Por Enrique Mario Barrera
Gabriel Paz
Sí, 800.000 hectáreas en lugares económicamente estratégicos y pertenecientes al sur mendocino están en riesgo de pasar a manos de la corporación pseudo mapuche. Ya son tres las zonas otorgadas por decreto por aplicación caprichosa de la Ley 26160.
Para este análisis voy a referirme al artículo periodístico publicado por Diario Los Andes el 14 de noviembre de 2017 sobre el tema. En esa nota un representante de esa comunidad expresa que las pretensiones de lograr territorio en esta región involucra 800.000 hectáreas de las cuales 40.000 están en la Reserva La Payunia. También expresa que 27 familias o grupos familiares de nuestra geografía obtuvieron la personería jurídica que esa ley exige; manifestando que a algunos de ellos tuvieron que convencer puesto que presentaban dudas.
Esas familias son nuestros puesteros, nuestros crianceros de toda la vida y no hay dudas, que son el resultado de la fusión entre el criollo y los Pehuenche y Puelche que siempre habitaron nuestro sur provincial, lo que está demostrado por la historia y la ciencia.
Mendoza siempre tuvo firmeza en su defensa histórica territorial y hoy eso está puesto a prueba. Pienso que a los días de sorpresa por este accionar del gobierno nacional queriendo aplicar este proceder absolutamente inconsulto y sin sustento y producto del proceder de una institución, INAI, que actúa autoritariamente en la sombra, aplicando una ley, 26160, muy arbitraria en algún artículo de su texto, principalmente, que autopercibirse es suficiente para reclamar algo y es ahí donde está el germen de esta situación tan injusta.
Debe solicitarse la inconstitucionalidad de esos artículos tan sectarios y que ponen en riesgo a la propiedad privada y produce inseguridad jurídica como nunca se ha visto.
También analizar los términos de la personería jurídica obtenida por 27 familias y grupos familiares que son mencionados en ese artículo puesto que deben ser de nuestros puesteros y ver si estas familias han tenido o tienen la propiedad de sus terrenos por medio de la Ley de Arraigo.
La defensa del territorio mendocino debe considerarse una “cuestión de estado” y en ella se deben alinear todas las fuerzas políticas provinciales, tanto oficialismo como oposición y en este sentido, el principal partido opositor debe expresarse claramente, si está en la defensa del interés mendocino o en línea con el gobierno nacional que produce esta conflictiva situación autoritaria e inconsulta.
Fuente Diario San Rafael
