Por Gustavo Berón
Se trata de la comisión de Trámite legislativo, que sólo se reunió una vez este año y lo hizo para constituirse. Hay 68 decretos pendientes de aprobación legislativa.
En un escenario de alto voltaje político, el kirchnerismo recurre a todos los atajos posibles para mantener inactivos aquellos espacios en los que sabe que no puede imponer su voto y es así que una de las comisiones bicamerales más importantes del Congreso se mantiene paralizada con sólo una reunión en lo que va del año.
La bicameral de Trámite Legislativo está integrada por ocho diputados y ocho senadores y fue creada para analizar y pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia; delegación legislativa; y promulgación parcial de leyes.
Durante todo el año, la comisión, que fue conformada después de insistentes pedidos de los radicales, únicamente se reunió el 30 de junio para su conformación, en un tramite que duró menos de diez minutos.
Todo esto cuando aún está caliente el debate sobre lo que cobran los legisladores luego de llevar sus dietas casi $ 500 mil y a punto de cerrarse el período ordinario del Congreso. En concreto hay 68 decretos pendientes de tratamiento en la bicameral, de los cuales 56 llevan la firma de Alberto Fernández y de esos hay 31 que son de Necesidad y Urgencia. También están pendientes 22 decretos de facultades delegadas y 3 de promulgación parcial de las leyes, entre ellas el Presupuesto 2023.
Pero para completar la estadística, hay que decir que es la primera vez desde 2006 que esa comisión llega a este estado de inactividad sin intención de tratar la validez o invalidez de un DNU, que vaya la paradoja marca un poco cierto vacío del parlamento para avanzar sobre determinadas normas.
Omar De Marchi, diputado del PRO, no dudó en afirmar que estos datos marcan “un hito negativo” en la historia de la bicameral. “No existió ningún obstáculo para que esta Comisión se reúna, sólo la voluntad del oficialismo de alejarse del control del Congreso”, afirmó el mendocino a este diario.
Clarín trató de contactarse en vano con Marcos Cleri, uno de los alfiles de La Cámpora en Diputados y actual presidente de la comisión por segundo período. Tampoco hubo respuesta de Anabel Fernández Sagasti, la senadora cercana a Cristina Kirchner, y quien integra la comisión.
Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, el radical Miguel Bazze, dijo que el objetivo del oficialismo es que esa bicameral “no funcione” porque mientras ninguna de las dos cámaras se exprese, los decretos tienen vigencia y la misma validez que una ley. Pero lo grave es que el Congreso se aleja del control sobre normativas excepcionales del Poder Ejecutivo como los DNU.
Los decretos podrían llegar al recinto si la oposición pide su inclusión, pero como no tienen dictamen de la bicameral, el reglamento exige los dos tercios y el kirchnerismo no estaría dispuesto a facilitar el número.
Pablo Tonelli también responsabilizó al oficialismo por la inactividad de esta comisión y comentó varias oportunidades reclamaron para que se traten los decretos, pero la respuesta que reciben del Frente de Todos es que pronto convocarán.
Para Cristian Ritondo, “el Congreso funciona para lo que necesita Massa, el resto no importa”. Y al ministro de Economía también le achacan que no haya equilibrio de fuerzas en esa comisión, ya que durante su gestión al frente de la Cámara de Diputados dejó al Interbloque Federal sin un lugar en la bicameral.
Sin una distribución proporcional y sin equilibrio de fuerzas, el Frente de Todos no sólo tiene la presidencia de la comisión sino que además cuenta con el quórum para iniciar la reunión y considerar los decretos.
Dentro de los DNU pendientes de tratamiento legislativo hay desde uno que autoriza al entonces ministro de Economía Martín Guzmán a avanzar en un acuerdo de pago de la deuda con el Club de París, que data de mayo, también hay una modificación de la Ley de Ministerios, que readecuó las competencias de Economía y Desarrollo Productivo a mediados de año.
También hay ampliaciones presupuestarias por cientos de miles de millones de pesos, decretos pendientes de las medidas aplicadas durante la pandemia del coronavirus y hasta el decreto de intervención de Vicentín.
Además está el decreto que declaró feriado nacional el 2 de septiembre pasado por el atentado contra Cristina Kirchner, cuando un joven le gatilló dos veces a la cabeza de la vicepresidenta cuando saludaba a la militancia en su domicilio de la Recoleta.
El Congreso, que prolongó el período ordinario hasta el 30 diciembre, ingresará la próxima semana en su recta final y se descarta que los DNU de Alberto Fernández vayan a ser tratados.
Fuente Clarin