelo Sain, Nadia Schujman y Diego Rodríguez sustrajeron dinero de la partida de gastos reservados destinada a la Agencia de Control Policial.
Los imputados
Quienes fueron imputados este martes son Marcelo Sain (Ministro de Seguridad y Director del Organismo de Investigaciones), Esteban Germán Montenegro (Secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (Asistente del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional), Diego Alfredo Rodríguez (Subsecretario de Control Institucional), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (Jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones).
También formularon cargos a Milagros Bernard (Contratada por la Subsecretaría de Control Institucional) y María Agustina Moulins (Contratada en la Subsecretaría de Investigación Criminal).
Informe de Hernán Funes.
Fuente Cadena 3
