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Laura Andino quedó a cargo de la Coordinación del Plan Estratégico del Litio. No tiene ninguna experiencia previa en la materia. Y afronta un proceso penal, que incluye embargo millonario y prohibición de salir del país.
El tuit de Miguel Sedoff.
El Código de Ética de YPF prohíbe expresamente que sus directivos tengan procesos penales con la Justicia. Laura Andino podría ser echada.
¿Se puede lavar un millón de dólares, vivir con lujo asiático con sueldo del Estado, afrontar un proceso durísimo proceso penal y al mismo tiempo ser funcionario de YPF?
La respuesta es monosilábica, en la Argentina del “todo vale”. El Gobierno, y gran parte del país, abriga sus expectativas de crecimiento en recursos naturales, básicamente la explotación de Vaca Muerta, y el nuevo diamante bruto que la naturaleza le regaló a esta geografía, el litio.
Tan inverosímil como real, el manejo de este recurso estratégico y trascendente para el país quedó en manos de una abogada. Sí, abogada, sin experiencia probada en la materia, de ningún tipo, y con una voluminosa causa penal en sus narices.
La doctora Laura Andino deberá afrontar un juicio oral y público por posibles negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos. El expediente ya cursó toda su etapa de instrucción en manos del fiscal federal Federico Delgado y del juez Sebastián Casanello.
Andino, que lo más cerca que estuvo de este metal fue su la batería de su IPhone, es la actual Coordinadora del Plan Estratégico del Litio de YPF Tecnología (Y-TEC). Curioso, jamás trabajó en el área de la minería, ni nada que se le parezca.
Esta abogada, de serpenteante carrera, gestó junto a su ex esposo Gustavo Gentilli, un verdadero imperio económico en base a maniobras cuestionadas por la justicia, cuando éste era titular del Occovi (Órgano de Contralor de Concesiones Viales) y ella interventora de una empresa que su marido debería controlar, Ausol.
De acuerdo al expediente judicial, Gentilli y Andino generaron Consular Consultores Argentinos Asociados, una compañía manejada a través de testaferros, que le fue impuesta a los concesionarios viales.
Estos “debían” contratar a Consular y “compartir” el 1,5 por ciento de sus ingresos. Al menos así sucedió con dos consorcios que se quedaron al menos dos corredores viales. En otras palabras, para manejar una autopista, había que contratar a esta empresa fantasma que controlaba el titular del Occovi, y su esposa, Andino, en YPF. Así surge de la causa penal, que ya fue elevada a juicio oral y confirmada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah de la Cámara Federal.
Es obvio, el matrimonio se enriqueció sin justa causa. Al menos, eso cae casi de maduro del nivel de vida y del proceso penal en ciernes. Gentilli y Andino viajaban en forma frecuente a Europa y Estados Unidos en primera; tenían “personal trainers”, tres niñeras y educación privada para sus once hijos, dos choferes y clases de golf para ellos, y regalos suntuarios: de lapiceras Mont Blanc de oro macizo con rubíes y diamantes para su hija cuando cumplió 3 años, escribió Hugo Alconada Mon en La Nación, el periodista que más investigó el caso, casi a la par de la Justicia.
Se sospecha que el matrimonio lavó, al menos, un millón de dólares. Se cuentan mansiones en Argentina (un campo en Chaco, por ejemplo) y Uruguay, y artículos suntuarios de todo tipo.
Notorio: hasta ahora, Andino no hizo nada vinculado con el litio, ni con nada ni parecido a la minería. Pero en este reciclaje constante de funcionarios que sirvieron durante años al kirchnerismo, recayó en un puesto clave de YPF.
La abogada, que deberá afrontar el juicio oral y público probablemente el año próximo, se cree que aterrizó en ese lugar de la mano de intrincados acuerdos con universidades, al solo efecto de beneficiarse con contratos de extensión con esas casas de altos estudios.
El Código de Ética de YPF prohíbe expresamente que sus funcionarios tengan causas pendientes con la Justicia. Es lógico, es la principal empresa del país, y que cotiza en Bolsa. Pese a ello, la abogada del litio se atornilló a ese cargo, mientras suplica no terminar presa.
Es, en otras palabras, la prueba más cabal de que en Argentina todo vale.
Fuente Argentina ahora
