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La crisis energética ha golpeado los hogares de los españoles como no se recordaba desde hacía cuatro décadas. Los precios se han disparado en los mercados internacionales y también en el bolsillo de los ciudadanos, que han pagado en 2022 la factura de la luz más cara de la historia. Sin embargo, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes medidas para amortiguar el impacto de la inflación en los recibos. Algunas se aplican a todos y de forma automática —como la rebaja del IVA de la electricidad y el gas hasta el 5%, que estará en vigor durante todo el año—, pero otras hay que solicitarlas. El consumidor tiene margen para pagar menos en su factura energética. Solo hay que moverse y —en ocasiones— cumplir una serie de requisitos.
Estas son todas las formas para beneficiarse.
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Bono social eléctrico
El bono social térmico no es un instrumento nuevo, pero el Gobierno lo ha ido ampliando durante la crisis para beneficiar más a más familias. Se trata de una ayuda para pagar menos por el recibo de la luz. Para acceder a ella, es necesario estar en el mercado regulado, es decir, tener lo que se llama la tarifa PVPC. Esta depende del precio diario de la electricidad, por lo que es mucho más volátil que las que ofrecen las compañías privadas en el mercado libre: sube más cuando la electricidad está más cara y baja más cuando está más barata, en un cálculo que se hace por horas (aquí toda la información sobre los tramos). A cambio, si el cliente se beneficia del bono, los ahorros resultan ingentes.
El Ejecutivo elevó el descuento en octubre desde el 60% hasta el 65% para los consumidores vulnerables y del 70% al 80% para los vulnerables severos. En otras palabras: de una factura mensual de 100 euros, el perceptor del bono social eléctrico solo pagaría 35 o 20, en función de su categoría. Estas bonificaciones, que ya se habían ampliado en marzo del año pasado (normalmente son del 25% y del 40%, respectivamente) estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
Los consumidores vulnerables que tienen derecho al bono social son todos los hogares que posean un título de familia numerosa, independientemente de su renta, aquellos en los que todos los miembros con ingresos perciban una pensión mínima de jubilación o incapacidad —no pueden embolsarse más de 500 euros anuales por otros conceptos— y aquellos en los que haya un perceptor del ingreso mínimo vital.
También podrán acogerse los hogares cuyos ingresos netos (después de impuestos) no superen en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de 14 pagas. Esto para las personas que vivan solas o en pareja. El multiplicador se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y en 0,5 por cada menor de edad. Es decir, una familia donde vivan un padre, una madre, el abuelo (suma 0,3) y un hijo de 15 años (suma 0,5) podría pedir el bono social si su renta no supera el Iprem multiplicado por 2,3.
Los consumidores vulnerables severos son aquellos con unos ingresos de menos de la mitad que los consumidores vulnerables, para todos los casos descritos anteriormente. Para las familias numerosas, solo serán consideradas las que ingresen hasta dos veces el Iprem, y para los que reciban la pensión mínima, sus ingresos no pueden superar ese indicador. Cualquier duda puede resolverse en la web del Ministerio de Transición Ecológica.
También existen límites de consumo, que se pueden consultar en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por encima de esos umbrales, no se subvencionará la energía consumida.
En las direcciones anteriores figura el listado de las compañías a las que hay que estar acogido para pedir el bono social eléctrico. Son las llamadas comercializadoras de último recurso o de referencia, a las que hay que enviarle el impreso de solicitud y la documentación necesaria para acreditar que se cumplen las condiciones exigidas. A veces el proceso resulta farragoso. Una vez concedido el bono social tiene una vigencia de un año, pero se renueva automáticamente para otro año más.
Bono social térmico
El bono social térmico consiste en un pago único anual que reciben automáticamente todos los perceptores del bono social eléctrico para que puedan hacer frente a los gastos de calefacción y agua caliente. Es decir, no hace falta pedirlo. En este caso, no son las empresas las que lo gestionan y lo financian, sino el Estado.
Al igual que el bono social eléctrico, el bono social térmico tiene diferentes cuantías en función de las características de cada hogar, que el Gobierno ha ido ampliando a medida que se agravaba la crisis energética. Actualmente, los descuentos oscilan entre los 40 y los 375 euros anuales.
Bono temporal de justicia energética
El Gobierno ha relajado en varias ocasiones los requisitos para acceder al bono social, subiendo los umbrales de renta y consumo, para acercarlo a las clases medias bajas. Sin embargo, el número de beneficiarios sigue estancado en torno a los 1,3 millones, lo que ha llevado al Ejecutivo a crear una nueva categoría: el llamado bono temporal de justicia energética.
El funcionamiento es el mismo que el del bono social eléctrico. Es decir: hay que estar en la tarifa regulada y hacer la solicitud ante el comercializador de referencia, usando el modelo de impreso que se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El descuento, en cambio, resulta mucho menor: solo un 40%. Otra diferencia es que los beneficiarios de este bono no recibirán el bono social térmico para pagar la calefacción y el agua caliente.
Los umbrales de renta son mucho más laxos que los del bono social eléctrico: una renta superior al Iprem de 14 pagas multiplicado por 1,5 —que era el límite pare el bono social de toda la vida— e inferior al ese mismo indicador multiplicado por 2.
Tope a la factura regulada del gas
No solo hay medidas para la luz. Los consumidores de gas también pueden gozar de un gran ahorro si se pasan a la factura regulada, conocida como TUR. El Gobierno estableció un tope del 15% al encarecimiento del componente de la materia prima —en la factura se pagan otras cosas, como todo tipo de cargos e impuestos—. Esto quiere decir que, en las revisiones trimestrales de la tarifa, esa parte del recibo solo puede subir un 15%, aunque el coste real del hidrocarburo se haya encarecido mucho más. Como es lógico, aquellos clientes que hayan pactado precios con sus compañías en el mercado libre sí notarán el impacto del encarecimiento de esta materia prima cuando se actualicen los términos de su contrato.
La medida ha provocado una avalancha de clientes hacia la TUR, que tiene tres modalidades, en función de cuál sea la potencia contratada (aquí todos los detalles). Para saber si compensa cambiarse, hay que tener en cuenta que cada kilovatio hora (kWh) cuesta 7,04 céntimos, 6,75 y 6,54 céntimos para los acogidos a la TUR1, la TUR 2 y la TUR 3, respectivamente. A eso hay que sumarle un término fijo de 5,03, 9,52 y 20,54 euros al mes.
Pasarse a la regulada resulta sencillo: solo hay que ponerse en contacto con una de las comercializadoras de referencia (aquí la lista completa) presencialmente, o bien a través de teléfono o por correo electrónico. El alta en esas compañías ya implica una baja en las del mercado libre, aunque en función de los términos del contrato hay que pagar una penalización. La burocracia suele tardar entre unos días y tres semanas. Además, el Gobierno ha extendido este tope no solo a los consumidores individuales, sino a las comunidades de vecinos que cuenten con caldera comunitaria, con un ahorro que podría llegar al 50%.
Es importante aclarar que tanto los usuarios de la TUR como los del mercado libre pueden recibir el bono social térmico.
Fuente El Confidencial
