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No fue una típica llamada de Zoom. El 6 de diciembre, un tribunal de tres jueces condenó a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, a seis años de cárcel, y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Al término de la reunión, Fernández respondió a través de su propia retransmisión en directo en Twitter, negando todas las acusaciones y afirmando que el poder judicial era “un Estado paralelo”. “Esto es lo que quieren: que me encarcelen o que me maten”, dijo.
Los jueces declararon a Fernández culpable de dirigir contratos de obras públicas a Lázaro Báez, un amigo de la familia y socio de negocios, durante su mandato como presidenta de 2007 a 2015. Los jueces también condenaron a otros ocho funcionarios y empresarios en el caso, entre ellos Báez y José López, exsecretario de Obras Públicas de Fernández. La sentencia es inédita en Argentina. Nunca antes se había condenado a un mandatario por corrupción.
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El juicio fue seguido de cerca por los argentinos y llevó a los seguidores de Fernández a concentrarse en su apoyo frente a su casa durante semanas. Durante una de estas protestas, a principios de septiembre, un hombre intentó asesinar a Fernández, pero el arma no llegó a disparar.
Se espera que Fernández apele la condena. El caso podría llegar a la Corte Suprema, lo que podría llevar varios años más. Fernández es libre de presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año. Un escaño en el Congreso le proporcionaría inmunidad frente a la detención. Pero Fernández sorprendió a muchos cuando anunció el 6 de diciembre que no se presentaría a ningún cargo público el año que viene. En cambio, desafió a las autoridades a detenerla.
Fernández ya ha sido investigada en una docena de casos, la mayoría por corrupción, aunque ha sido absuelta en cuatro y otros dos no continuaron.
Desde que entró en política en la década de 1990, Fernández ha sido la política más influyente y polarizadora de Argentina. Junto con su difunto marido, Néstor Kirchner, que fue presidente de 2003 a 2007, construyó un movimiento de izquierda que cuenta con el apoyo de algo menos de un tercio del electorado. Sus partidarios la elogian por aumentar las ayudas sociales a los pobres y nacionalizar la compañía aérea y petrolera estatales. Los críticos la consideran una populista que contribuyó a la ruina de Argentina expropiando empresas extranjeras, introduciendo un vertiginoso número de controles de precios y alimentando una inflación de dos dígitos.
Lázaro Báez en 2013 (Horacio Córdoba/)
Báez, antiguo empleado bancario de Santa Cruz, la remota provincia patagónica que fue bastión político de la familia Kirchner, creó una empresa de construcción días antes de que Néstor Kirchner llegara a la presidencia. Entre 2003 y 2015, las empresas del Sr. Báez obtuvieron 51 contratos de obras públicas en Santa Cruz, casi el 80% de todos los contratos de obras públicas en la provincia durante ese periodo. Sólo 27 proyectos llegaron a terminarse y otros 24 fueron abandonados. Los fiscales calculan que los contratos fraudulentos costaron al Estado alrededor de US$1000 millones.
Vídeos de 2012 mostraban al hijo de Báez en una oficina, contando fajos de billetes con otros aparentes socios de los Kirchner. López, que fue secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno de los Kirchner, fue grabado arrojando bolsas llenas de 9 millones de dólares en efectivo y relojes Rolex a un convento en 2016, poco después de que Fernández dejara el cargo. Báez y López, ambos condenados por casos no relacionados, también fueron condenados a seis años de cárcel el 6 de diciembre.
Cuando se leyó la sentencia, los partidarios de Fernández protestaron ante los tribunales. Algunos de ellos la han comparado con Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de izquierdas de Brasil, que fue encarcelado por cargos de corrupción en 2018 para ser puesto en libertad 19 meses después, cuando el Tribunal Supremo anuló su condena por un tecnicismo. Ganó las elecciones presidenciales en Brasil en octubre. Los partidarios de Fernández esperan que ella también pueda tener un futuro político.
Fuente La Nacion
