Argentina
España
USA
Israel
Por Claudio Savoia
Aunque restan dos instancias de apelación, la vice es culpable de gravísimos actos de corrupción. No hay relatos ni excusas que puedan soslayar ese golpe de enorme impacto judicial y político.
En su obra más trascendente, Cómo hacer cosas con palabras, el lingüista John Langshaw Austin clasificó distintos tipos de enunciados, entre los cuales dedicó especial atención a lo que bautizó como “oraciones realizativas”. ¿Cuáles son? Aquellas que no pueden ser contrastadas como verdaderas o falsas, que no sirven para informar sino que cuando son pronunciadas crean un nuevo estado de cosas, una nueva realidad. Una maldición, un juramento o la declaración de un matrimonio, por ejemplo. O la lectura de una condena, como la que el juez Jorge Gorini formuló este martes, convirtiendo el uso de la palabra corrupta respecto de Cristina Kirchner de un adjetivo a un sustantivo. Ya no la califica. Ahora la nombra.
Esta aparente cavilación sin sentido es sin embargo la consecuencia más importante, rotunda y perdurable del juicio que acaba de terminar, con una sentencia a prisión contra la vicepresidenta en ejercicio, por gravísimos actos de corrupción que causaron perjuicios millonarios para ese Estado que con tanta frecuencia habita en los discursos de la condenada y sus seguidores: el flamante veredicto confirma cuál fue la verdadera relación de Cristina con las arcas públicas que debía cuidar, expandir y distribuir.
No por prevista y anunciada, la noticia de la sentencia contra la vice y sus ex funcionarios -sus cómplices- y el socio de negocios de tantos años, Lázaro Báez, atempera el fenomenal impacto que tendrá en la política nacional y también internacional. América Latina sigue prodigando autoridades corruptas al mundo: los peruanos Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo; los ecuatorianos Jamil Mahuad y Rafael Correa; los paraguayos Luis González Macchi y Juan Carlos Wasmosy; los brasileños Fernando Collor de Mello y el ahora restablecido Luis Inácio Lula Da Silva son sólo algunos nombres de expresidentes condenados o con avanzadas investigaciones en su contra por delitos de corrupción. Cristina Kirchner suma su nombre al de Carlos Menem para reforzar el aporte argentino a la Patria Grande.
Aunque el dispositivo judicial de impunidad que durante tantos años impidió que se investiguen y sancionen delitos tanto o más graves que el ahora comprobado seguirá dando sus frutos en el aquelarre de apelaciones, pedidos de nulidad y cuestionamientos que los abogados de Cristina ya deben tener listos para gatillar, la sentencia de este martes es una baza firme en esa ciénaga, que se suma y alinea con otras ya colocadas en un mapa inequívoco.
Sólo como ejemplos: los negociados de Amado Boudou con la firma Ciccone -y su inmediata contratación por parte del Estado que presidía Cristina, para que ese negocio fuera fértil-, las mil y una coimas y dádivas del pingüino adoptivo y exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, los bolsos voladores y rebosantes de dólares de José López, el fecundo árbol de firmas, inversiones, edificios y bienes de todo tipo y color que el exsecretario personal de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, logró regar entre Río Gallegos y Miami, son un caramelo ácido y muy difícil de digerir para los devotos del lawfare, la persecución mediático-judicial y la sinarquía internacional que con ayuda de los cipayos, vendepatrias y otras alimañas humanas atenta contra los “líderes populares”, amenazando la felicidad del “pueblo”.
Pero afinemos mejor la vista y ahí está Lázaro Báez, condenado en febrero de 2021 a doce años de cárcel por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, con la plata -según la justicia- que conseguía de los contratos de la obra pública que no cumplía y los impuestos que no pagaba sin que nadie lo molestara. La segunda condena para él, este martes, despeja las pocas motas de duda que podrían quedar respecto de su honorabilidad. Y aún tiene más causas en trámite contra él.
También están ahí los expedientes por lavado de dinero con las empresas Los Sauces y Hotesur, de la familia Kirchner, que según se investigó en la instrucción de ambos eran apenas fachadas mal pintadas para disimular las transferencias de otra porción de esos millonarios fondos obtenidos gracias a la corrupción en la obra pública condenados este martes, para que regresaran a los bolsillos de quienes habían pergeñado, organizado, ejecutado y mantenido durante doce años ese flujo de verdes billetes hacia las bóvedas, inmuebles e inversiones de la ex familia presidencial. Con otro escándalo digno del libro Guinness, un tribunal firmó archivar esas dos causas que iban a juzgarse juntas, sin que se haga el juicio. El paroxismo del deterioro judicial: la justicia que ya ni siquiera juzga.
Pero ese intento también está a punto de ser revertido, seguramente antes de que el 2022 agote su calendario. Recordemos: toda esa montaña de dinero, pornográfica por su magnitud pero también por el contraste de su crecimiento simultáneo a una Argentina que caía en las tinieblas de la inflación, el déficit y la deuda, mientras hundía en la pobreza y la indignidad de la limosna estatal a millones de hermanos, salió de los originarios pasteleos con la obra pública, particularmente en las rutas de Santa Cruz.
Por eso son tan importantes las condenas de este martes. El expediente cuyo juicio acaba de concluir es un mosaico clave en el dibujo romano de la corrupción de las últimas dos décadas en la Argentina. Algo así como una piedra Rosetta para traducir, comprender y poder castigar otras muchas maniobras de sobornos, contratos amañados y lavado de millones de dólares.
Y aún falta el plato principal. Ese que, como en un sarcófago egipcio, aguarda su apertura para liberar el radiactivo poder de las pruebas y confesiones selladas a cal y canto en un container tirado en un garage de Retiro. Allí están los miles de fojas, documentos, papeles y objetos recogidos por el juez Claudio Bonadio en el caso de los Cuadernos de las Coimas, el más grande expediente por corrupción de la historia judicial argentina, con 174 procesados. Que, para empezar, ya tiene a 31 culpables: los arrepentidos que admitieron ante la justicia haber pagado o cobrado esos cohechos. Otro hito que pese a los esfuerzos de mucha gente no puede deshacerse, gracias a la ley impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri por su fugaz amigo político: Sergio Massa.
Fuente Clarin
