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Por Claudio Savoia
Aunque la titular de la Cámara había retirado las designaciones luego de un fallo que cuestionaba a la diputada radical Reyes, el máximo tribunal ratificó su admisión.
Asordinada por la sentencia contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública y los goles de la selección en Qatar, la puja por la integración del Consejo de la Magistratura no redujo su intensidad en el último mes. Al contrario: la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de retirar las designaciones de los cuatro legisladores que deben sumarse al organismo, detonó su vínculo con la oposición y su puso en riesgo su propia reelección al frente de la Cámara. Este jueves, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ratificó su resolución previa y ordenó la incorporación al Consejo de los cuatro diputados que habían sido seleccionados.
Se trata de los oficialistas Rodolfo Tahilade y Vanesa Siley, el legislador del PRO Alvaro González y la radical Roxana Reyes, que había sido objetada ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal como representante de la segunda minoría del cuerpo.
En una acordada firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte advirtió que “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.
Del mismo modo, el máximo tribunal recuerda que los distintos estamentos representados en el Consejo también tienen el deber de designar a sus respectivos representantes, “y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.
Hecha esa advertencia, los ministros de la Corte razonaron que, así como los presidente de Diputados y el Senado sólo pueden confeccionar y elevar la lista de representantes de cada Cámara al Consejo “previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios”, para modificar o retirar esa lista también deberían obedecer a directivas de esas mismas autoridades de bloque.
Esto no ocurrió con el cambio de posición de Moreau respecto de los cuatro diputados que deben incorporarse a la Magistratura, por lo tanto la última resolución válida en términos legales es la que había oficializados la designación de Siley, Tahilade, González y Reyes.
Aunque la decisión de la Corte no interrumpe ni condiciona el trámite de los amparos presentados ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para dirimir el caso de Roxana Reyes, el máximo tribunal ratifica y ordena el cumplimiento de su Acordada 31/2022, en la que el mes pasado se había dispuesto el juramento de los diputados y su incorporación al Consejo. Ahora sólo resta ponerle fecha a ese acto.
La controversia por los consejeros de diputados encendió un nuevo foco ígneo al previo conflicto iniciado con sus pares del Senado, provocado luego de la división del bloque oficialista y la posterior designación de tres senadores del Frente de Todos -dos por la mayoría y uno más por la hipotética segunda minoría- y un radical. El senador Luis Juez, que había sido designado por el PRO como representante del tercer bloque en cantidad de miembros, fue excluido en favor de su colega oficialista Martín Doñate.
La jugada fue judicializada y la Corte terminó rechazándola por considerar que la participación del bloque del oficialismo no era más que un “ardid” para quedarse con un consejero más que el que legalmente le correspondía.
Pero esa resolución estaba referida al período de la Magistratura que concluyó el 20 de noviembre, y el Frente de Todos la ignoró en la designación de los consejeros para el período 2022-2026: volvió a nominar a Doñate, junto a los oficialistas María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, y el radical Eduardo Vischi. Juez volvió a reclamar por su inclusión en la justicia.
En paralelo, un extemporáneo y controvertido fallo del juez contencioso Martín Cormick -muy cercano a la Cámpora y adherente de la carta fundadora de la agrupación ultra K Justicia Legítima- detuvo la designación de la diputada Reyes, con una singular interpretación del fallo de la Corte en el caso Juez: según el magistrado, como Reyes había sido elegida en la misma lista electoral que su colega del PRO Alvaro González, se daba un caso similar al objetado en el Senado, y entonces la diputada no podría asumir como consejera porque no era le legítima representante de la segunda minoría en Diputados. Un detalle expone la debilidad de esa conclusión: el PRO y la UCR jamás integraron un solo bloque legislativo, ni siquiera cuando Cambiemos era gobierno.
Ante esa decisión -fulminada en todos los ámbitos judiciales, mientras fue formalmente apelada ante la Cámara del fuero- Cecilia Moreau tomó dos determinaciones, que revelaron su coordinación con los intereses de Cristina Kirchner: por un lado apeló el fallo de Cormick, pero además retiró las designaciones que ya había presentado ante el Consejo y la Corte. Así, el objetivo K de paralizar el organismo que selecciona a los candidatos a jueces y sanciona a los magistrados por mal desempeño, estaba cumplido.
Con la resolución unánime de la Corte, este jueves ese plan quedó hundido: los cuatro diputados se sumarán al Consejo, que hoy sólo tiene doce miembros.
Fuente Clarin
