El fiscal Gerardo Pollicita reclamó la auditoría completa sobre operaciones financieras con reservas de oro que registraron un resultado negativo de US$1.023 millones. La investigación busca establecer quién autorizó las transacciones, qué intervención tuvo Economía y si existieron conflictos de intereses con Deutsche Bank, entidad donde trabajaron ambos funcionarios.
Buenos Aires – 21 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para determinar las responsabilidades del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en operaciones financieras realizadas con las reservas de oro que registraron durante 2025 un resultado negativo de 1,5 billones de pesos, equivalentes a US$1.023 millones, según observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El requerimiento presentado ante el juez federal Ariel Lijo exige a la AGN entregar la documentación completa de la auditoría, incluidos los papeles de trabajo, las disidencias de sus integrantes y las respuestas del Banco Central. Además, reclama que la autoridad monetaria explique qué normativa permitió realizar las operaciones, quiénes las aprobaron y si existieron instrucciones o comunicaciones con el Ministerio de Economía.
La causa surgió de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien atribuye posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Su presentación fue ampliada tras conocerse la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte de las operaciones, circunstancia especialmente sensible porque tanto Caputo como Bausili desarrollaron parte de sus carreras profesionales en esa institución financiera.
Dalbón solicitó incluso el allanamiento del Banco Central y medidas para determinar cómo fue seleccionado el banco interviniente, qué comisiones se pagaron, cuáles fueron las condiciones contractuales y si algún funcionario o tercero obtuvo beneficios indebidos. La eventual participación de Deutsche Bank y la existencia de conflictos de intereses forman parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos.
La controversia se originó en instrumentos financieros derivados utilizados para cubrir riesgos asociados con la cotización internacional del oro. Mediante una estructura conocida como collar, el Banco Central habría contratado protección frente a posibles caídas del precio del metal, resignando a cambio parte de las ganancias cuando su cotización superara determinados niveles. La fuerte suba internacional del oro durante 2025 produjo un resultado adverso en esas posiciones.
El dato introduce una distinción fundamental: la AGN identificó pérdidas en las operaciones con derivados, pero aprobó los estados contables del BCRA con opinión favorable sin salvedades. El organismo incorporó observaciones sobre el mecanismo de cobertura, cuyo resultado negativo no equivale automáticamente a una pérdida del mismo monto en el conjunto de las reservas.
Desde el Banco Central sostienen que la revalorización del oro conservado en cartera generó una ganancia neta global de aproximadamente US$2.505 millones, argumento con el que defienden la estrategia financiera. La discusión técnica consiste en determinar si la cobertura fue razonable, si sus costos fueron adecuados y si respetó las atribuciones y procedimientos establecidos para administrar activos públicos.
La investigación también reaviva los cuestionamientos por el traslado de reservas de oro al exterior durante 2024, cuyo destino, condiciones de custodia y eventual utilización en operaciones financieras han sido objeto de pedidos de información y controversias parlamentarias.
Por ahora, Pollicita solicitó reunir documentación antes de decidir si corresponde impulsar formalmente la acción penal. El punto decisivo será establecer quién tomó las decisiones, bajo qué controles y con qué contrapartes se comprometió el patrimonio del Banco Central, particularmente ante operaciones que involucraron sumas superiores a los mil millones de dólares.
Fuentes consultadas: Auditoría General de la Nación, Banco Central de la República Argentina, Actuaciones judiciales, Infobae
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