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Por Lucia Salinas
Lo inició el macrismo por daños y perjuicios al Estado por los 24 contratos que abandonó Lázaro Báez. La demanda inicial era por 22.500 millones de pesos.
La condena contra Cristina Kirchner por corrupción abre otro escenario judicial complejo: una demanda multimillonaria por los daños y perjuicios al Estado que ocasionó que Lázaro Báez abandonara 24 rutas por las que recibió fondos públicos. Ese reclamo por una indemnización de $ 22.500 millones está en el fuero Civil y Comercial y lo inició la gestión macrista.
Con la confirmación de la condena contra la vice por defraudación al Estado el reclamo toma forma y avanzará con más firmeza.
El 21 de junio la Corte Suprema de Justicia rechazó uno de los tantos reclamos con los que Cristina Kirchner buscó voltear el juicio Vialidad que concluyó la semana pasada con una sentencia condenatoria en su contra.
La queja ante el Máximo Tribunal refería a la demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en contra de la vice por 22.500 millones de pesos. Cristina insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debe tramitar en Comodoro Py, y no en el fuero Contencioso Administrativo.
La Corte le respondió que el reclamo “carece de fundamentación suficiente” y que debía tramitar de forma separada al juicio por hechos de corrupción. Con esa instancia concluida el reclamo por responsabilidad civil avanzará con mayores argumentos en otro fuero.
Este martes, se conoció un acordada de la Corte en la que ordenó que sea el fuero Civil y Comercial el que lleve el caso. Se la asignó al juez de ese fuero Alejandro Nobili.
Este reclamo se inició en agosto de 2019 cuando en el fuero contencioso administrativo, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) radicó una demanda por daños y perjuicios de $ 22.5000 millones contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y otros imputados en la presunta corrupción en la obra pública vial, con la que se benefició al Grupo Austral.
La cifra responde al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios. La gestión macrista consideró que deben resarcir dicho daño económico.
Cuando inició el juicio en la justicia penal la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos abreviados, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.
Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de $ 85.000 millones. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública, “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil avanzará generando otro complejo escenario judicial para la vicepresidenta.
Cuando se denunció en el fuero contencioso a Cristina Kirchner, la gestión macrista indicó que las maniobras confirmadas ahora en la sentencia por corrupción, ocasionaron “perjuicios financieros” al Estado y por eso se reclamó a los acusados el resarcimiento de 22.500 millones de pesos.
La cifra no es azarosa. El gobierno macrista la fijó después de un informe técnico de Vialidad. Según explicaron a Clarín, esa suma se explica por el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas (24 en total), los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.
Sin haber logrado un fallo favorable de la Corte sobre este reclamo, y con una condena dictada recientemente, a Cristina Kirchner le queda una última carta a su favor. La demanda civil está iniciada por un organismo del Estado que es Vialidad Nacional.
El dato a considerar es que el jefe de los abogados de Vialidad Nacional es el Procurador del Tesoro, es decir, Carlos Zannini, y como tal puede ordenar que se abandone ese reclamo, ayudando así a su jefa política a poco más de un año y medio que concluya la actual gestión.
Como Procurador del Tesoro, tiene al menos tres vías para hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, solicitando que se desestime el reclamo contra la vicepresidenta, que el “actor” es decir quien denunció, sin desistir de la acción no la impulse y puedan dictarle caducidad de instancia, o directamente que Zannini se presente y lo requiera directamente.
En caso de que todo quede en el fuero contencioso administrativo, las presentaciones cuentan con dos partes, el actor que es quien denuncia y los demandados. Si bien es el juez quien habilita la instancia al fiscal para avanzar, el “actor” es quien quien debe impulsar el movimiento del expediente. Los asesores letrados de Vialidad que deben reclamar que la vicepresidenta afronte un resarcimiento millonario, tienen un jefe: Carlos Zannini.
Fuente Clarin
