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El PAMI, fue creado por el ex Ministro , marino y periodista Francisco Manrique, y comenzó oficialmente por el año 1971 y en pleno 2023 donde existen estadísticas y datos de todo, curiosamente nadie puede informar oficialmente, cuántos reclamos por fallecimientos existen entre los afiliados al PAMI, denuncias las hay por miles en todo el territorio argentino, ¿justicia? ese es un tema pendiente.
La historia de Mario Tedesco es la de miles de víctimas del deficiente y corrupto funcionamiento del PAMI, que aún antes de la «pandemia» era objeto de denuncias y de reclamos, que quedaban en alguna panera de la justicia o las oficinas estatales hasta que prescribían o los deudos dejaban de reclamar vencidos por el muro que no podían sortear construido en base a corrupción e impunidad, no hay otra justificación para que las denuncias nunca prosperen.
Los «viejos» son evaluados por las autoridades del PAMI de todas las gestiones como si de los agentes de un seguro de vida se tratara, la edad y las enfermedades preexistentes le ponen un valor X y eso amerita que reciba la atención médica necesaria o los mínimos cuidados que ellos llaman paliativos, traducido, lo condenan a una muerte segura, pero eso sí, sedación no le va a faltar, una técnica que no difiere mucho de lo que hacen las veterinarias cuando ponen a dormir una mascota, pero que los prestadores del PAMI lo hacen más largo y costoso, cada día cuenta para facturar y el afiliado va a ser exprimido hasta su último respiro.
Son tan recurrentes los relatos sobre el mismo trayecto final de los pacientes sin importar el diagnóstico médico que llaman la atención, de hecho la lógica indica que son incompatibles si tenemos en cuenta que la medicina basa su abordaje a un correcto tratamiento en el estudio personal del paciente, bueno, parece que en el caso de los afiliados del PAMI, son tratados como un número, donde las circunstancias personales no aplican y como si fuera un manual de servicio, todos tienen un mismo defecto y solución.
Mario, tiene una hija con los recursos suficientes para investigar, generar prueba, contar con un abogado y un médico forense como perito, pero no es la realidad de la mayoría de los deudos de los afiliados que o no saben o si saben no tienen los recursos económicos para litigar, entonces el Estado, sigue administrando muerte y derrochando impunidad para los funcionarios corruptos y los prestadores criminales porque son eso, unos criminales.
Pero tener los recursos mínimos tampoco alcanza cuando el negocio es multimillonario y con el paso del tiempo muchos de los que pasaron están igual de sucios, porque descubrir esto, hacer justicia, implicaría revisar todo lo que se hizo y eso no lo quiere nadie, solo así se justifica que los políticos nunca hayan ido a fondo con el investigar y denunciar el funcionamiento del PAMI y especialmente las responsabilidades de sus prestadores.
Así existen muchas clínicas, sanatorios y hasta hospitales que funcionan con una dirección fantasma, donde nadie sabe quien dirige el hospital, mucho menos quien o quienes son los dueños, tampoco el PAMI apuesta a la transparencia, con un presupuesto multimillonario debería tener una sección de acceso a la información pública con el listado de sus prestadores y quienes son los dueños por lo menos, lo ideal sería que crearan un scoring como el de los infractores de tránsito para esos prestadores y que sea público para el control ciudadano.
Vamos a hacer un seguimiento del caso de Mario para que la justicia no termine archivando una denuncia que tiene mucho sustento en las irregularidades más allá de las discusiones médicas respecto al tratamiento, hay cuestiones formales, legales y normativas claramente violadas por el accionar de los médicos y personal de la clínica, en esta primera etapa se evidencia el no respeto de la voluntad del paciente, la falta de consentimiento del familiar a cargo, la retención indebida de documentación personal, será cuestión de la justicia llegar al fondo de este caso que es uno más con sus características particulares que necesita un fallo donde se supone que todos son iguales ante la Ley y ante los tratamientos, porque muchos políticos, algunos reconocidos periodistas y funcionarios judiciales recibieron tratamientos que se les negaron a otros, no solo el Ibuprofeno inhalado sino la aplicación de plasma y sobrevivieron.
Esto nos vuelve a la distinción de pacientes, a los que se les hará todo lo posible por salvarlos aún con tratamientos experimentales y a otros que se los valora con un catálogo de diagnóstico y una tabla de gastos según sus condiciones personales.
Una hija y miles de argentinos esperan JUSTICIA.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
Fuente El Sindical
