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Por Daniel Sabsay
El Gobierno intenta asegurar la impunidad de la vicepresidenta, pero el juicio político es una herramienta para el control constitucional del poder, no para domesticar a la Justicia.
La Casa Rosada efectuó dos movimientos con la finalidad de asegurar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno en el nivel internacional y otro en el nivel interno. Los dos tuvieron por propósito demostrar que no existe Justicia independiente en la Argentina, o que, al menos, esta tiene por principal objetivo, la condena de la mencionada funcionaria, en una suerte de alianza que la une a los medios de prensa “concentrados” y a empresarios “amigos”, de conformidad con un fenómeno que se denomina lawfare y que consiste en una suerte de “guerra judicial” contra los líderes populares; en otras palabras, estaría dirigido directamente contra el pueblo a fin de imponer gobiernos “neoliberales fascistas”. Esta afirmación olvida que tanto nuestra CS como numerosos tribunales internacionales han declarado que el “lawfare” no es una categoría jurídica ni está tipificado como delito en ningún código penal. Más bien se trata de una voz dirigida a asegurar la impunidad de altos funcionarios que han sido condenados por defraudar al erario público.
En el plano internacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, realizó acusaciones contra la Justicia argentina durante una sesión del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en Ginebra. El EPU es un proceso especial que se lleva a cabo desde 2006 durante el cual los Estados miembros exponen las medidas tomadas en sus países para mejorar los derechos humanos. En ese ámbito no se efectúan denuncias internas; regla que el gobierno argentino incumplió, circunstancia que llamó la atención a numerosas delegaciones de otros países. El funcionario argentino manifestó que los condenados argentinos por hechos de corrupción no habían tenido derecho a la defensa. Sin embargo, la oposición, en una carta dirigida a Volker Turk, quien desde octubre pasado reemplazó a Michelle Bachelet como alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Esto es absolutamente falso ya que los delitos de corrupción multimillonaria cometidos por los funcionarios K fueron corroborados por todas las instancias judiciales competentes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)”. También, el gobierno nacional denunció un “criminal endeudamiento del gobierno anterior”. Es decir, un catálogo de consideraciones que ponen de manifiesto el total desconocimiento del marco jurídico del espacio en que las mismas fueron efectuadas. Ignorancia y torpeza fueron los principales ingredientes del miserable espectáculo que dio el gobierno argentino, que en nada ayudan a la ya alicaída imagen de nuestro país en el exterior. Otro motivo más para espantar las tan necesarias inversiones extranjeras.
Desde la óptica de un organismo internacional, el país miembro de que se trate es uno solo y por lo tanto su gobierno está integrado por los tres poderes. Esta especie de denuncia interna cruzada no podía sino llamar la atención de otros países miembros. Al respecto, parece sumamente atinente lo que expresa el sociólogo Fabián Bosoer cuando considera: “Hemos visto gobiernos negacionistas, que ocultan o rechazan los crímenes de Estado cometidos en sus países en el pasado. Hemos visto a gobiernos reconocerlos y pedir perdón. Lo que es más raro de ver es a gobiernos democráticos denunciar ante los foros internacionales a las propias instituciones del Estado y de la sociedad que representan”.
El segundo movimiento, este en el interior de nuestro país, consiste en la puesta en marcha de un proceso de juicio político contra los miembros de la CS. Como el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para removerlos en las Cámaras del Congreso –necesitan dos tercios de los miembros presentes (primero para acusar en Diputados y luego para juzgar en el Senado)– se concentran en la Comisión de Juicio Político, en la que tienen una mayoría muy justa de 16 sobre 30. Es en esta comisión donde se elaboran las causales del juicio político. En esta oportunidad, se trata de cuestionamientos al contenido de sentencias de los magistrados supremos. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca convalidó remociones de jueces de sus países miembros. Al respecto, recordemos el rechazo de la destitución que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hizo de cinco magistrados de la Corte de Justicia a través de un procedimiento violatorio de las reglas básicas que contempla la constitución de ese país según los estándares latinoamericanos. Frente a este precedente cabe preguntarse: ¿qué podría opinar sobre un juicio de la CS, como el que sustancia el kirchnerismo, apoyado en el desconocimiento de sentencias y el espionaje ilegal? ¿Cómo vería la recurrencia de la vicepresidenta en caso de que sus condenas prosperasen? Vale tener en cuenta un fallo de la CIDH, relacionado con Paraguay, suscripto por Raúl Zaffaroni, exmiembro de la CS y convocado para el juicio en Diputados. La CIDH sostuvo que es “inviable el juicio político o la eventual destitución de jueces como consecuencia del contenido de las decisiones que hayan dictado”. En la acusación contra los cuatro ministros de la CS figuran tres veredictos: el que declaró ilegal la modificación del Consejo de la Magistratura, el de la coparticipación de la CABA y el controvertido dos por uno (posteriormente corregido) aplicable al cómputo para la prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad. También en ese fallo la CIDH estableció que “tampoco se puede hacer un juicio político por causas que aún están en trámite”. Consideró que sería una manera indebida de presionar a cualquier tribunal.
La primera sesión de la Comisión de Juicio Político que tuvo lugar la semana pasada puso de manifiesto un espectáculo lastimoso encaminado al desgaste y a la humillación de los jueces supremos. Semejante manoseo se parece más a un circo romano que a la actividad de una comisión del Congreso. Nos hizo recordar la lamentable acusación y luego degradación del teniente francés Alfred Dreyfus que tan bien refleja en su libro J’accuse el gran escritor francés Émile Zola. Así pudo sacar a la luz el antisemitismo que anidaba en vastos sectores del poder de ese país, ya que el oficial era judío. El juicio político es una herramienta para el control constitucional del poder, no para domesticar a la Justicia.
Por eso no sorprende la veloz respuesta del organismo de la ONU, que luego de rechazar con poco habitual énfasis y velocidad el informe, conmina al gobierno argentino a asegurar la independencia de la Justicia.
Este acontecimiento pasará a la historia como un vergonzoso antecedente de la “diplomacia” argentina que demuestra no solo un nulo conocimiento del derecho sino un desparpajo capaz de superar todos los límites para conseguir la impunidad de una funcionaria condenada por haber defraudado de manera millonaria al erario público de su país.
Profesor titular y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA
Daniel Sabsay
