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Por Lucía Salinas
El titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, actualizó el trabajo que en 2021 había alertado sobre el libre desempeño de los narcos detenidos. Más datos y la necesidad de medidas urgentes.
El crimen organizado continúa creciendo desde las cárceles federales. El Servicio Penitenciario no adoptó las medidas requeridas hace más de un año por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal general Diego Iglesias. La fiscalía especializada acaba de publicar un nuevo informe, según el cual se necesita tener un área de inteligencia criminal dentro de los penitenciarios. Tampoco se debe descartar la posible connivencia en los delitos del personal que se desempeña en las cárceles.
La ampliación del informe de 2021 consta de 18 páginas, una veintena de caso analizados y una problemática reiterada. El documento, al que accedió Clarín, se presentó recientemente ante el Procurador General Eduardo Casal, y expone una problemática que califican de grave por su constante crecimiento: “el despliegue de maniobras narcocriminales planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”.
Después de analizar una gran cantidad de casos que llevaron a la cárcel a diferentes líderes narcos, la PROCUNAR identificó aquellos factores que facilitan o “promueven este tipo de maniobras”. Durante más de un año, en el marco de una mesa de trabajo que constituyó la Procuración General se efectuaron una serie de recomendaciones al Servicio Penitenciario Federal para “prevenir la comisión de nuevos delitos desde el ámbito carcelario”.
Estos planteos se formularon bajo una premisa central: las personas que se encontraban privadas de su libertad y ocuparon eslabones jerárquicos en organizaciones o grupos narcocriminales complejos, “con gran influencia territorial, continuaron comunicándose con individuos extra muros, quienes ejecutaron bajo sus directivas, diferentes maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y otros delitos vinculados”.
Hay dos grandes ítems en base a los cuales se nuclean todas las sugerencias sobre las cuales el SPF no concretó modificaciones. Por un lado, la Procuración solicitó que los líderes narcos presos “no tengan contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado”.
En segundo término se requirió un control estricto de las comunicaciones telefónicas que pudiera mantener la persona detenida “a través del teléfono de línea fija que resulta de acceso público para la población penitenciaria y de otros medios de comunicación habilitados”.
A la hora de analizar doce casos puntuales y nueve expedientes iniciados en los últimos meses a raíz del secuestro de teléfonos celulares, la PROCUNAR concluyó que todos estos antecedentes “demuestran una permanencia en cuanto al manejo de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes por parte de personas que se encuentran privadas de la libertad por la comisión, extra muros, de delitos de la misma naturaleza”.
La conclusión que no difiere de lo ya planteado en el informe del 2021, expone la gravedad de la situación: la problemática sólo se profundizó.
Así lo sostiene el documento al que accedió Clarín: “Pese a las circunstancias analizadas en el informe elaborado en el año 2021 y las recomendaciones de la Mesa de Trabajo elevadas al Ministerio de Justicia, existen indicadores que demuestran que la grave situación se mantiene y que no resulta suficiente la adopción de medidas individuales que deben ser litigadas en cada caso concreto”.
Con los nuevos casos abiertos por tenencia de celulares, por amenazas pronunciadas hacia funcionarios judiciales como también, las órdenes distribuidas para la continuidad del delito, el fiscal Diego Iglesias señaló que todo da cuenta de “la violencia y complejidad de la situación” y que esto “abonan a la necesidad de implementar las diligencias” planteadas “en virtud de la gravedad de los hechos por los cuales fueron condenados tanto por la justicia federal como en el fuero provincial”.
Sin embargo, expresa el informe actual, la adopción de todas las medidas solicitadas -que van desde mayores controles en las requisas, colocación de inhibidores de celulares, la prohibición de contar con dispositivos electrónicos, entre otros requerimientos- “ha tenido respuesta disímil por parte de los magistrados, quienes son los que deben ordenarlas en cada caso concreto. Más aún, cuando una persona se encuentra detenida a disposición de varios procesos y jueces”.
En este punto, la PROCUNAR analizó las respuestas y acciones planteadas por los Tribunales Orales que tienen a su cargo los presos que se encuentran en pleno proceso de juicio o aquellos que ya han sido condenados. También incluye a los jueces de ejecución penal como a quienes en etapa de instrucción tiene a disposición a diferentes líderes narcos.
Pese a esta primera observación, la Procuraduría especializada en narcocriminalidad hace una distinción: por más que el Ministerio Público Fiscal solicite medidas de control y los magistrados resuelvan a favor de las mismas, “indefectiblemente la ejecución y control” del cumplimiento de esas órdenes es responsabilidad exclusiva de “las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”.
“Posible connivencia de los agentes federales”
Al momento de fundamentar este aspecto, se remarcó que son varios los casos en los que “no se puede dejar de suponer la posible connivencia de los agentes de dicho servicio, para permitir y facilitar el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios”. Hace más de un año y medio que se había pedido que este punto sea investigado. Tampoco obtuvieron respuesta del SPF.
La Procuraduría entiende -continúa el informe- que la problemática en cuestión, “que infringe principalmente los reglamentos de convivencia penitenciaria, debe ser resuelta fortaleciendo los mecanismos de control destinados a prevenir que los internos se provean de aparatos celulares y fomentando medidas que posibiliten la comunicación de la población carcelaria con sus familiares a través de los medios de comunicación que se encuentran habilitados a tal fin”.
Se señaló que, tal como ya había sido pedido por la Mesa de Trabajo desde 2021, prevalece la “urgencia y necesidad de adoptar criterios de perfilamiento de detenidos y que los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal cuenten con bloqueadores e inhibidores de frecuencia”.
Esa Ley como contó Clarín, data de 2017 y nunca se puso en marcha siendo que era obligación para el SPF hacer cumplir la prohibición de la tenencia de teléfonos celulares como también la colocación de inhibidores en los pabellones.
En definitiva, la eficacia en la adopción de medidas “requiere de una determinación sólida de todos los organismos involucrados en la cuestión para prevenir y sancionar la problemática de la narcocriminalidad ejercida desde las cárceles”.
Para esto, entiende la PROCUNAR, se necesita dentro del Servicio Penitenciario el funcionamiento de alguna estructura interna “que tenga capacidad de desarrollar inteligencia criminal y, eventualmente, actuar como auxiliar de la justicia en la investigación de casos como los que aquí se analizaron”.
Hay que recordar que el gobierno de Alberto Fernández desmanteló el área de inteligencia criminal dentro de las cárceles, al denunciar que la misma fue utilizada por la gestión macrista para tareas de presunto espionaje ilegal en los pabellones donde se encontraban los denominados presos K.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Py ya se pronunció al respecto y negó la existencia de actividad de inteligencia ilegal. Las cárceles continúan sin un área de inteligencia interna, algo que también reclamaron algunos jueces federales en diversos expedientes y ratificó hace pocos días la Asociación de Magistrados.
Hay un pedido detallado en el informe por parte del fiscal Iglesias, y es que se le dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez, “considerando que las personas vinculadas a la narcocriminalidad y al delito complejo desde establecimientos penitenciarios operan bajo la órbita de responsabilidad de funcionarios públicos dependientes de la Administración Nacional”.
Este punto refiere a las posibles investigaciones penales que podrían enfocarse en algún grado de complicidad con los internos responsables del delito organizado, como para el requerimiento y seguimiento de actuaciones administrativas vinculadas con esos internos, la PIA es un actor de considerable relevancia”.
Fuente Clarin
