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Por Eduardo van der Koy
Los argumentos para defenderse ya los usó para atacar. Las pruebas en la relación con Lázaro Báez, la firma de Máximo Kirchner y el pase de factura para Alberto Fernández y Sergio Massa.
El Tribunal Oral Federal 2 le colocó un número al sistema de recaudación política y enriquecimiento que acostumbra a rodear la ejecución de la obra pública en la Argentina. Condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, la actual vicepresidenta, por haber favorecido con sus adjudicaciones entre 2007-15 al empresario K, Lázaro Báez.
Igual condena recayó sobre el ex secretario de Obras Públicas, José López. El hombre de los bolsos con millones de dólares arrojados en un convento. La sorpresa fue la absolución en beneficio de Julio De Vido, ministro de Planificación en todo el ciclo kirchnerista.
Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso (en disidencia) y Jorge Gorini descartaron que Cristina haya sido la jefa de una banda de delincuentes. La absolvieron por el cargo de “asociación ilícita” que habían formulado los fiscales Diego Luciani y Santiago Mola.
Sostuvieron, en cambio, que durante los doce años kirchneristas (8 comandados por la vicepresidenta) “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
El Tribunal agregó que “hubo evidencias que demuestran que las obras viales licitadas en Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico se vio directamente asociado con la adjudicación de la obra pública”. Remisión a la historia del empleado bancario convertido en multimillonario por Néstor Kirchner.
Se sabe que queda todavía un largo trecho por recorrer antes que este fallo de primera instancia resulte convalidado. Primero la Cámara de Casación. Luego la Corte Suprema. Quizás pueda existir alguna novedad cuando esté promediando el gobierno que amanezca en 2023.
Pero habría un primer efecto político que, a lo mejor, obliga al kirchnerismo a repensar su “operativo clamor”. También al fragmentado Frente de Todos a interpelarse acerca del porvenir. En la exposición posterior al fallo del TOF2 Cristina comunicó que no será candidata a nada. Ni a Presidenta ni a senadora. ¿Se expondrá sin fueros a la intemperie? Habrá que esperar.
Cristina esbozó luego de fallo la argumentación defensiva en dos segmentos. Un reportaje que concedió al diario brasileño Folha de San Pablo. Por primera vez, amén de las construcciones políticas, metió el dedo en una cuestión crucial: la relación con Báez. La gran mochila que buscó ocultar su abogado defensor, Carlos Beraldi.
La vice negó la existencia de vínculos comerciales y societarios. Pues bien, los fiscales y el TOF2 tienen documentos contractuales firmados por las partes. ¿Con las rúbricas de Néstor y Cristina? No, con la de Máximo Kirchner, su hijo diputado. Era el nexo en los negocios con el empresario. Por eso aparecía en los chats de López.
Otra parte sustancial de sus justificaciones, que permiten adivinar la estrategia de futuro, fue vertida desde su despacho en el Senado. Una intervención virtual que tuvo casi tantos seguidores como la marcha que encabezó en Comodoro Py el piquetero Luis D’Elía. El mismo dirigente que cruzó a Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, cuando dijo que no habría ninguna movilización. Por algo fue.
El papel de Alberto y Massa
En ese caso, la vicepresidenta construyó un mensaje puramente político. Se sorprendió porque durante el juicio Alberto Fernández y Sergio Massa -sus dos ex jefes de gabinete- sólo efectuaron una declaración testimonial. Cuando a su criterio, según la reforma constitucional de 1994, como jefes de gabinete fueron los administradores del presupuesto nacional con el cual se habrían favorecido para Báez. La dama aclaró que en ningún caso pretendía perjudicarlos. Solo deseaba marcar una de las arbitrariedades del TOF2. No habría tenido éxito con tal propósito.
Cristina simuló una autocrítica al abordar la situación del Poder Judicial. Sostuvo que había sido ingenua cuando denunció la existencia de un presunto “lawfare” en su contra. Pareció arrepentida, además, de sus “últimas palabras” en el juicio. Fue el momento en que habló del supuesto “pelotón de fusilamiento” en lugar de un Tribunal.
