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La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a un veintena de sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto a través del cual se pide que se cite al Congreso al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que “explique por qué se violó la Ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el Gobierno provincial”.
“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, reclamó la porteña, quien advirtió que “Mendoza no es una excepción. Es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia”.
En ese sentido, la legisladora recordó que “la ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, resaltó.
Precisamente, en las últimas semanas el INAI publicó diversas resoluciones (36/2023; 42/2023 y 47/2023) sobre relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza que reconocieron la posesión de alrededor de 25 mil hectáreas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, próximas a los departamentos de San Rafael y Malargüe, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, quien iniciará acciones judiciales.
En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años. Pasaron 17. Fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del año pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos y se estipuló que se deben hacer con la intervención del Estado provincial, algo que no ocurrió en el caso reciente de Mendoza.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó la diputada.
El proyecto fue acompañado por Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Fernando Carbajal, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Gustavo Bouhid, Germana Figueroa Casas y Rubén Manzi.
Fuente Mendoza Today
