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Por María José Lucesole
Ayer fracasó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y hubo una asamblea de empleados de peajes liderados por Facundo Moyano que protestan con barreras altas desde el domingo
El conflicto entre Axel Kicillof y Facundo Moyano subió de voltaje: mientras el funcionario designado por el gobierno provincial al frente de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) pidió la cancelación de la personería jurídica del sindicato de peajes (Sutpa), el representante de los trabajadores advirtió: “No se jode. Con Sutpa no se jode”.
Anoche hubo una asamblea a la vera de los peajes con la conducción de Facundo Moyano donde el gremialista volvió a desconocer una orden de conciliación obligatoria destinada a regularizar el cobro de peajes en las autopista La Plata Buenos Aires y las autopistas hacia la Costa Atlántica que sostiene desde el primero de enero con pérdidas millonarias.
Las barreras de los peajes que conectan a la capital de provincia con la Ciudad Autónoma y con la Costa Atlántica están levantadas desde el domingo pese a que el lunes el ministerio de Trabajo de la Nación exhortó a regularizar el conflicto por otra vía que no sea una medida de fuerza.
Ayer hubo otro reunión en el ministerio de Trabajo de la Nación donde la empresa pidió quitar la personería jurídica y aplicar multas al gremio. Por su parte el sindicato que formalmente esta dirigido por María Florencia Cañabate, pero que tiene como secretario adjunto a Facundo Moyano se quejó por la actitud “antisindical” de Aubasa y denunció una persecución hacia los trabajadores.
“La actitud de Aubasa denota por completo su actitud antisindical al solicitar al Ministerio de Trabajo la aplicación de multas a una organización de trabajadores, llegando al extremo de solicitar la cancelación de la misma lo cual prácticamente no tiene precedentes”, dijo el gremio.
“Asimismo denota una actitud anti trabajador lo que contradice la aparente ideología declamada” -dijo el sindicato en un tiro por elevación al gobierno de Axel Kicillof-.
La empresa, por su parte, pidió que dados los reiterados incumplimientos sindicales a la orden de conciliación obligatoria se apliquen multas, se descuentes días de trabajo a los empleados y sanciones ante la justicia penal.
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El conflicto por la vía de fuerza es sostenido desde el 1° de enero por el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) que lidera desde la secretaría general adjunta Facundo Moyano –exdiputado del Frente de Todos- y es denunciado por la empresa administradora de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa).
En concreto Aubasa denunció falta de acatamiento a la orden de conciliación en los peajes de Dock Sud, Hudson, Bernal, Berazategui, Quilmes, Ramal Gutiérrez y en los peajes del camino a la costa, en pleno inicio de temporada de alta de verano.
El gremio denuncia incumplimientos de varias condiciones laborales. Pero el reclamo de fondo está vinculado con la resistencia al actual presidente de la empresa Ricardo Lissalde, un hombre cercano a Sergio Massa. Y uno de los pocos laderos del ministro de Economía en el gobierno de Kicillof.
Facundo Moyano conoce mucho a Lissalde: también formó parte de las filas de Frente Renovador y se unió junto con Massa al Frente de Todos donde perteneció como diputado nacional, aunque con diferencias internas, hasta 2021. Su renuncia entonces fue hablada con Massa.
El actual desafío se da entre antiguos aliados que ahora disputan por poder ante la administración Kicillof.
El sindicato metió un ingrediente político a la hora de forzar la renuncia de Lissalde: “Ni siquiera en el gobierno de Vidal llegamos a este nivel de conflictividad e imposibilidad de acuerdo y mucho menos con el gobernador Scioli”, expresó en un comunicado difundido para explicar la continuidad del paro. Y siguió: “Desde que el señor Lissalde asumió al frente de la presidencia de Aubasa hemos ingresado en un espiral de conflictos que parece no tener fin”.
Tras el llamado a conciliación del Ministerio de Trabajo emitido el lunes el sindicato reiteró que sigue en paro por tiempo indeterminado: “No permitiremos que nadie pretenda avasallarnos. Los derechos de los trabajadores no se negocian”, expresó Sutpa.
La medida de fuerza comenzó el 1° de enero a las dos de la mañana “de manera intempestiva y por tiempo indeterminado” – según Aubasa- con “el levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del SVIA y de la Autopista Buenos Aires – La Plata, impidiéndose con ello el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo”.
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Desde la empresa se destacó que en esta época el trabajo operativo “es crucial y al 100% de nuestros colaboradores atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.
“Esta medida resulta totalmente injustificada- dijo la administradora que dirige Lissalde-. Y enumeró: “En primer lugar, desconocemos sus razones, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual; estamos pagando el bono que recientemente indico el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el Sutpa aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”, dijo la empresa.
Aubasa informó que cuando se haga efectivo en marzo el nuevo cuadro tarifario permitirá avanzar en el equilibrio de los costos de operación.
La empresa informó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo de Nación de esta medida gremial considerada “intempestiva” y denunció que se están violando los acuerdos que contemplan paz social, así como las leyes que regulan el procedimiento previo al inicio a una medida de acción directa.
La empresa hizo reserva de derecho de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esta medida.
La decisión que ha tomado el sindicato “perjudica inmensamente a la empresa y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de 60 millones de pesos por día”, dijo Lissalde a La Nacion.
El origen
A mediados del año pasado el sindicato denunció formalmente a la empresa por el no cumplimiento de las paritarias: fue el 20 de julio último. Allí se estableció la creación de una mesa bipartita para analizar la implementación de tecnología y la eventual reconversión laboral “con especial atención en la defensa de los puestos de trabajo”.
Entonces el gremio denunció que el presidente de Aubasa pretendía implementar una abrupta modificación en las condiciones laborales – que supone traslados de personal administrativos a puestos de peajes según el gremio- más implementación de tecnología sin considerar como afectará a la dotación de personal.
A su vez Aubasa dejó trascender las pérdidas millonarias que tuvo el Estado por el levantamiento de barreras y bloqueo del cobro de peajes por vías manuales y dinámicas – como telepeaje-.
El año pasado cuantificó las pérdidas en cien millones. Este año afirma que ya lleva perdidos 60 millones por día dado que el paro se da en temporada alta. Se supone que en esta semana el Estado ya dejó de percibir más de 300 millones por las barreras altas en los peajes.
La pulseada tomó estado público no sólo por la apertura de las barreras: por una semana en los carteles de los peajes, en lugar de dar avisos de tránsito, se exigió la renuncia de Lissalde: ahora los sindicalistas esperan que el gobierno de Kicillof aparte al funcionario que es parte del grupo que responde a Sergio Massa en el interior del gobierno de Kicillof
Fuente La Nación
