Por María José Lucesole
Compararon la sentencia impuesta a la vicepresidenta con otros proceso políticos de América Latina, en una pretendida similitud con el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva
La liga de gobernadores peronistas denunció proscripción a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho”, advirtió el grupo de gobernadores del PJ mediante un comunicado.
Los gobernadores se expresaron así pocas horas después de que la justicia condenara a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un juicio por la llamada causa Vialidad.
Los titulares de los poderes ejecutivos provinciales calificaron de burdo el proceso judicial. Afirmaron que la condena tiene fines políticos. Y compararon la prisión impuesta sobre Cristina Kirchner con otros proceso políticos de América Latina, en una pretendida similitud con el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva.
“Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, dijeron los gobernadores peronistas, tras conocer el fallo.
“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, denunciaron los mandatarios, en un comunicado reproducido en sus redes.
“Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos”.
“Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, dijeron los mandatarios.
Y agregaron: “Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.
Fueron más allá e inculparon a los medios de comunicación: “Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.
“Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”.
“Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”, dijeron.
“La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”.
“El enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.
Fuente La Nación
