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Por Lucía Salinas
El martes se conocerá el fallo en el juicio de la obra pública. Gremios y piqueteros K analizan movilizaciones y paros. “Por ahora no hay nada definido, pero no se descarta nada”, dijeron en la organización que conduce Máximo Kirchner.
En algo más de 48 horas el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) leerá su veredicto. En ese momento Cristina Kirchner sabrá si por primera vez, resultará condenada en un caso de presunta corrupción o si no encontraron elementos suficientes para sostener una sentencia condenatoria.
Todo ocurrirá este martes después de las 17 y hasta ese momento, el hermetismo de los jueces se impone de cara a lo que será el final del juicio Vialidad.
Tres años y medio, más de 600 horas, un listado de 150 testigos, más de un centenar de audiencias celebradas, son parte del juicio que llevó a la vicepresidenta a estar sentada en el banquillo de los acusados y marcó al kirchnerismo durante todo este tiempo.
Sindicatos del sector público ya advirtieron que paralizarán el Estado si Cristina es condenada; organizaciones sociales analizan cortes de ruta y manifestaciones.
En La Cámpora y en el Instituto Patria aún evalúan cómo reaccionar. “Por ahora no hay nada definido, pero no se descarta nada”, dijeron a Clarín en la organización que lidera Máximo Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por Andrés Basso, el presidente Jorge Gorini y Rodrigo GIménez Uriburu.
El expediente que instruyeron el juez federal Julián Ercolini y los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, encontró responsable a la vice de los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa- y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Bajo esas dos figuras penales, la vicepresidenta afrontó su primer juicio oral y público.
El 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, dieron por corroboradas las imputaciones y pidieron una condena de doce años de cárcel para Cristina Kirchner.
La misma condena solicitaron para Lázaro Báez, como organizador de la asociación ilícita. Bajo la misma figura penal, encontraron responsables a Julio De Vido, José López y a Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional), para quienes requirieron diez años de pena.
Debajo de ese mayor grado de responsabilidad, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) acusaron a los ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal y de la Dirección de Vialidad Provincial en el sur, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, con penas menores a los cinco años.
De todas estas acusaciones se defendieron los acusados a través de sus abogados en la instancia de alegatos. En un razonamiento antagónico al de los fiscales, todos reclamaron la absolución basada en la falta de pruebas y en la inexistencia de los delitos atribuidos.
Ahora será el Tribunal el que deberá dirimir entre estas dos posturas. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -a quienes Cristina Kirchner acusó de ser un “pelotón de fusilamiento”-, conocen la envergadura del caso: no sólo por la extensión, complejidad y características del expediente concentrado en 51 licitaciones viales que recibió Lázaro Báez, sino también, por el trasfondo político.
Lázaro Báez. Foto David Fernández.
Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder en enfrentar un juicio por presuntos hechos de corrupción.
Una eventual condena, también se convertiría en un hecho político trascendente porque con la acusación hay un pedido de los fiscales de inhabilitación perpetua de cualquier cargo público.
Por ese motivo, y por rechazar sus vínculos comerciales con Báez mientras éste se imponía sistemáticamente en cuanto procesos licitatorio se presentaba, es que la vice sostiene el juicio y el caso sólo busca proscribirla y estigmatizar a su espacio político.
Instancias judiciales
Lo cierto es que en caso de contar con una condena, la misma no obtendrá firmeza hasta que se agoten las instancias recursivas, es decir, hasta apelar a la última instancia que se puede llegar: la Corte Suprema de Justicia. Mientras todo eso transcurre, Cristina Kirchner puede ser candidata al cargo que desee.
Ese análisis, igual, es prematuro. Aún resta oír la voz de los jueces el martes por la tarde. Sólo darán lectura a la responsabilidad penal de cada uno de los trece imputados y en caso de haber encontrado elementos para condenarlos, qué pena se le dicta a cada uno.
Los fundamentos del criterio que adopten, sea condenar o absolver, se conocerá recién en los primeros meses de 2023 y allí comenzará la instancia de apelaciones.
Si la sentencia es absolutoria, es la Fiscalía la que puede apelar esa determinación porque fue la que requirió penas muy altas para todos los involucrados en el expediente.
Por estas horas, los magistrados analizan una “organización criminal” -como definió el fiscal Luciani-, que se compone de dos delitos principales, la asociación ilícita y la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Estos delitos pueden existir de forma independiente, no se requiere encontrar responsables a los imputados de uno de ellos para determinar que cometieron el otro ilícito.
Las últimas semanas en Comodoro Py la discusión se centraba en el delito de asociación ilícita: nunca se dictó una condena a políticos atribuyéndoles dicha estructura.
Para la Fiscalía se cuenta con todos los elementos que el código impone para atribuir ese delito: la organización de dos, tres o más personas, la distribución de roles para cometer los delitos, la comisión indeterminada de los delitos (que deriva en otros expedientes), la permanencia en el tiempo de la maniobra delictiva, la conjunción de voluntades para que todo esto ocurra.
Es el delito al que mayor resistencia le imponen los Tribunales en general, algunos bajo la premisa de que es una figura penal muy amplia, otros evitando sentar el precedente de que se avance en la utilización de este criterio jurídico.
Son los fiscales los que más reclaman que se comience a dictar condenas por asociación ilícita, entre otros aspectos, porque las penas por defraudar al Estado son mayores a los seis años, al igual que enriquecimiento ilícito.
“Es una forma de desincentivar a la comisión de los delitos”, indicó una alta fuente judicial.
Para el fiscal Luciani, los jueces deben resolver entre la justicia y la corrupción.
Para los defensores, el mismo Tribunal debe elegir entre una “condena inmoral o el resguardo al Estado de derecho”. La palabra final se conocerá el martes.
Fuente Clarin
