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Por Daniel Santoro
El fiscal Carlos Stornelli solicitó una batería de pruebas para determinar si el ex director de Contrainteligencia de la AFI estaba al tanto de la maniobra para robar y difundir los chats del ministro de Seguridad porteña.
El fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti investigar si el diputado del Frente de Todos y ex director de Contrainteligencia de la AFI Rodolfo Tailhade participó de una operación de inteligencia ilegal para hackearle los chats de Telegram al ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
Ante la denuncia que hizo D’Alessandro, Stornelli hizo el correspondiente requerimiento de instrucción y solicitó una serie de medidas de pruebas. Stornelli fue nombrado en forma transitoria por el fiscal de la Cámara Federal en esta causa porque su colega Carlos Rívolo se excusó por aparece como “contacto frecuente” de D’Alessandro. Después de la feria Eduardo Taiano quedará como fiscal titular del caso.
Busca determinar quien hackeó los mensajes del ministro de Seguridad que el kirchnerismo está usando, pese a que fueron obtenidos en forma ilegal, como prueba para intentar impulsar un juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Sucede que parte de los chats son con el vocero de Rosatti, Silvio Robles.
La principal prueba contra Tailhade está en un reportaje radial del 29 de diciembre adelantado que se iba a conocer una segunda filtración de chats de D’Alessandro, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La primera filtración había sido en octubre con chats sobre el viaje de funcionarios, jueces y empresarios del grupo Clarín a Lago Escondido.
La segunda fue el 29 de diciembre. Tailhade, uno de los miembros del entorno de Cristina Kirchner, primero anunció el 29 de diciembre, a las 13.34 por la radio oficialista 650 que “acaban de conocerse nuevos chats de D’Alessandro”.
Con ironía, comentó que esos chats le permiten decir “que hermoso mediodía”, parafraseando la frase de Guillermo Francella cuando gana Racing. Según D’Alessandro hizo el anuncio antes de que los chats aparecieran un un sitio web anónimo.
Horas más tarde, a las 7.06 PM, escribió en Twitter: “Tarea para la militancia: viralizar la filtración de los nuevos chats de D’Alessandro. La Corte Suprema está apretando A TODOS los medios para que no se difunda y en particular lo de Rosatti arreglando el fallo “Doñate”. La filtración está en el sitio fantasma en la web que empieza con el nombre del ministro”.
En su requerimiento de Instrucción, Stornelli dijo que la maniobra de inteligencia ilegal denunciada sería “típica en los artículos 42 y/o 43ter de la Ley 25.520 de Inteligencia (conforme Ley 27.126) y que el denunciante enmarca como parte de un plan criminal sistemático”.
El plan, según D’Alessandro quien pidió dos meses de licencia a su cargo para dedicar a defenderse e investigar, “califica como dirigido a dañar, ante la opinión pública, su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados actuantes en distintas áreas y poderes del gobierno y a instalar dudas sobre el regular funcionamiento y legitimidad de las instituciones públicas”. Es es por el ataque K a la Corte.
Ante esta situación, Stornelli pidió a la jueza que solicite el original de la entrevista radial y los mensajes certificados del ex espía en Twitter.
También que se reciba declaración testimonial a D´Alessandro “a fin que aporte toda circunstancia de modo, tiempo y lugar que obrare en su conocimiento”. Y solicitó una copia de la causa que se sustancia ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires por el hackeo de su celular.
La información que se denuncia “fue obtenida ilegalmente y luego difundida a través de Twitter podría encontrarse, en principio, relacionada con la aplicación de mensajería instantánea TELEGRAM”.
Entonces, solicitó que se arbitren “los medios pertinentes para requerir a esta última compañía que informe el listado de dispositivos empleados para la utilización de la aplicación con el abonado telefónico correspondiente al denunciante D´Alessandro”.
También que se solicite a Telegram el “listado de últimas conexiones IP empleadas para acceder a la plataforma”. Las IP son una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local. IP significa “protocolo de Internet”.
El fiscal puso énfasis en investigar “la titularidad, fecha de creación, direcciones IP de creación, historial de conexiones IP y toda otra información de interés sobre su administración, relacionada al sitio difundido por Tailhade.
En el sitio público llamado “Whois.domaintools.com” (que dice quien creó un sitio propio) surge que se usó los servicios de una empresa “Cloudflare” para subirlo a la web.
Entonces, pidió que se requiera a Cloudfare “la información relacionada con la contratación, el pago pertinente y toda otra información de interés”.
Más adelante, pidió se certifique la existencia de supuestas publicaciones por medio de la red social “Twitter” que hubieran ofrecido a la venta el contenido de “chats” supuestamente filtrados desde el teléfono celular del denunciante, según la versión de Tailhade quien negó haber participado de la maniobra de hackeo.
En su caso, se dispongan diligencias a fin de identificar a los usuarios de dicha o dichas cuentas y demás información de interés ya que Tailhade dice que eran hackers que vendía la información robada a D’Alessandro, el diputado nacional Diego Santilli y otras 50 personas cuyos celulares fueron hackeados.
El fiscal quiere que se oficie a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) a los fines de establecer si existen o existieron órdenes judiciales de intervención de la línea telefónica de D´Alessandro. Obviamente, no la hubo. Lo hace para que quede claro que fue un hackeo ilegal.
Stornelli también se solicitó que se comunique a las Cámaras Federales de Apelaciones de las distintas jurisdicciones, “a fin de certificar la posible existencia de toda otra causa judicial que eventualmente se hubiera iniciado a raíz del producto del ilícito aquí investigado” como las denuncias hechas en Santiago del Estero, La Rioja y ante el juez federal porteño Ariel Lijo.
Por último, pidió que tras recibirse el requerimiento de instrucción se decrete el secreto de sumario mientras dure la investigación. En fuentes judiciales se dio por descontado que la jueza aceptará las pruebas requeridas.
Fuente Clarin
