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Málaga ha decidido no esperar más. Tras años de reclamaciones desatendidas y silencios administrativos desde Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha optado por una maniobra financiera para desbloquear su gran proyecto cultural pendiente: el Auditorio de la Música. El alcalde, Francisco de la Torre, confirmó que el Consistorio asumirá los 45 millones de euros que el Gobierno central se niega a aportar, recurriendo a una importante operación de crédito que permitirá licitar las obras en 2026 e iniciar los trabajos antes de que finalice el actual mandato.
La decisión responde a un evidente hartazgo institucional. El regidor popular ha constatado que el Ministerio de Cultura ha optado por «ponerse de perfil» ante una infraestructura que la ciudad considera estratégica para su consolidación como capital cultural del sur de Europa. Ante la falta de compromiso estatal, De la Torre ha diseñado una hoja de ruta financiera que eleva el riesgo municipal pero garantiza los plazos: Málaga adelantará el dinero mediante deuda bancaria para que las grúas lleguen al puerto en 2027.
Una factura de 210 millones de euros
Las cuentas del Auditorio, cuyo coste total se estima ya en torno a los 210 millones de euros, requieren una ingeniería financiera compleja. Hasta la fecha, las únicas administraciones que han garantizado su respaldo económico son la Junta de Andalucía, que aportará 25 millones de euros, y la Diputación de Málaga, con otros 10 millones. Por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a inyectar 20 millones de fondos propios, sumando las partidas de los presupuestos de 2025 y 2026 y los ingresos por la venta de sus suelos portuarios.
Sin embargo, el agujero financiero sigue siendo notable. Faltan los 45 millones de euros que le corresponderían al Gobierno central si igualara su participación a la de otras grandes infraestructuras culturales en España y, sobre todo, los aproximadamente 110 millones que deben llegar de la iniciativa privada. Es aquí donde el Ayuntamiento ha decidido intervenir de forma directa: pedirá un préstamo cercano a los 150 millones de euros para cubrir tanto la parte estatal como para adelantar las cantidades que, teóricamente, irán abonando las empresas privadas en los próximos años.
Una línea de crédito para suplir la inacción del Gobierno
De la Torre ha explicado que el objetivo es realizar esta operación de crédito en 2026. Esta inyección de liquidez actuará como un puente financiero: permitirá adjudicar la obra y pagar las certificaciones iniciales sin depender de que el Ministerio de Cultura cambie de opinión o de que los patrocinadores privados desembolsen el dinero de inmediato.
El alcalde ha definido esta estrategia como un ejercicio de realismo ante la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de desentenderse del proyecto. Aunque el Ayuntamiento mantiene la puerta abierta a que el Estado rectifique y se sume al consorcio en el futuro, la planificación municipal ya no cuenta con esa variable para avanzar. En los presupuestos municipales de 2026 ya se consignan 5 millones de euros específicos para el Auditorio, situándolo como una de las tres obras «estrella» del mandato junto a la integración del río Guadalmedina y la ampliación del Palacio de Ferias.
El reto de los 110 millones privados
La viabilidad a largo plazo de la operación descansa, no obstante, en la capacidad de Málaga para atraer capital privado. El modelo diseñado por el Consistorio fía más de la mitad del coste del edificio, unos 110 millones de euros, al mecenazgo empresarial, una fórmula habitual en Estados Unidos pero con menos tradición en la obra pública española.
La pieza angular de este esquema es la venta del nombre del recinto. El Ayuntamiento aspira a que una gran multinacional pague entre 40 y 50 millones de euros por bautizar el Auditorio durante varias décadas. De la Torre ha reconocido que ya ha «sembrado la idea» en tres o cuatro grandes compañías y que se encuentra a la espera de respuestas, aunque por el momento no existe ningún contrato cerrado.
Para completar el resto de la financiación privada, se busca la implicación de entre 20 y 30 empresas colaboradoras que aporten entre 2 y 3 millones cada una, así como un programa de mecenazgo dirigido al tejido empresarial local. Este último ofrece, a cambio de una aportación de 220.000 euros anuales durante un lustro, ventajas fiscales del 40% en el Impuesto de Sociedades y visibilidad en un «muro de fundadores».
Pese a que las negociaciones privadas se encuentran aún en una fase temprana, el mensaje político es inequívoco: las obras empezarán con o sin el dinero en la caja, avaladas por la capacidad de endeudamiento municipal. El calendario que maneja la Casona del Parque sitúa la licitación del proyecto a lo largo de 2026, con la vista puesta en la colocación de la primera piedra en 2027.
El Ayuntamiento asume así el peso económico de la operación ante la inacción del Ministerio, recurriendo al endeudamiento para reactivar una infraestructura clave. De la Torre cierra con este movimiento la fase de planificación y asegura la licitación en 2026, evitando que el Auditorio siga siendo una maqueta.
Fuente: ABC
