Argentina
España
Por Lucía Salinas
En una carta en la que intentó despegarse de las acusaciones en su contra por corrupción, definió a esas transacciones sospechosas como un intercambio de prestaciones recíprocas.
En su alegato del juicio por corrupción en el caso Vialidad, los fiscales aseguraron que las relaciones comerciales que Cristina Kirchner mantuvo con Lázaro Báez “eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz”. Este martes, la vicepresidenta se defendió en una carta con supuestas “veinte mentiras” de la causa, entre las cuales mencionó su relación con el contratista K . En el texto, redujo los acuerdos comerciales millonarios a “intercambio de prestaciones recíprocas”, y negó ser socia del dueño del Grupo Austral.
Terrenos, casas, ampliación de hoteles, alquiler de inmuebles, alquiler de hoteles, préstamos millonarios, un terreno en condominio, compraventa de propiedades, son algunas de las transacciones que concretaron Cristina Kirchner y Lázaro Báez durante los años en que ella y su marido presidieron la Argentina.
Durante su alegato, el abogado Carlos Beraldi utilizó otra expresión para describir esos negocios que para diversos funcionarios judiciales exponen una contabilidad cruzada y al menos difusa. “Uno alquilaba y el otro pagaba”, dijo Beraldi sobre los múltiples y millonarios acuerdos comerciales celebrados con la empresa que ganó 51 licitaciones viales y que tuvo como único cliente al Estado nacional entre 2003 y 2015.
Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.
Para esos intercambios, el abogado de la vicepresidenta tuvo otra definición: “No fueron retornos, fueron negocios privados”.
Este martes, en el marco de sus palabras finales ante el Tribunal que el próximo martes 6 de diciembre leerá su veredicto y determinará si es culpable o inocente, Cristina Kirchner informó que iba a publicar las “veinte mentiras” de la fiscalía que pidió para ella una condena de doce años de cárcel.
Antes de dar a conocer ese descargo sobre las acusaciones en base a la cual los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la encontraron responsable de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, Cristina acusó a los jueces de ser un “pelotón de fusilamiento”. Reiteró que ya tienen escrita la sentencia condenatoria y reiteró que quienes la acusaron “deberán responder preguntas”.
En ese listado de veinte puntos, se ocupó de defender sus negocios con Lázaro Báez en términos similares a los que recurrió su abogado Carlos Beraldi.
“Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno”, dijo la vice en su escrito.
¿Qué había dicho la fiscalía? Que una vez “transferidos los fondos públicos a manos de Lázaro Báez, se inició una etapa posterior en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner pero esta vez en una faceta privada, a través de maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.
Durante doce años, y con el Estado nacional como único cliente, fueron los contratos viales la principal fuente de ingreso de Austral Construcciones y sus firmas satélites. De esa misma caja, Lázaro Báez pagaba mes a mes diversos acuerdos comerciales de locación de propiedades y hoteles a la familia Kirchner.
Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.
Pero la vicepresidenta señaló que es “falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas”.
Los números cuestionados
“La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez“, añadió la vice en su punteo de “mentiras”.
Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.
A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas “emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner”, sostuvo la fiscalía. Hubo créditos internos de la constructora por 71 millones de pesos, y Kank y Costilla -otra firma del Grupo Báez- también aportó 1.8 millón de pesos.
Hoteles e inmobiliaria
A estos acuerdos comerciales Cristina Kirchner le añadió otro argumento de defensa: “La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal“.
Se refirió a la resolución dictada por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) con la que sobreseyeron a Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner -y demás acusados- sin realización del juicio oral.
Pero ese sobreseimiento fue apelado ante el TOF 5 por el fiscal Diego Velasco, quien sostuvo que en su sentencia los jueces “no valoraron la existencia de sociedades pantalla para ocultar la procedencia del dinero, ni siquiera han analizado que dichas sociedades compartan accionistas y directores”. Y consideró que los miembros del tribunal “tampoco le dieron entidad a que se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados“.
La Sala I de la Cámara de Casación se encuentra analizando el caso para determinar si la familia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros imputados, deben afrontar el juicio oral o si por el contrario, dejarán firme el sobreseimiento.
En esa dinámica de “uno alquilaba y otro pagaba”, también se firmaron alquileres con la inmobiliaria de Los Sauces. Primero, el Grupo Austral construyó unidades de departamentos y después, Lázaro Báez se convirtió en inquilino garantizando ingresos por 12,3 millones de pesos a favor de los Kirchner.
Así fue que sólo en concepto de contratos de locación tanto a favor de Los Sauces como de Hotesur, Lázaro Báez pagó con fondos de Austral Construcciones 39.892.110 pesos a la familia Kirchner.
Fuente Clarin
