Por Lucía Salinas
En los próximos días, el tribunal decidirá si avala la controvertida suspensión del juicio por lavado, u ordena realizarlo.
Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coinciden en un planteo: el momento adecuado para que Cristina Kirchner y sus hijos -al igual que trece imputados más- se defiendan de la acusación por lavado de dinero es el debate oral. La Cámara Federal de Casación Penal analizó un conjunto de pruebas presentadas por los fiscales y en las próximas semanas dará a conocer su decisión: si avalan el sobreseimiento o enviarán a juicio a la vice en las causas unificadas Hotesur-Los Sauces.
El 13 de diciembre de 2021 el fiscal federal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmaron a favor de Cristina, sus hijos y los demás imputados.
Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
Esos argumentos fueron sostenidos por su par ante la Casación, Mario Villar.
En una audiencia celebrada en noviembre pasado ante la Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, Villar pidió que el sobreseimiento sea anulado y que el juicio oral se lleve a cabo. Su exposición se basó en el análisis del delito de lavado de dinero y la relevancia del juicio como instancia de defensa para determinar si las personas investigadas son culpables o no.
El argumento trajo aparejado un planteo explícito: “anular la resolución, apartar a los jueces -que votaron por no hacer el debate, Daniel Obligado y Adrián Grünberg- y permitir que el proceso llegue” a la instancia de juicio.
Entre las pruebas centrales que expuso el fiscal Villar y que tuvieron que analizar los jueces de la Casación, se encuentran dos pericias sobre las empresas de los Kirchner, que analizaron todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
Por otro lado, la fiscalía hizo mención a documentación e información que es “retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
Pese a este escenario, los jueces del TOF 5 Obligado y Grünberg argumentaron que la tesis de las maniobras de lavado de dinero no puede sustentarse y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner. Así, la vice logró el sobreseimiento.
Las pruebas que citan los fiscales apuntan al rol clave de Lázaro Báez, condenado en diciembre junto con la vicepresidenta por corrupción en el juicio de Vialidad.
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Villar entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”.
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales”, es decir: Cristina Kirchner y su familia.
Hay que recordar que el dueño del Grupo Austral también fue condenado por el lavado de dinero a doce años de prisión en la Ruta del Dinero K. Para los fiscales que buscan que se haga el juicio de Hotesur, el contratista recibía los fondos para obras públicas viales, y “después una porción era volcada a maniobras de blanqueo” a través de las empresas de los Kirchner.
Además, el fiscal explicó que “al dinero debía dársele apariencia lícita para TODOS los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados”.
Las sociedades fueron calificadas de “pantallas” para “ocultar la procedencia del dinero” y se pidió tener en cuenta que las dos empresas de la familia Kirchner comparten accionistas y directores y que “se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados“.
Todo esto fue analizado por los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que resolverá en las próximas semanas si Cristina Kirchner y sus hijos irán a juicio oral. Según trascendió en tribunales, ya hay dos votos emitidos y resta conocer el criterio que adoptará la jueza Ana María Figueroa, actual presidenta de la Cámara de Casación y vinculada al kirchnerismo.
Fuente Clarin
