Por Carlos Ruckauf
El problema de fondo es que el sistema de recaudación fiscal en Argentina está en manos de la Nación que “coparticipa” poco más de la mitad de los fondos a las provincias, las verdaderas generadoras de riqueza
“…la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipables de la Nación” – del fallo de la Corte
El problema de fondo de las provincias argentinas es que mientras la Constitución establece que somos un país federal, el esfuerzo de todos se lo queda el gobierno central.
El sistema de recaudación fiscal está en manos de la Nación que “coparticipa” poco más de la mitad de lo recaudado, a las verdaderas generadoras de riqueza.
Además de ello, con maniobras presupuestarias, obtiene fondos de libre disponibilidad que utiliza discrecionalmente.
La provincia más perjudicada es la de Buenos Aires. Ella recibe, aproximadamente, la mitad de lo que aporta al Tesoro Nacional. Por eso se conformó el llamado Fondo de Reparación Histórica y reitera el justo reclamo de la administración provincial.
Desde esa realidad debe analizarse la reciente medida cautelar decidida por la Corte Suprema y la forma de cumplirla. No se trata de sacarle fondos a la Provincia de Buenos Aires, ni a ninguna otra.
Es un gobierno central ultra expandido el que debe bajar su gasto excesivo y distribuir mejor el esfuerzo de todos.
Basta como ejemplo que Alberto Fernandez gobierna con más del doble de los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales que Nestor Kirchner, de quien dice ser “continuador’’.
El Presidente no solo ha cometido, comete y, seguramente, cometerá errores garrafales en la conducción del Estado. También tiene la costumbre de amplificarlos con declaraciones grandilocuentes que causan más daño.
El desacato a la Corte Suprema de la Nación constituye un acto jurídico de tremenda gravedad, que aleja la posibilidad de nuevas inversiones en el país, complica las existentes y nos aísla cada vez más.
Todo conflicto judicial debe ser tratado con cautela, más cuando su efecto multiplicador afecta al futuro de nuestra Patria.
La medida cautelar del Supremo Tribunal tiene fundamento en los errores cometidos por Alberto Fernandez y no en la justicia del reclamo de la Provincia de Buenos Aires.
El costo del gobierno federal es tan monstruoso como ineficiente. La Salud Publica es un desastre, no solo no sabemos cuánto costaron las vacunas que compraron, ni siquiera han encargado las bivalentes que podrían salvar miles de vidas el año próximo. Los ciudadanos padecen un incremento en la violencia del delito ante la pasividad de una Justicia abolicionista, nuestra Política Exterior es errática, nuestra Defensa Nacional está en situación alarmante.
Convendría recordar a Mandela: ”Cuando tienes lo que los poderosos quieren, prepárate para evitar que te lo roben”.
La estrepitosa caída del nivel de vida de la clase media impide que muchas familias paguen las matrículas del próximo año y sus hijos vuelvan a una Educación Pública devastada y desfinanciada.
La inflación del último año ha sido galopante, los ingresos fijos (salarios, jubilaciones, planes sociales) no alcanzan y la mitad de los argentinos está bajo la línea de pobreza.
Ante la derrota en los estrados judiciales hubo, otra vez, reuniones tumultuosas y declaraciones delirantes. Entre ellas, el ataque a los miembros de la Corte Suprema como si fueran “instrumentos de la derecha desestabilizadora”.
Conviene recordar que todos ellos tienen pergaminos de juristas de nota y dos, una historia en el peronismo, que ninguno de los que los critican pueden empardar.
El ministro de Economía ha (¿había?) logrado reconstruir las relaciones con EEUU, el FMI, el BID y los inversores para tratar de evitar, en 2023, un colapso financiero.
La guerra en Ucrania sigue un largo y doloroso sendero, un drama para su sufrido pueblo y una continuidad de desajustes en la economía global.
Argentina tiene todo, gas, litio, petróleo, alimentos, agua, pero sin reglas de juego claras y permanentes, sin seguridad jurídica, sin capacidad ,seriedad, eficiencia y honestidad en la conducción de la Nación, seguiremos sufriendo.
Los gobernadores no deben fogonear un “conflicto de poderes” con la Corte Suprema, que va a causar innumerables problemas para sus propias administraciones, ni aceptar una puja distributiva entre ellas.
Deben decidir, de una vez por todas, cumplir con el mandato de la Constitución Nacional e impulsar una Ley Nacional de Coparticipación Federal, disminuyendo lo que recibe el gobierno central.
Fuente Infobae
