Por Sergio Crivell
Alberto Fernández se ha convertido en un experto en dar soluciones erróneas a problemas que él mismo crea. Usó una vez más ese don calamitoso en su conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
Las marchas y contramarchas por el fallo de la Corte Suprema pusieron en evidencia su desorientación y la fragilidad de su poder para imponer decisiones arbitrarias. En pocas palabras, decir que hizo chavismo debería ser tomado como un agravio por los chavistas. Hizo otra cosa, hizo gala de autoritarismo débil, un modelo político que sólo puede funcionar en Costa Pobre.
El fallo adverso con el que tropezó era previsible, porque la quita de fondos a CABA había sido unilateral y discrecional. Sin embargo, parece haberlo tomado por sorpresa, porque lo primero que se le ocurrió fue dar a entender que no pagaría.
Ese paso en falso fue tan grave que tardó pocas horas en rectificarse. Ante el desastre que estaba generando avisó que pagaría con bonos. Es decir, que incumpliría en parte la sentencia. Pero incumplirla en parte es incumplirla. La Nación sigue en “default” con la Ciudad Autónoma, un “default” tan innecesario como económicamente perjudicial como le avisaron Sergio Massa y los empresarios de manera pública. También se lo avisó el dólar “blue”.
En suma, se equivocó en primera y segunda instancia. La tercera es la respuesta que le dará la Corte al pago con bonos después de la feria judicial. Una respuesta fácil de imaginar, que muy probablemente lo fuerce a otra rectificación.
Pagar la deuda que contrajo con CABA no es en realidad imposible. Transferir 600 millones por día no provocaría un desequilibrio fiscal insanable. Lo imposible es dejar contenta a Cristina Kirchner, resguardarse de las consecuencias penales de ese acto y evitar caer en la barbarie institucional, en la abolición “de facto” del sistema político de la Constitución. Vale decir, retroceder en cuatro patas al estado de naturaleza hobbesiano.
Cuando el kirchnerismo lo presionó y lo rodeó de gobernadores para repudiar el fallo, Fernández parece no haberse dado cuenta de una derivación inevitable de la compadrada: las denuncias penales contra él y sus funcionarios. No debió ceder, porque si algún objetivo tiene para su gestión es el de no pasear por Comodoro Py después de dejar el cargo.
Otro tanto le ocurrió a Sergio Massa y al ministro del Interior, que empezaron a dejar trascender por los medios que no tenían nada que ver con la cuestión, aunque las dependencias gubernamentales a su cargo figurasen en la causa judicial. Una especie de patética “mancha venenosa” para zafar de futuras instancias penales del conflicto.
Gracias a la feria judicial, Fernández tiene 30 días para encontrar una salida más eficaz que la del “default” al problema en el que se metió al desfinanciar a Horacio Rodríguez Larreta para financiar a Axel Kicillof. Le queda un año de mandato antes de volver al desierto. Ese plazo breve y cierto debería llevarlo a organizar la retirada y dejar de lado las fantasías de un poder omnímodo del que nunca dispuso.
Fuente La Prensa
