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Por Julián Padilla
Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, se expresaron tras la denuncia en su contra por haber roto dicha ley, según el interventor de la AFI. Sus descargos.
Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, anticipó este martes 3 de enero que hoy miércoles presentaría una denuncia penal en la Justicia por una presunta violación a la Ley de Inteligencia por parte de los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, quienes publicaron en Clarín y La Nación, respectivamente, una serie de artículos en los que denunciaron la supuesta existencia de una “mesa militar de espionaje” en la AFI.
Esta denuncia de Rossi, por “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa, que ya fue presentada y en la que también se incluyó a los medios mencionados anteriormente, se da porque las notas publicadas daban cuenta de la existencia de un entramado en el que también vinculaban al extitular del Ejército César Milani.
La respuesta de Daniel Santoro
En ese marco, uno de los primeros en expresarse fue Santoro. Consultado por PERFIL, el comunicador dijo: “Es una denuncia para tratar de censurar a Joaquín Morales Solá, a La Nación, a Clarín y a mí por este pedido de informes que hicieron legisladores de Juntos por el Cambio. Lo que informé fueron las preguntas que hicieron estos legisladores”.
“El sábado conseguí que me contaran qué decía el pedido de informes. El domingo, antes de publicar, como corresponde la buena práctica periodística, llamé al vocero de la AFI para tener una respuesta y, para mí sorpresa, antes de la respuesta de la AFI sale el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a insultar a Joaquín Morales Solá y a mí por Twitter“, añadió Santoro, haciendo referencia a un tuit de Moreau que rezaba: “Que poca imaginación. Después de la fallida nota de Morales Sola para tratar de blindar a D’Alessandro por sus bochornosas conversaciones sobre coimas y como fabricar pruebas falsas Clarin (Santoro de por medio) repite la operación sobre un pedido de informes de JxC que fue contestado por la AFI hace días desacreditando ese guión propio de James Bond. Quieren inventar un supuesto espionaje estatal para encubrir a la banda de Lago Escondido. Si Santoro quiere bajar a los ‘sótanos de la democracia’ q hable con D’Alessio, Macri o Larreta. Son expertos” (SIC).
Acto seguido, el periodista de Clarín aseveró que lo que hizo fue “el trabajo periodístico”. “Tengo el derecho de informar lo que preguntan legisladores nacionales, como Cristian Ritondo o Alfredo Cornejo. Ellos estaban haciendo preguntas sobre un delito y no hay secreto de Estado que valga”, sumó.
Contundente, esgrimió: “No he violado ninguna ley ni nada por el estilo, sino que he hecho mi trabajo de informar consultando fuentes parlamentarias por un lado, y llamando al vocero de la AFI por el otro”.
En esa línea apuntó los cañones contra el kirchnerismo: “Es otra forma de presión en contra del periodismo profesional e independiente“.
Al ser consultado por la respuesta del vocero de la Agencia Federal de Inteligencia, Santoro explicó que éste le respondió, pero luego de la embestida de Moreau en su contra por las redes sociales. “Yo esperé dos o tres horas la respuesta del vocero, pero como no me había contestado, publiqué la nota”, aclaró.
Sobre el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y el pedido de informe de Juntos por el Cambio opinó que debe contestar las preguntas sobre la existencia de una supuesta “mesa militar” en la AFI en vez de “insultar a periodistas”.
Por último, cerró asegurando que se siente “agraviado e impresionado por una medida de este tipo“.
La respuesta de Joaquín Morales Solá
Contactado por PERFIL por la denuncia que Agustín Rossi realizó en su contra, el periodista de La Nación y conductor de Desde el llano (TN), declaró: “No voy a hablar hasta conocer la denuncia“.
La denuncia a Rodis Recalt, periodista de revista Noticias
PERFIL también se comunicó con Rodis Recalt para que contara las dos denuncias que recibió por haber expuesto nombres de agentes de inteligencia. “Me denunció Oscar Parrilli en 2015 y Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en 2018“, explicó.
“La denuncia de 2018 fue en la que después me mandaron a seguir con la banda de los Super Mario Bros, quienes hicieron maniobras de espionaje ilegal también contra Hugo Alconada Mon, a (Horacio Rodríguez Larreta)”, agregó el periodista.
Recalt aseveró que en ningún momento quebrantó la Ley de Inteligencia: “Yo no tenía el deber de guardar secreto de Estado. El deber de guardar secreto de Estado lo tenía la gente de inteligencia que trabajaba para el Estado. El problema no soy yo, sino el que me filtra la información”, concluyó.
“Intenta tapar el accionar de la AFI y el supuesto rol de Milani”, dijo Silvana Giudici sobre la denuncia
“Denunciar a periodistas por informar sobre un asunto de interés público basado en hackeos ilegales intenta tapar el accionar de la AFI y el supuesto rol de Milani”, escribió Silvana Giudici, ex titular del ENACOM durante el gobierno de Maurici Macri y dirigente de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)
“El acceso a la información pública es un derecho superior a la norma que invoca Rossi”, agregó desde su cuenta de Twitter al citar la nota de este medio.
“Si bien es necesario que la justicia se expida de manera clara y pronta, desde LED debemos resaltar que la utilización de demandas judiciales contra medios y periodistas muestra un alarmante incremento en la Argentina y constituye una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran”, expresaron por su parte desde Fundación LED.
En ese sentido, aclararon que “en lo que hace a la supuesta revelación de los nombres de agentes de inteligencia se debe destacar que los mismos ya habían tomado estado publico y que el propio titular de la AFI había refutado que uno de ellos fuera integrante del organismo y sobre los otros había referido que sus funciones no eran motivo de secreto”.
El comunicado detalla además que “la labor de la prensa debe ejercerse de manera ética y dentro de lo que marca la ley, pero no pueden ser organismos del gobierno quienes determinen los parámetros a los que debe ajustarse la profesión”.
“Es por ello que resulta necesario que la justicia actúe con celeridad para que no se extienda un manto de autocensura en medios y periodistas que investigan hechos que involucran al estado”, se advierte.
Por último, el escrito concluye: “LED dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que el ejercicio del periodismo sea respetado en nuestro país y valorado por toda la sociedad como un requisito indispensable para el robustecimiento de la democracia”.
Adepa rechazó la denuncia penal contra los periodistas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó “de modo enérgico” la denuncia penal promovida por el titular de la AFI, Agustín Rossi.
“La utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios por la difusión de información estatal, no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica”, dijeron desde la Asociación mediante un comunicado.
“La amenaza penal constituye un fuerte incentivo a la autocensura”, consideraron, y señalaron que por ese motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha condenado en forma constante su utilización”.
Además, aclararon que desde ADEPA “ya se ha pronunciado en forma contraria la aplicación a periodistas de las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional para el caso de la violación de secretos”.
En ese sentido, recordaron que en 2019, con motivo de la denuncia del titular de la AFI contra los periodistas Rodis Recalt y Gerardo Young, ADEPA “sostuvo que si bien la ley 25.520 de Inteligencia Nacional –reformada en 2015 con la ley 27.126– sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, esa prohibición solo puede estar destinada a los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan”.
“El responsable es el funcionario, empleado o contratista responsable de permitir que la información llegara a un periodista, pero no es éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana”, dice ADEPA sobre la lupa puesta en los comunicadores.
La asociación mencionó los principales pronunciamientos internacionales sobre la materia, como el de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso conocido como “los papeles del Pentágono”, y citaron los pronunciamientos del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “quienes en 2013 emitieron una declaración indicando que bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, pueden ser sometidas a sanciones ulteriores”.
JP / AG / MCP
Fuente Perfil
