Por Gonzalo Abascal
La participación de Camioneros en los controles de abastecimiento y precios habilita otro mensaje: la idea de la gestión pública mediante el apriete y la amenaza velada.
Fue el 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso (el virtual lanzamiento de su gestión) cuando Alberto Fernández, escoltado por Cristina Kirchner y Sergio Massa, anunció: “Somos un gobierno de científicos, no somos un gobierno de CEOS” (se sabe, en oposición a la administración de Macri).
La definición se vació de contenido rápidamente, y se ha repetido decenas de veces desde la ironía, frente a torpezas manifiestas en la toma de decisiones. Pero la convocatoria al gremio de camioneros -liderado con lenguaje amenazante por Pablo Moyano-, para participar del control de abastecimiento y de precios en los supermercados confirma el desbarranco total de aquella pretensión.
El contraste es tan brutal que exime de argumentos: difícil encontrar algo más alejado de la especulación científica, siquiera de cierta sofisticación técnica, que la estética patoteril y la escenificación del apriete encabezada por Oscar Borda, brazo ejecutor de la violencia del secretario de Camioneros, y comunicada en un video distribuido por el propio sindicato.
Tampoco parece extraída de ningún paper esclarecedor la definición de Moyano sobre que “los empresarios encanutan la mercadería para luego ir remarcando precios”.
La movida sólo resulta explicable desde las dificultades de Sergio Massa para llegar al prometido 3% de inflación en abril, que le permita consolidar las aspiraciones presidenciales que él niega tener (pero nadie le cree la negativa), y al mismo tiempo hacerle un guiño al núcleo kirchnerista que por default reclama señalar a las empresas como responsables de todos los males.
En el Gobierno incluso admitieron -consultados por el diario La Nación-, que lo que hagan los camioneros en los centros de distribución, y las posibles denuncias, ni siquiera tienen un marco legal que los avale.
Además, y por si hiciera falta, la nula originalidad y eficacia del recurso se verifica al recordar que en marzo se cumplirán tres años desde que algunos intendentes del conurbano, en el inicio de la pandemia, se fotografiaron heroicos frente a las góndolas, dispuestos, igual que hoy los camioneros, a que se cumplieran los controles de precios. Espinoza en La Matanza, Gray en Echeverría, Descalzo en Ituzaingó y Zabaleta en Hurlingham, entre otros jefes peronistas, no lograron mucho más que la foto.
Pocos meses después fueron algunos sindicalistas (aunque la CGT se ahorró el papelón manteniéndose al margen) quienes, planilla y birome en mano, también auscultaron góndolas sin suerte. Este Gobierno ofreció hasta la imagen de la ex secretaria de Comercio, Paula Español, metro en mano, en una supuesta verificación de la ley de góndolas.
¿Resultado? La inflación acumulada en la presidencia de Fernández alcanza el 299%.
¿Si nada de lo anterior funcionó, por qué lo haría ahora? Tal vez sólo se trate de un show montado para consumo de los propios.
Sin embargo, y aunque parezca lo mismo que otras veces, no lo es.
Si los intendentes, los sindicalistas y los funcionarios fotografiados en los supermercados comunicaban inoperancia, el protagonismo de Moyano y sus “choferes” habilita otra lectura, comunica otras ideas, envía otro mensaje: la idea de la gestión pública mediante la amenaza, el apriete y el miedo. A la inflación, Massa habrá sumado otro problema tan o más difícil de terminar.
Fuente Clarin