También corrió la idea del “partido judicial”. Desarrolló ahora le teoría de la que denominó “mafia judicial” y “Estado paralelo”, que estarían obrando en contra suyo.
Un puñado de militantes se congregaron en el Congreso para respaldar a Cristina Kirchner. Foto: Martin Bonetto
Asoció aquella presunta “mafia” a los conocidos lazos familiares que caracterizan desde siempre la conformación del Poder Judicial. Lección que pareció aprender muy rápido del ex presidente y conserva, sobre todo, en Santa Cruz. La Justicia de esa provincia comenzó a ser colonizada ni bien Kirchner comenzó en los 90 su primer periodo como gobernador.
La tarea siguió de manera disciplinada por su hermana, la gobernadora Alicia. Nuera de Cristina. En oferta hay de todo: desde Romina Mercado, hija de Alicia, fiscal en El Calafate, hasta la reciente creación de un tribunal Federal en la localidad de Luis Piedrabuena, donde fueron designados tres abogados militantes. Nada muy distinto a lo que Gildo Insfrán acostumbra a urdir en Formosa.
En su trayecto defensivo Cristina hizo otras revelaciones. Dejó claro que la cadena nacional de Alberto para denunciar “promiscuidad antirrepublicana” por un viaje de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y empresarios de comunicación fue forzada por ella.
Desnudó, de paso, otra falacia presidencial: la jactancia acerca de haber hecho desaparecer el espionaje de la política argentina. La vicepresidenta dijo que aquella información sobre el viaje fue difundida por redes sociales. En verdad, se trató de un hackeo que tuvo tres patas políticas visibles: Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia; el diputado Leopoldo Moreau, devenido en topo en el otoño de su vida y Rodolfo Tailhade, miembro de la Comisión Bicameral de Diputados de seguimiento de Organismos de Inteligencia.
Cristina se detuvo en el juez Julián Ercolini. El funcionario que sustanció la causa de Vialidad. Llegó a Comodoro Py de la mano de Alberto. La vice afirmó que el magistrado había desestimado la causa hace una década. La reabrió cuando ella dejó el poder. Olvidó detalles. Su cronología fue más o menos correcta. No dijo que Ercolini comenzó a investigar el caso en 2008 y lo dejó por intimidaciones de las que fue objeto. Incluso de parte de funcionarios -politicos y de inteligencia- que ella conoce aún hoy muy bien.
Las amenazas de Cristina
Tampoco habría que retroceder tanto. ¿O Cristina no amenazó públicamente al comenzar el juicio a los jueces que hoy la condenaron? ¿O no se valió de los sótanos de la democracia -alegoría de Alberto- para denunciar que tres jueces jugaban al fútbol en un campeonato que se realiza en el predio de Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri?
Otro aspecto de su defensa fueron las invocaciones a la existencia de un “Estado paralelo”. Resultó menos ilustrativa que cuando se explayó sobre la “mafia judicial”. Quizás refirió a sus decisiones impuestas para que la Oficina Anticorrupción (OA) se retirara como querellante de todas sus causas de corrupción. Lo mismo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que se excusó de pedir condenas contra todos los acusados en la causa de Vialidad.
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Cristina Kirchner dio a conocer que su nombre “no va a aparecer en ninguna boleta” y que “el 10 de diciembre va a volver a su casa”.
En este plano podría conectarse el fallo de Vialidad con otra investigación que desvela a Cristina. La revisión del sobreseimiento en la causa Los Sauces-Hotesur. Sospecha de lavado de dinero proveniente, precisamente, de la obra pública. Aquel era un emprendimiento dedicado a alquilar hoteles e inmuebles. Sus inquilinos fueron casi siempre Báez y el empresario Cristóbal López. Están implicados Máximo y su hija Florencia. La causa está siendo considerada por la Cámara de Casación.
Tal vez esa amenaza haya desatado los últimos minutos de furia antes de despedirse en el Senado. Gritó que la quieren inhabilitar a perpetuidad porque siempre fue electa por el voto popular. Tan cierto como inconsistente para explicar el fraude cometido con el dinero público en los años que ejerció el poder.
Fuente Clarin
