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Por Lourdes Marchese
El mandatario sostuvo durante un acto el pasado 5 de enero que “hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”. Los magistrados mostraron su desacuerdo.
Hace unos días, durante un acto oficial realizado en Mar del Plata, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces, pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas, porque ese va a ser un país más justo”.
Ante aquella afirmación, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, dijo que al sostener que “los únicos privilegiados son los jueces”, lo hizo respecto de cada uno, por lo que se debía ejercer el derecho a réplica, y formular precisiones.
De este modo remarcaron que la función de los jueces en el Estado constitucional de derecho consiste, “en primer lugar, en la gestión de los conflictos judicializados”, haciendo realidad el principio del debido proceso legal. En segundo término, “en el oportuno trato dispensado a los justiciables durante la contienda judicial”, resguardando el ejercicio de sus derechos y garantías, no sólo el derecho de defensa en juicio, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva y continua.
Finalmente refirieron a que “la labor de los jueces se manifiesta en el contenido de las decisiones jurisdiccionales, motivadas en forma precisa y razonable”, tanto al expedirse acerca de las cuestiones de hecho y prueba, como al resolver respecto de las cuestiones jurídicas, para dar respuesta a las pretensiones esgrimidas por los litigantes y, al mismo tiempo, para que la sociedad conozca los fundamentos que apuntalan las sentencias judiciales.
Es entonces que el ejercicio de esos delicados cometidos institucionales y procesales, precisaron que “el desempeño de los jueces no está exento de errores, para cuya corrección las leyes prevén los sistemas recursivos, a disposición de las partes afectadas, llegándose en ciertas situaciones, normativamente regladas, a imponer sanciones disciplinarias de variada intensidad”.
De ninguna manera puede pretenderse que la actuación de los jueces no sea objeto de críticas, incluso provenientes de funcionarios públicos, en el marco de una sociedad respetuosa de la libertad de expresión.
Así las cosas hicieron hincapié que “cuando las críticas se convierten en descalificaciones sistemáticas y generalizadas y, además, provienen de la más alta magistratura de la Nación, sentimos el deber de responder que no es verdad que en nuestro país ‘los únicos privilegiados son los jueces’, como afirmó el Sr. Presidente de la República”.
En efecto, aseguraron que la “función jurisdiccional, lejos de comportar privilegios, entraña una enorme responsabilidad de carácter jurídico-política, que tornan desconsideradas e inaceptables, desde el plano constitucional, las afirmaciones presidenciales, cuyo mayor efecto es el de pretender desacreditar de manera genérica e indiscriminada a toda la magistratura judicial argentina”.
En otra parte del texto recordaron el documento titulado “La deslegitimación del Poder Judicial socava el sistema republicano”, del 8 de marzo de 2021, donde expusieron y ahora reiteran que “el funcionamiento del Poder Judicial –tanto a nivel nacional, como provincial– tiene imperfecciones que necesitan ajustes o reformas, para ponerlo a tono con las legítimas expectativas y demandas sociales”.
Y agregaron que: “debemos advertir que el sistema de administración de justicia vigente en nuestro país, en todas las jurisdicciones, es el resultante de las leyes sancionadas y promulgadas por el concurso del Poder Legislativo y Ejecutivo, en ese orden. No es el Poder Judicial quien se autorregula legalmente, mediante el dictado de normas de carácter general.”
Para concluir sostuvieron que la correcta administración de justicia requiere la adecuada sustanciación de los procesos, libre de presiones e intromisiones políticas o de cualquier otro orden.
“El ataque genérico e indiscriminado al Poder Judicial, al que nos venimos refiriendo, provoca su deslegitimación social e institucional y, a la vez, socava uno de los pilares básicos del sistema republicano de Gobierno. Sólo un Poder Judicial independiente, sobre cuyas decisiones los otros poderes estatales no tengan injerencia, puede asegurar la plena vigencia del ordenamiento jurídico, a partir de la efectividad de los principios y garantías constitucionales, en especial, de los derechos fundamentales de la persona humana”.
No es la primera vez que desde la Justicia salen a responderle al Poder Ejecutivo, que desde un tiempo para acá ha tomado prácticamente como un enemigo a la Justicia queriendo prácticamente avasallar la división de poderes cuando algún fallo no les es del agrado. Este año seguramente la relación entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo tendrá momentos muy calientes, sobre todo teniendo en cuenta que es un año electoral.
Fuente MDZ
