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Por Paula Lugones
Se trata de Ricardo Martinelli, involucrado y condenado por el caso Odebrecht. La vice recibió una pena de 6 años por corrupción en la obra pública junto a Lázaro Báez.
Estados Unidos sancionó al ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli por “corrupción significativa” al haber aceptado coimas por contratos gestionados durante su gobierno y señaló el “firme compromiso” de la administración de Joe Biden para enfrentar estas prácticas corruptas, en momentos en que en la región varios altos funcionarios son señalados por la Justicia, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en la causa de Vialidad.
En un comunicado emitido la noche del miércoles, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que incluían a Martinelli –que gobernó Panamá entre 2009 y 2014 y aspira a volver a presentarse en las presidenciales de 2024– y a sus familiares más cercanos en la “lista negra” de funcionarios corruptos.
“Anuncio hoy la designación del ex presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de otorgar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Esta sección 7031 (c) hace que Martinelli y sus familiares inmediatos no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, dijo Blinken.
El secretario de Estado se explayó un poco más en su mensaje: “Aceptar sobornos para contratos gubernamentales socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta la percepción de corrupción e impunidad. Tales actos de corrupción pública disminuyen la confianza en la gobernabilidad y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios gubernamentales”.
Finalmente, el canciller estadounidense dio un mensaje más amplio sobre el interés de Washington: “Las sanciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción, que perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos” Luego afirma que Estados Unidos “continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que abusan del poder público para beneficio personal, independientemente de su posición o afiliación política”.
El gobierno de Biden ya había utilizado esta potestad del Departamento de Estado para sancionar por corrupción a funcionarios de varios países como Rusia, Corea del Norte, Siria e Irán, pero recientemente las había aplicado contra el expresidente de Ecuador, Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, en marzo, y en agosto contra el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. A estos funcionarios y sus familiares se les canceló la visa de ingreso a los Estados Unidos.
Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada en diciembre por administración fraudulenta en la causa Vialidad algunas voces en Estados Unidos se alzaron para que la argentina fuera también sancionada por este país. La juzgaron por beneficiar con obra pública a Lázaro Báez, empresario K, amigo de Néstor Kirchner y la familia de la vicepresidenta.
Marshall Billingslea, ex enviado especial y vicesecretario del Tesoro de Donald Trump para combatir el financiamiento del terrorismo, tuiteó: “Kirchner ha sido condenada. ¿Quizás ahora, Departamento del Tesoro, puedas imponer sanciones relacionadas con la corrupción?”. Agregó que “castigar a uno de los políticos más corruptos del mundo probaría que el gobierno (de Biden) es serio sobre combatir la corrupción”.
El senador republicano ultraconservador Ted Cruz envió una carta a Blinken en la que manifestaba su “preocupación ante el grave desafío para la seguridad nacional de los Estados Unidos por la corrupción en el Hemisferio Occidental”. El congresista reclamó: “Le urjo imponer medias anti-cleptocracia del Congreso en el caso de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner”.
Clarín consultó entonces al Departamento de Estado si podría sancionar a la vicepresidenta como al vice paraguayo. Un portavoz de la cancillería estadounidense contestó que estaban “al tanto” de la decisión del tribunal y que utilizaría “todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción a nivel mundial”.
Sin embargo, evitaron responder si le aplicarían sanciones como a otros funcionarios de la región. Expertos señalaron a Clarín que más allá de que estén dadas las condiciones para activar un castigo, debe haber una voluntad política de Estados Unidos de activarlo.
La sanción contra el panameño Martinelli se publicó horas después de la llegada a Panamá de los hermanos Luis Enrique y Ricardo, los hijos del ex mandatario que acaban de cumplir una condena en Estados Unidos.
El padre y los hijos están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como “Blue Apple”, una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli.
Los hijos de Martinelli cumplieron dos años y medio de los tres años de condena que les impuso la justicia estadounidense, y pagaron una multa de 250.000 dólares, por recibir 28 millones de dólares en sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, de los cuales 19 millones transitaron por cuentas estadounidenses.
En el juicio en Nueva York los abogados de los hermanos se declararon culpables de los cargos que les imputaba la fiscalía estadounidense y acusaron a su padre de haberles inducido a cometer los delitos.
Por este caso también está llamado a juicio en Panamá el ex presidente de 70 años, quien niega haber recibido coimas y afirma que todo se trata de “un circo político” para evitar que se postule nuevamente a la presidencia.
Fuente Clarin
