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Por Daniel Santoro
Se trata del caso “mochilas verdes” que significó un fraude millonario contra los casinos de la provincia. Por mayoría, el máximo tribunal ordenó emitir una nueva sentencia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires anuló la condena a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos del ex intendente K de Merlo Gustavo Menéndez en el caso conocido como “mochilas verdes”. Y ordenó volver a dictar una nueva sentencia.
Menéndez, actual titular del grupo Bapro, también fue presidente del PJ bonaerense hasta antes de la asunción de Máximo Kirchner.
El dirigente peronista estaba acusado de haber sustraído, como ex director de Casinos Provinciales, un total de $ 600.000 (a valor de 15 años atrás) del casino de Mar del Plata que fueron retirados en mochilas de color verde y de allí el caso tomó su nombre.
La sentencia contra Menéndez y su segundo había sido tomada en 2018 por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Correccional 3 de Mar del Plata. Y el año pasado fue confirmada por la cámara de Bahía Blanca, integrada por los jueces Alfredo Mones Ruiz, Pablo Soumoulou y Guillermo Petersen de la sala 2 del tribunal de alzada bahiense, donde el caso llegó por vía de apelación.
Sin embargo, en una resolución de 30 páginas, por mayoría el máximo tribunal de justicia de la provincia hizo lugar “al recurso extraordinario de nulidad deducido” y dejó “sin efecto la sentencia impugnada”.
Además, ordenó reenvían la causa “a fin de que un tribunal debidamente integrado se expida sobre los planteos omitidos, los que tienen directa incidencia en la concreta conducta atribuida a ambos imputados”.
La frase “debidamente integrada” seguramente se refiere a que tenga una composición distinta al que confirmó la condena.
El fallo también dispone “la subsunción legal que a su respecto corresponda (arts. 430, 492 y concs., CPP). En consecuencia, queda desplazado el tratamiento de las restantes cuestiones formuladas en la presente”.
El voto principal fue redactado por Luis Genoud, propuesto para el cargo por el ex gobernador peronista Eduardo Duhalde, quien dijo que “es procedente la denuncia de transgresión del artículo 168 de la Constitución de la Provincia”.
Este artículo dice que “los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales”. Es decir, para Genoud la cámara no respondió todos los reclamos de la defensa de los imputados.
En su voto el ministro Sergio Torres, quien fue nominado por sectores de Juntos por el cambio para el cargo, sostuvo que “en suma, el Tribunal de Alzada justificó la presencia del conocimiento y el querer que constituyen el dolo, sin abordar lo específico -y diverso- de los elementos subjetivos del tipo en tanto fin de lucro indebido o para causar daño exigidos por el art. 173 inc. 7 del Código de fondo”.
En el fallo votaron Genoud, Torres, Hilda Kogan, Daniel Soria, Daniel Carral, Ricardo Maidana, y Roberto Martin Astorio. Los cuatro primeros son miembros titulares y los otros son jueces de Casación convocados ad hoc.
Los hechos juzgados ocurrieron “entre el 1 de octubre de 2006 y el 23 de octubre de 2007” cuando el jefe comunal había sido designado, como cargo político, al frente de la dirección provincial de Casinos. Junto a Enrique Daniel De Luca, también imputado, “retiraron en forma reiterada de manera ilegítima e indebida dinero en efectivo del tesoro de esa casa de juegos”. Parte de la maniobra fue grabada por videos de seguridad.
Según la resolución, ambos actuaron “abusando del poder jerárquico que ostentaban y pese a que no tenían la custodia formal de los fondos resguardados en el Casino Central”.
Si bien Menéndez y De Luca no eran responsables del manejo del dinero allí depositado, “sí del cuidado y custodia de los fondos correspondientes” fallaron de manera unánime los jueces Alfredo Mones Ruiz, Pablo Soumoulou y Guillermo Petersen de la sala 2 del tribunal de alzada bahiense, donde el caso llegó por vía de apelación.
De esta manera, había ratificado la resolución tomada a fines de 2018 por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Correccional 3 de Mar del Plata donde se inició el expediente. Tanto para la primera como para la segunda instancia, Menéndez “es considerado sujeto activo” del delito de defraudación a la administración pública que se le imputa.
“Su cargo de director del Casino, sumado a su condición de abogado, descartan la imposibilidad de comprensión de su estatus de garante y de que no haya percibido que estaba actuando en infracción de los deberes a su cargo” le endilgaron los jueces al intendente de Merlo.
Allí asumió a fines de 2015, luego de dos años como concejal. Reemplazó en el cargo a Jorge Othacehé, uno de los barones del Conurbano, a quien enfrentó y en la interna partidaria.
Cuando fue condenado por primera vez, a fines de 2018, Menéndez aun era el presidente del justicialismo bonaerense. Los magistrados rechazaron las impugnaciones al fallo de Rodríguez que presentaron los tres abogados que presentó en el expediente. También la elevada en igual sentido por el defensor particular de De Luca, un funcionario de carrera y con uno de los cargos más altos dentro de la estructura del Casino.
Fuente Clarin
